Miles de manifestantes marchan sobre Lima desde las regiones andinas pese al toque de queda

Las protestas populares y bloqueos de ruta persisten a pesar que entró en vigencia una medida de excepción por la cual el Poder Ejecutivo habilitó las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía Nacional en las tareas de contención de las columnas, lo que significa un virtual toque de queda que suspendió los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito y reunión en las regiones de Lima, Callao, Cusco y Puno.

Bajo la consigna "Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista", miles de manifestantes también marchan pacíficamente por el centro histórico de Lima convocados por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda. "Estamos marchando por los asesinatos, por la masacre en la región de Puno de nuestros hermanos campesinos. Pedimos la renuncia de Boluarte porque es un gobierno usurpador", dijo a la agencia de noticias AFP Rosario Abanto, de 59 años.

"Hoy y mañana la marcha va a ser más fuerte. Las regiones ya están llegando a Lima. Pedimos que Boluarte se vaya de la presidencia y que cierren de una vez el Congreso, no queremos más muertos", agregó a AFP Jasmín Reinoso, una enfermera de 25 años de Ayacucho, cuando al menos de unos tres mil pobladores de la ciudad de Andahuaylas, al sureste del país, se alistaban para viajar en vehículos y camiones, según informó la cadena Radio Programas del Perú.

El gobierno de Boluarte amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden. "Esperamos que esta situación cambie radicalmente y se establezca la vía del diálogo", dijo el jefe de Gabinete Alberto Otárola al canal de televisión Latina. "Hay un grupo pequeño organizado con financiamiento del narcotráfico y minería ilegal que quiere tomar el poder a la fuerza", sostuvo.

Las autoridades insisten en que detrás de las protestas hay “sectores ultrarradicales”, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso, y como prueba han presentado la captura de la exintegrante de la organización Rocío Leandro, quien según el vocero de la Policía Nacional financiaba las protestas en Ayacucho y buscaba formar “un nuevo grupo terrorista” llamado Nueva Fracción Roja “vinculado a Perú Libre”, el partido de izquierda por el que fueron elegidos en 2021 el destituido mandatario Carlos Castillo y Boluarte.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte sucedió a Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de las garantías constitucionales. Desde entonces, las protestas dejaron hasta el momento 41 civiles y 1 policía muertos, además de los decesos de 7 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo.

En un intento por aplacar las demandas, el legislativo unicameral dominado por los partidos de derecha y en sintonía con el pedido de Boluarte adelantó para abril del año que viene los comicios generales, previstos para 2026 de haber Castillo cumplido su mandato. Los manifestantes, sin embargo, exigen la salida inmediata de Boluarte, como así también la libertad de Castillo, detenido en prisión preventiva acusado de rebelión, entre otros delitos.

Según los testimonio de los observadores locales que recoge AFP y lo informado por la Superintendencia de Transporte Terrestre, un centenar de rutas permanecen bloqueadas en diferentes tramos en 10 de las 25 regiones peruanas, entre ellas Puno, Arequipa y Cusco, regiones donde habitan las comunidades quechuas y aymaras que han sido históricamente marginadas y que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país consideró necesario integrar para superar definitivamente la crisis.

"¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Boluarte? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda y derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana", dijo el gobernador de Puno, Richard Hancco. En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco, así como 12 colegios departamentales de profesionales. Esto en un contexto en el que la legisladora opositora Susel Paredes afirmó que la renuncia de Boluarte "se está madurando" y que la dimisión el jueves pasado de Eduardo García al cargo de ministro de Trabajo "es el principio del fin".

En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo en Twitter que Washington está "profundamente preocupado por la violencia" en Perú. "Esperamos los compromisos declarados por el gobierno para solucionar los desafíos del país", añadió en español. Por su parte, el jefe de la misión de la CIDH que visitó el país, el abogado guatemalteco Stuardo Ralón, exigió investigaciones imparciales ante indicios de que elementos de las Fuerzas Armadas hicieron "uso excesivo de la fuerza" en la represión de las movilizaciones.

Poco después de la declaración de la CIDH, el gobierno anunció la renuncia del ministro del Interior, Víctor Rojas, cuestionado por el desempeño de la unidad antimotines de la policía y su reemplazo por el general retirado de la Policía Nacional Vicente Romero en una ceremonia en la que Boluarte también tomó juramento a Nancy Tolentino y Luis Alfonso Adrianzén, tras las sorpresivas renuncias de Grecia Rojas en el Ministerio de la Mujer y de García en la cartera laboral.