Los tres puntos con los que el gobierno criticó la acción de amparo de la Sociedad de Tabacología

Tanto desde la sociedad como del gobierno, presentaron testigos y fundamentaron sus posiciones. El Ejecutivo estuvo representado por el abogado del Ministerio de Industria, Carlos Roselló, que aludió a tres puntos por los que el gobierno considera que el recurso no es de orden.

El primer punto del Ejecutivo aludió a la falta de competencia. Según el gobierno, este tema no debería tratarse en un juzgado de familia porque creen que no se vulneraron los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes.

El segundo, refiere a la legitimación activa. La sociedad alegaba que actuaban en nombre de los intereses difusos. Se trata de una forma de arrogarse la representatividad de un derecho colectivo afectado por una norma. Según el gobierno, desde la Sociedad no tienen el derecho de representar a los niños. Consideran que para proponer un amparo se necesita que tiene que haber un afectado directo y aseguran que desde la Sociedad de Tabacología no pueden arrogarse los intereses de los niños del Uruguay.

Finalmente, la defensa del gobierno señaló la "improponibilidad de la demanda". Esto significa que procesalmente no es la vía que correspondía para realizar esta acción de amparo.

El sociólogo Diego Rodríguez –que fue testigo de la SUT en la audiencia– había afirmado que el nuevo decreto "viola el Código de la Niñez y de la Adolescencia; el Estado debe protegerlos del consumo al tabaco”. A su entender, el decreto aprobado vulnera esa norma “porque estimula” a los niños y adolescente a fumar; “es una política regresiva que estimula el consumo”.

Además de esta medida, el organismo planteó ante Presidencia de la República la revocación del decreto. 

La sentencia se dictará el próximo miércoles 19 de octubre por la jueza de Familia de segundo turno, María Elena Emmenegger,