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Maldonado: cruce político por cámaras de seguridad

Intendencia presentó dos informes para que artículo de ley de acceso a la información se declare inconstitucional

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01 de diciembre de 2017 a las 05:00

En medio de desencuentros por la compra de cámaras de seguridad en Maldonado, ediles del Frente Amplio acusan al gobierno de Enrique Antía de secretismo, manipulación y mentiras; en tanto la intendencia pide a la Justicia que declare como inconstitucional un artículo de la ley de acceso a la información.

En una sesión que duró 10 horas, los ediles de la oposición de Maldonado interpelaron el pasado miércoles a Antía y a su equipo de gobierno por la instalación del sistema de videovigilancia en el departamento, que costó a la intendencia más de US$ 20 millones.

El Frente Amplio cuestionaba que la compra se haya realizado de manera directa y sin que se evaluaran diferentes ofertas. Tras fracasar en sus pedidos de acceso a la información, definió interpelar al intendente.

Según dijo a El Observador el edil por el Frente Amplio, Joaquín Garlo, el primer pedido de información sobre la contratación de la empresa Elby Security Sistems, se realizó en setiembre de 2016. Sin embargo, la intendencia negó la información asegurando que se había definido su calidad de secreta. Así, el edil definió recurrir a la Justicia. El primer fallo fue favorable a la comuna, y alegaba que se trataba de información reservada.

Tras recurrir la sentencia, Garlo esperaba contar el día de la interpelación con la definición del Tribunal de Apelaciones pero, en lo que denuncia fue una "maniobra de dilación", la intendencia presentó dos informes de abogados que alegaban la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley de acceso a la información pública, que establece que "es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones".

Los informes de la comuna aseguran que al tratarse de un edil, Garlo cuenta con otros instrumentos para acceder a los documentos, por lo que ese artículo es inconstitucional. Consultado por El Observador, Antía dijo sin embargo no estar al tanto del proceso judicial.

Durante la interpelación, la intendencia hizo públicos en su página web los documentos de contratación de videovigilancia, lo que generó malestar en los ediles.

Antía aseguró que no tiene "nada que esconder", que la contratación directa fue a sugerencia del Ministerio del Interior y que "no iba a esperar" los procesos de una licitación para que fuera otro gobierno el que resolviera los problemas de seguridad del departamento. La empresa, con la que afirmó se reunieron todos los partidos durante la campaña, fue sugerida por el Ministerio de Defensa israelí, dijo Antía, y el precio "era razonable".

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