Cientos celebraron la decisión de la Suprema Corte de postergar el viaje de María y su hija.

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Magistrados están "preocupados" por presiones sobre la Justicia

Sostienen que organizaciones trataron de forzar una decisión judicial
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06 de octubre de 2017 a las 05:00
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de dar ingreso a la solicitud de recurso para impedir que María y su hija de 5 años sean obligadas a regresar a España por una orden judicial internacional, fue celebrada por las cientos de personas que ese mismo martes tenían previsto reunirse frente a la sede del máximo órgano judicial. Fue una vuelta de tuerca inesperada, ya que la concentración, organizada por la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y Mujeres de Negro, pretendía presionar a la Justicia con el objetivo de que reviera la decisión que había sido ratificada por un tribunal de segunda instancia, lo que en definitiva ya se había logrado.

Desde que se conoció el fallo de la jueza de Familia Rossana Pose de ordenar el viaje de la menor a España donde reside su padre, y presunto abusador según denuncia la madre –aunque las pericias psicológicas no pudieron confirmarlo–, varias organizaciones se han pronunciado al respecto. Incluso organismos estatales como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) advirtieron que la madre y la niña "no deberían ser enviadas" a donde se encuentra el agresor.

Este miércoles, la Asociación de Magistrados del Uruguay emitió un comunicado en el que exige que se respeten los principios de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial. "Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura; los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo", señala el texto.

El presidente de AMU, Alberto Reyes, dijo a El Observador que a la asociación le "preocupa" que se instale una lógica a través de la cual grupos de presión logran "resultados judiciales a través de convocar a una movilización". "Estamos entrando en una dinámica que no le hace bien a nadie, en la que la premisa es que el sistema judicial está mal y se lo puede cambiar como sea". Para Reyes "cada vez es más frecuente" que la Justicia se vea presionada por agentes externos, y puso como ejemplo el cuestionamiento que el Sindicato Médico del Uruguay hizo del procesamiento con prisión de una doctora en Bella Unión en agosto de este año por un caso de presunta mala praxis.

"Las formas de resolver las tensiones es por medio del sistema y no por fuera. Si seguimos así, no vamos a terminar bien", concluyó.

La Suprema Corte de Justicia resolvió analizar el recurso presentado por la madre de la niña, debido a una "cierta verosimilitud" en el argumento de la defensa de la mujer que denuncia una "eventual colusión de intereses" entre el abogado de la menor, Walter Pritsch, y los representantes legales del padre.
Reyes dijo que no le correspondía hacer un juicio de valor sobre esa decisión, y si tenía que ver con la presión que recibió el máximo órgano de Justicia, pero dijo que a su juicio "se generó una movida de la cual se tomó nota".

Por su parte, la Asociación de Defensores Públicos emitió un comunicado en el que defiende el accionar del abogado acusado de colusión. El texto señala que "los Defensores Públicos gozan de absoluta independencia técnica en el ejercicio de su función" y "rechaza cualquier injerencia de grupos sociales que coliden con la independencia técnica, generando desinformación sobre el tema mediante la intervención constante a través de los medios de comunicación".

El video de la acusación

Por su parte, este jueves la organización Cotidiano Mujer emitió un comunicado en el que le responde a la Asociación de Defensores Públicos diciendo que no se ha cuestionado la actualización de los otros profesionales, sino que se refieren en particular al abogado de la menor.

Allí se señala que Pristch le facilitó a los representantes del padre el video sin editar de una entrevista que le concedió a la periodista Georgina Mayo, de Televisión Nacional de Uruguay, en el que se refiere al caso en cuestión.

Pirstch admitió a El Observador que solicitó ese video al canal con el objetivo de pasárselo a sus colegas en España, pero descartó que ello signifique haber colaborado con la defensa del padre.
El abogado explicó que esa entrevista se publicó después de que existiera un fallo de segunda instancia que confirmó el traslado de la menor, y "no aporta ningún elemento secreto o nuevo al caso", por lo que cree que es "absurdo" que se considere que video haya servido a los intereses del padre de la niña.

Los argumentos

Para la Justicia uruguaya "la niña ha sido retenida ilícitamente" en Uruguay, pues cuando la mujer abandonó España, junto a la menor, lo hizo con el permiso del padre por un tiempo limitado. Sin embargo, según aduce la mujer, cuando surgieron indicios de que la niña era abusada por su padre, decidió no volver a España. Sin embargo, el abuso no pudo ser probado por la pericia psicológica. Asimismo se entiende que el fondo del asunto –la denuncia por abuso– debe dirimirse en el país de residencia de la niña, tal cual establecen convenciones. internacionales.

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