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En Río Negro empezaron a multar por "pisar la línea blanca" de peatones y se desató una polémica política
Un nuevo sistema de control del tránsito en Río Negro desató la disputa política entre el intendente blanco Omar Lafluf y el Frente Amplio en ese departamento. La intendencia instaló en total 28 puntos de control con radares en Fray Bentos y Young mediante una licitación abreviada con ribetes que la oposición tiene en la mira, al tiempo que la polémica abrió otros flancos que involucran la falta de certificación ante el LATU y un cuestionado mecanismo de multas por "pisar la línea blanca".
Días atrás Lafluf debió salir a pedir disculpas luego de que el LATU informara que los radares de la empresa responsable –Teslights International SA– no estaban verificados ante Metrología Legal, si bien la compañía sí estaba registrada como importadora. Es que el jerarca, durante una comparecencia ante la Junta Departamental el 7 de marzo, había centrado buena parte de su defensa del sistema bajo la premisa de que estaba "todo homologado, fiscalizado y controlado por el LATU".
La intendencia debió poner en pausa la fiscalización y el jefe comunal explicó a los medios locales que no se derivarían más multas al Sucive hasta no verificar todos los dispositivos. Sin embargo, la empresa confirmó este lunes a las autoridades que el LATU ya había dado su visto bueno, informó Pablo Flores, secretario general de la intendencia, a El Observador.
Según detalló el jerarca, la empresa llegó a arrendar un aeródromo e invertir hasta US$ 10 mil en toda la operativa para que la institución certificara los dispositivos con mayor rapidez. La administración de Lafluf apagó así ese foco que lo tuvo en vilo durante las últimas dos semanas, pero los cuestionamientos persisten.
La línea blanca
“Esta es una herramienta que se puede compartir o no, pero el objetivo es lograr un control del tránsito lo mejor que podamos”, justificó Lafluf cuando fue a la comisión de legislación de la Junta Departamental el pasado 7 de marzo. Los dispositivos empezaron a funcionar a mediados de noviembre y controlan velocidad, cruces con luz roja e invasión de la senda peatonal.
El intendente aseguró a los ediles que es una herramienta que lo ayudará en algo por lo que es criticado "fuertemente" en sus pagos. "He escuchado a muchos vecinos decirme: 'Ah, pará, intendente, ¡ayer era un desastre! Andaban a cualquier velocidad, por cualquier lado, no respetaban la luz roja ni nada y no vi un solo inspector'", dijo Lafluf.
Buena parte de los cruces de ese día se debieron a la política de multar por invadir la senda peatonal –un concepto previsto en la normativa departamental– pero que coloquialmente se conoce en Río Negro como "pisar la línea blanca". "El marco jurídico que tenemos, que es la Ordenanza de Tránsito, no refleja lo que se está cobrando", afirmó la edila comunista Karina Sánchez en sala.
Lafluf citó ese día a la comisión asesora de tránsito del Congreso de Intendentes –integrada por César García (consejero colorado y responsable del Sucive), Juan Pígola (director de Tránsito de Maldonado) y Marcelo Metediera (su homónimo en Canelones)– para brindar su opinión. El primero, que es de los dirigentes más especializados en la materia, alegó que "en términos generales" se aplica la normativa "sin escapar un ápice" de la ley.
El dilema entre la oposición y la intendencia radica en que la ordenanza departamental habla de invasión de la senda peatonal, pero nunca especifica el alcance de ello. Tanto en el Frente Amplio como en el oficialismo reconocen la molestia de los vecinos que esgrimen la posibilidad de iniciar una demanda al respecto. Flores, el secretario general, explicó que los radares y cámaras llevan aplicando en el entorno de mil multas por "pisar la línea blanca"; la sanción prevista es de 1,5 unidades reajustables, equivalente a $2.368 a valor actual.
Tanto el consejero colorado del Congreso de Intendentes como el director de Tránsito de Maldonado defendieron ante los ediles la interpretación realizada por Río Negro para aplicar esa multa: "La línea blanca es el límite del tránsito y el comienzo del cruce peatonal (...) es como el alambrado entre el auto y el peatón, y nadie está autorizado a cruzar el alambrado del campo de nadie", ejemplificó Pígola.
Los ediles del Frente Amplio reclaman en cambio que no hay una demostración jurídica para multar por un concepto que no está explicitado en la normativa, al tiempo que pidieron a la comuna que devuelva los montos por los que ha sancionado mediante el nuevo sistema de foto multas.
Licitación polémica
La comuna abrió el 22 de abril del año pasado el proceso de compra y tres semanas después, el 17 de mayo, firmó la adjudicación a Teslights International SA, una compañía que en Uruguay solo ha sido beneficiaria en ocho compras públicas en el rubro de la iluminación LED, pero nunca en el tránsito.
Fuentes al tanto de ese proceso indicaron a El Observador que la compañía hizo de nexo en Río Negro con el director general de la comuna, Marcelo Linale, a quien acercó tiempo antes de la licitación una iniciativa privada para fiscalización del tránsito. El sistema contentó a la intendencia, que abrió la licitación abreviada, donde la única oferta recibida fue la de Teslights, por más que otra empresa llegó a comprar los pliegos.
"La empresa tiene sede en Uruguay, pero también tiene su casa matriz, su casa madre, en Hong Kong. Está integrada por uruguayos. Tiene una fábrica en China y sucursales en Argentina, México, Estados Unidos y Uruguay", informó Lafluf ante los ediles.
Uno de los aspectos más polémicos de la licitación fue que al privado pasaría a corresponderle el 50% del neto más IVA de lo recaudado por las multas. Lafluf dijo entonces a los ediles que esa negociación "está en trámite" dado que cuando se cerró el acuerdo se tomó en cuenta un nivel mayor de multas producto de los antecedentes registrados que, a la hora de colocar las cámaras, comienza a descender a medida que las sanciones empiezan a llover.
"He acordado rebajar ese porcentaje al 35% y cuando salga la unificación de las multas (acordada por el Congreso de Intendentes para todo el país) al 30%", aseguró ese día Lafluf. El número dos de la comuna, Pablo Flores, indicó a El Observador que en los primeros dos meses de funcionamiento del sistema, las multas totalizaron en el entorno de medio millón de pesos.
Desde el Frente Amplio apuntan contra el hecho de que ninguna otra intendencia con cámaras y radares concede un canon tan alto al privado. Las comunas de Montevideo, Canelones, Maldonado y Lavalleja arriendan o adquirieron su propio equipamiento, mientras que en Paysandú se otorga por debajo del 5% de lo recaudado por multas.
"Si uno hace un análisis económico, no va a encontrar un resultado más favorable que el de Río Negro, porque a la intendencia le sale cero pesos", declaró al respecto el secretario general. Fuentes al tanto de las primeras gestiones con Teslights afirmaron que el canon del 50% respondió al hecho de que la compañía se hizo cargo de todos los costos.
