La adquisición de tres escáneres para la Aduana continúa trancada luego que se resolviera la adjudicación a una empresa extranjera. El Tribunal de Cuentas decidió observar el gasto, el Ministerio de Economía quiere que se reconsidere la resolución y ahora se debe tomar una posición definitiva.
El proyecto de resolución del Tribunal de Cuentas del 31 de octubre de este año señaló que luego de varias idas y vueltas llegaron hasta el final del proceso licitatorio planteado por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) las empresas Sonda y S2 Global. La primera ofreció equipamiento de origen chino y la segunda de procedencia estadounidense. La comisión asesora en adjudicaciones de la DNA analizó las ofertas recibidas y recomendó tomar la oferta de S2 Global por 10 años y un importe total de $ 1.649.696.102, unos US$ 42 millones.
Allí, tal cual lo establece el Tocaf, se le dio vista del expediente a Sonda. La empresa formuló las consideraciones que entendió pertinentes sobre el proceso licitatorio. Marcó que los técnicos asesores de la Aduana habían señalado aspectos que no eran válidos conforme al pliego de licitación.
Por tanto, de no haberse incurrido en un error, la calificación de Sonda habría sido mayor que la de S2 Global. También está última compañía evacuó la vista conferida e indicó que varios de los documentos contenidos en la oferta de Sonda no cumplen con lo dispuesto en algunas partes del pliego de licitación. Por tanto, había diferencias sobre contenidos expuestos en el pliego de licitación
Con todos los elementos a disposición, el Tribunal de Cuentas realizó algunas consideraciones. Expresó que según el artículo 48 del Tocaf el pliego de licitación en su redacción “deberá ser consistente, evitar la duplicación de requisitos y prevenir la existencia de indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas”, según había informado Búsqueda.
Tras otras consideraciones señaló que “surge que al momento de evaluar las ofertas, la administración adopta un criterio disímil respecto al pliego y al tenor de las aclaraciones a las consultas referidas”. Añadió que hubo “carácter amplio a la hora de exigir la legalización de documentos y restrictivo en cuanto a qué puede ser considerado como antecedente para la prestación de servicios con exigencia de alto nivel de disponibilidad”.
Con todos los antecedentes y con base en sus consideraciones el Tribunal de Cuentas resolvió observar el gasto por incumplimiento del artículo 48 del Tocaf.
La observación salió con los tres votos de la oposición y la presidenta del Tribunal y contó con la disconformidad de los tres del oficialismo.
La resolución fue enviada al Ministerio de Economía (del que depende la Dirección Nacional de Aduanas). Según supo El Observador, el ministerio avala la posición adoptada en la licitación y por ese motivo entiende que el Tribunal de Cuentas debe reconsiderar la observación. Fuentes consultadas por El Observador señalaron que este tema es seguido con atención por la embajada de Estados Unidos en Uruguay.
Si el Tribunal de Cuentas no cambia su postura y mantiene la observación, el ministerio puede reiterar el gasto, pero para que la adjudicación avance debe contar con el aval de Presidencia.
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