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Los uruguayos no tienen una opinión "rosada" pero demuestran amplio apoyo a medidas no privativas de la libertad.

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Mayoría de uruguayos prefiere invertir en rehabilitación antes que en cárceles, pero pocos confían en la reinserción de presos

Encuesta demostró amplio apoyo social a medidas alternativas para responsables delitos no violentos, sobre todo en casos de mujeres con hijos 

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15 de septiembre de 2022 a las 05:03

Casi seis de cada diez uruguayos prefiere invertir más en la rehabilitación de los reclusos y en su reinserción social que en destinar dinero a la construcción de más cárceles. Al mismo tiempo, solo uno de cada cuatro ven posible rehabilitar a todas o, por lo menos, a la mayoría de las personas que cometen delitos. 

Así lo señaló el estudio denominado "Justicia, cárceles y rehabilitación. Aportes sobre penas alternativas para la política pública". Se trata de un trabajo realizado por la consultora Cifra en el marco del proyecto "Tendiendo puentes", una iniciativa de cooperación promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Regional para Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La muestra, presentada este miércoles en el Parlamento y a la que accedió El Observador, indicó que el 66% de los uruguayos dice creer que se deberían utilizar más las penas alternativas a la prisión. Allí no observan grandes diferencias según el nivel educativo, pero sí hay algunos cambios según identificación ideológica. El apoyo es mayoritario en todos los grupos, pero es superior entre los votantes identificados con la izquierda (67%) que entre los de la derecha (60%). 

Entre las preguntas realizadas, se consultó sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión en delitos no violentos, como hurto y microtráfico de drogas. El 58% de los consultados dijo creer que es mejor que todos los delitos tengan pena de cárcel, en tanto el 33% señaló preferir que los delitos sin violencia sean castigados con condenas que no impliquen reclusión. La primera opción se acentúa en los votantes derechistas. Allí el 71% prefiere prisión para todos los delitos. La izquierda, en tanto, aparece dividida: el 45% opta por cárcel y el 47% por medidas alternativas. 

A su vez, a mayor grado de educación formal hay más apoyo a las medidas no privativas de libertad. El 53% de los encuestados con educación terciaria dijeron que este tipo de penas serían mejores para delitos no violentos, frente al 31% de los que cuentan con educación secundaria y del 19% que solo tiene primaria. 

De todas formas el estudio demostró que hay situaciones donde la mayoría de la población optaría por aplicar penas alternativas a la prisión. El 79% de los consultados dijo preferirlas en los casos de madres con hijos a cargo que cometen un delito leve. Solo el 11% las enviaría a prisión. Curiosamente, afirmó Cifra, el apoyo en estos casos es similar entre hombres (80%) y mujeres (78%).

Por otra parte, casi tres de cada cuatro uruguayos se inclina por aplicar penas alternativas a los responsables por delitos no violentos vinculados al consumo problemático de drogas. Así se expresaron el 73% de los consultados. El apoyo a esta fórmula es mayoritario en todos los grupos, pero es más acentuado entre los votantes de izquierda y los que cuentan con educación terciaria. 

El análisis incluyó un capítulo dedicado a la percepción que tienen los uruguayos sobre la importancia de la rehabilitación. Allí el 68% se mostró de acuerdo en que aplicar penas de cárcel muy severas sin programas de reinserción eficaces termina por aumentar la inseguridad pública. El 79% coincidió en que rehabilitar a personas que cometen delitos es tan importante como castigarlos por el delito que cometieron. El 87%, en tanto, consideró fundamental que para reducir el delito el Estado debe asumir su responsabilidad en la rehabilitación. 

Según Cifra las opiniones en todos estos casos son mayoritarias en todos los grupos estudiados en función de posicionamiento político, edad, nivel educativo y sexo. Así, mientras el 58% dijeron preferir invertir más recursos públicos en la rehabilitación que en ampliar la capacidad del sistema carcelario, el 11% se manifestó por la opción opuesta. El 27% en tanto, señalaron la necesidad de invertir en los dos aspectos por igual. 

Tampoco es que el público tenga una opinión "rosada", según la consultora, sobre los probables resultados de las políticas de rehabilitación. Solo el 22% dice creer posible rehabilitar a todas las personas que cometen delitos. El 49% opina que sería posible solo en algunos casos, en tanto que el 14% afirma que es imposible la rehabilitación. En líneas generales, este tipo de opiniones son comunes en todos los sectores estudiados. 

Frente a esta realidad el 75% coinciden en que, cuando una persona es liberada, resulta imprescindible que el Estado le brinde acompañamiento en su reinserción. Solo el 18% consideró que debe lograr reinsertarse en la sociedad por sus propios medios. 

La encuesta de Cifra incluyó 2.000 entrevistados en todo el país y se desarrolló entre el 1 y el 20 de abril. Fue realizada vía telefonía celular a partir de una muestra aleatoria que incluyó localidades de todos los tamaños. El margen de error fue de +/- 2,1 puntos para un 95% de confianza. 

La última actualización del sistema indicó que, al cierre de agosto, había en las cárceles uruguayas 14.637 personas. Son casi 800 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un crecimiento del 6% en los últimos doce meses. En paralelo, otras 15.000 están cumpliendo algún tipo de medidas alternativas a la prisión. 

 

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