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Martínez tiene en sus manos una habilitación clave para UPM y lo presionan vecinos y gobierno

La Intendencia de Montevideo estudia “lo más rápido posible” el informe de impacto territorial del Ministerio de Transporte

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22 de febrero de 2019 a las 05:03

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se apronta para dejar la comuna y lanzarse de lleno a la campaña electoral que lo tiene como el precandidato favorito del Frente Amplio. Pero antes de irse, Martínez debe resolver sobre la habilitación al Ferrocarril Central, un tema que es de “máxima preocupación” para el gobierno ya que es fundamental para la concreción de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM.

Mientras el lunes el presidente Tabaré Vázquez encabezaba el Consejo de Ministros en Pueblo Centenario y defendía la instalación de la pastera, el director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, Ramón Méndez, recibía en su despacho el informe de impacto territorial elaborado por los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Méndez no había terminado de hojear las “miles de páginas” del estudio cuando Vázquez marcó el inicio de las obras. A 300 kilómetros, el presidente dijo que comenzarían en abril ya que en marzo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaría el cierre financiero de la operación.

Con su anuncio, el presidente le puso un plazo a la comuna encabezada por Martínez, ya que la ley de ordenamiento territorial establece que toda obra del gobierno nacional debe ser habilitada por la intendencia local. Fuentes de la intendencia dijeron a El Observador que los técnicos están trabajando “lo más rápido posible”, señalaron que el estudio se hará con el “rigor” de siempre y que están planificando “reuniones” de intercambio de información con técnicos del MTOP para los próximos días.

Méndez dijo el martes en una entrevista con el programa Así nos va de Radio Carve que el proyecto es “una extraordinaria oportunidad de saltar del siglo XIX al siglo XXI” y apuntó que trabajan para “garantizar que tenga un impacto dentro de lo admisible”. Consultado por El Observador, el director de Planificación se limitó a decir que los técnicos estaban “analizando” el informe.

El estudio de la habilitación se produce en un momento en que ha habido rispideces entre la IMM y el MTOP, principalmente por la propuesta de Martínez de instalar un “Silicon Valley” en la estación de AFE, lo que fue rechazado por el ministro Víctor Rossi, quien marcó posición al decir que él tenía “los pies en la tierra”.

Por otro lado, varios grupos de vecinos se han organizado para pedirle a Martínez que no otorgue la habilitación. El colectivo “Por el costado de la vía” le entregó este jueves una carta en la que le solicitaron que "actúe de acuerdo a sus responsabilidades y competencias", garantizando el principio de accesibilidad universal y el principio precautorio. Este último, "establece la prevención de riesgos ante impactos negativos y accidentes, la integridad edilicia y la sanidad ambiental integral como derecho fundamental de la población de Montevideo", plantearon.

En caso que la Intendencia de Montevideo rechace la habilitación, el MTOP puede jugar su última carta y recorrer otro camino, ya que el artículo 77 de la ley de ordenamiento territorial señala que el “Comité Nacional de Ordenamiento Territorial podrá decidir sobre la efectiva materialización del proyecto, previa declaración de interés nacional y urgente ejecución”.
“En este caso, el acuerdo del Comité determinará la suspensión parcial de aquellas determinaciones del instrumento que se opongan a la ejecución y generará el deber de iniciar el procedimiento para modificar dicho instrumento a fin de incorporar las previsiones oportunas que determinen la incidencia del proyecto, sin perjuicio de lo establecido al efecto sobre solución de divergencias”, agrega.

El Ferrocarril Central conectará a la ciudad de Paso de los Toros, en Tacuarembó, con el puerto de Montevideo, y permitirá el tráfico de convoyes de carga de celulosa, ácido sulfúrico, soda cáustica y fuel oil.

El colectivo de vecinos montevideanos también exhortó a que el intendente se expida "en forma coherente con sus afirmaciones que alertan sobre lo irreparable de las lesiones del proyecto, manifestando ante el gobierno nacional su desaprobación (...) y comunicar el proyecto alternativo presentado". A comienzos de 2017, Martínez y su par de Canelones, Yamandú Orsi, propusieron una ruta que recorra zonas rurales y suburbanas para evitar los perjuicios a la movilidad de la población, la contaminación sonora y la distorsión generada por corte de calles en ambos departamentos.

El proyecto fue adjudicado al consorcio Vía Central integrado por las empresas uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE. Este jueves, el director de Sacyr, Víctor de Ávila, dijo a El País que no creía que las obras comenzaran “este año” porque primero había que hacer la “ingeniería de detalle”. Sus declaraciones sorprendieron a los socios. El vicepresidente de Saceem, Alejandro Ruibal, dijo a El Observador que no conocía al empresario y que las obras comenzarían en “semanas”. Ruibal aseguró que el lunes presentará ante el Ministerio de Economía y Finanzas el plan de financiamiento, que se viene negociando “hace meses” y que esta semana hubo una reunión con el gobierno de la que participaron los consejeros delegados del consorcio, incluida Sacyr, en la que se repasó el cronograma para el comienzo de la obra. “Estamos a la espera que se libere la autorización de la Dinama para comenzar con el amojonamiento y la cartografía en la vía. Y luego de la adjudicación definitiva, vamos a comenzar de inmediato con las obras”, sentenció.

La habilitación ambiental de la Dinama está trancada debido a un conflicto de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Los trabajadores se reunieron en asamblea este miércoles, rechazaron la propuesta de las autoridades y enviaron una contrapropuesta al Mvotma y a la Dinatra que debe ser contestado antes del martes. La presidenta de Afumvotma, Rossana Berrini, dijo a El Observador que las "medidas siguen y en estos momentos hay una solicitud de la Dirección General de Secretaría hacia los directores de cada unidad ejecutora de precisar quiénes se sumaron al conflicto", lo cual fue "totalmente rechazado" por el gremio.

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