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Más de 500 policías retirados se anotaron para volver a la actividad
A comienzos de setiembre el gobierno reglamentó el artículo 167 de la vigente ley de Presupuesto habilitando al Ministerio del Interior a poner en práctica la contratación de hasta 1.000 policías retirados para cumplir funciones ejecutivas. En la primera convocatoria, hubo más de 500 anotados cuando el objetivo era llenar 180 cupos, porque es para lo que se tiene crédito presupuestal.
Los policías retirados de hasta 65 años podían anotarse por la web del Ministerio del Interior o en la Jefatura de Policía de cada departamento desde el 17 de enero hasta el 31 de ese mes para trabajar 30 horas a la semana. Hasta el sábado 29 eran más de 500 los registrados, dijeron fuentes de la cartera a El Observador.
Según el decreto correspondiente, estos funcionarios podrán desempeñarse en comisarías, subcomisarías, seccionales policiales, destacamentos, garitas o kioscos policiales en todas las jefaturas departamentales. Deberán cumplir cometidos de “observación, prevención, disuasión y represión y así evitar la comisión de delitos o faltas”.
Los ingresos se definirán a través de un concurso de oposición y méritos por el que se establecerá un orden de prelación. Los seleccionados rendirán pruebas físicas, médicas y psicológicas y también deberán realizar cursos de "actualización" que ofrecerá la Dirección Nacional de la Educación Policial.
Las exigencias eran haberse retirado antes del 1° de enero de 2021, que pertenecieran al subescalafón ejecutivo y tuvieran menos de 65 años al 31 de enero del 2022. También presentar el Certificado de Antecedentes Judiciales, ficha médica de aptitud física y un estudio electrocardiográfico.
No podrán haber sido dados de baja o declarados cesantes por una sanción disciplinaría o por ineptitud física o mental, ni tampoco sometido a un sumario administrativo con sanción final por causa grave. Tampoco haber sido condenados en causa penal ni estar sometidos a proceso al momento de su contratación.
Los funcionarios seleccionados reingresarán a la fuerza con el mismo cargo con el que se retiraron. El contrato es de cuatro años, con opción de renovación por dos años más.
Una vez contratados, quedarán sujetos a todos los derechos y obligaciones de un policía en actividad, entre ellos el uso de uniforme, salvo la posibilidad de realizar funciones de vigilancia especial bajo el “servicio 222”. Deberán cumplir cometidos de “observación, prevención, disuasión y represión y así evitar la comisión de delitos o faltas”. También tendrán funciones de “relacionamiento con la comunidad”, ya sea con vecinos, comisiones barriales, organizaciones sociales o centros de enseñanza, y así “fortalecer el entendimiento” con la policía.
Podrán ganar, como agentes, hasta el 60% del salario de un agente en actividad, y seguirán percibiendo sus haberes como retirados.
Cruces entre el gobierno y los gremios policiales
La utilización de policías retirados para funciones ejecutivas había sido justificada por el entonces ministro Jorge Larrañaga ante el Parlamento, cuando fue discutida la ley de Presupuesto.
El jerarca había cuestionado la decisión de sus antecesores de apelar a becarios para cumplir funciones en las seccionales. Larrañaga también había argumentado que el ministerio tenía al 15% de la fuerza policial bajo certificación o cobrando un subsidio por incapacidad.
El ministro Luis Alberto Heber estimó que sería necesario cubrir aproximadamente 1000 vacantes ejecutivas y encomendarlos a patrullar en el área metropolitana. Para completar más allá de los 180 cargos, habrá que esperar a la próxima rendición de cuentas, a mediados de 2022, cuando se generará la instancia para gastos.
La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) emitió un comunicado cuando se publicó el decreto que expresaba: “La actual administración desconoce la interna policial pretendiendo con esto querer solucionar la falta de personal”. “Es un error inexcusable tratar de reincorporar a exfuncionarios ya que cumplieron un ciclo en la institución y hoy tienen más de sesenta años de edad”, agregaron. El gremio entiende que “el Ministerio del interior se aprovecha de la necesidad de los retirados ante las magras jubilaciones” y “reinstalando nuevamente la precariedad laboral en el ámbito policial”.
En el mismo sentido se pronunció la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, quien dijo que habilitar a policías retirados a que retomen tareas en el ministerio, es “desafortunado y de poco respeto por el retirado policial”. Según informó Telemundo de canal 12, sostuvo que si bien no está en contra de la medida, en ese caso “trabajan en igualdad de condiciones que el resto, pero cobrando la mitad o menos”.
“Nos parece injusto que vuelvan a trabajar por un porcentaje extra cuando dieron su vida al instituto”, criticó la presidenta, y agregó que el planteo “no puede ser una solución a las jubilaciones bajas”. En coincidencia con Sipolma, señaló que “las jubilaciones policiales están absolutamente sumergidas”. Sipolma expuso que tras este decreto, “apuesta al ingreso de nuevas generaciones” que “se encuentran actualizadas en las nuevas tecnologías”.
