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24 de marzo 2023 - 8:47hs

La decisión de aprobar por decreto la Reforma de Pensiones por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, llevó a que el jueves las protestas volvieran a crecer y que los bloqueos de rutas, paro de transportes y manifestaciones callejeras trajeran como consecuencias manifestantes y policías heridos así como cientos de personas detenidas.

Fue un jueves marcado por el rechazo en las calles así como de cierre de escuelas, comercios e industrias así como de interrupciones en los servicios de trenes y cortes de rutas. En todas las grandes ciudades del país se vivió la novena jornada de huelgas y protestas tras la decisión de no esperar la aprobación de la Asamblea Nacional –Cámara baja del Parlamento- del proyecto presidencial de elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años y los años de aportes de 42 a 43.

 Si bien el Senado había dado media sanción, Macron descreyó de la posibilidad de que su propuesta pasara esa media sanción y echó mano a un decreto de excepción autorizado por la Constitución. En efecto, el pasado 16 de marzo, el presidente francés ordenó a la primera ministra Élisabeth Borne aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, lo cual le valió tener dos mociones de censura en su contra. En una de ellas quedó solo a nueve votos de ser aprobada por la Asamblea Nacional, lo cual hubiera significado la destitución de Borne y Macron hubiera debido formar nuevo gobierno.

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El gobierno quedó debilitado desde el punto de vista institucional, flanqueado tanto por la derecha de Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen, como por las distintas fuerzas de izquierda y las centrales sindicales. Fueron estas últimas las que más protagonismo tiene en las nueve jornadas contra la reforma previsional y las que acorralan al gobierno con la huelga general convocada para el próximo martes 28.

Macron tomó nota del escenario aunque su gobierno, a través del Ministerio del Interior, estimó en 1,08 millones a la cantidad de personas que salieron a las calles en todo el país, mientras que la CGT, la principal central sindical, consideró que se trató de tres veces más: unos 3,5 millones de manifestantes.

En la entrevista brindada a la televisión pública francesa, el miércoles Macron se mostró frontal y dijo que para fin de año pondrá en práctica el decreto. Muchos consideran que el gobierno está débil, no solo por las grandes manifestaciones, sino también porque las consultoras de opinión pública siguen mostrando una abrumadora mayoría de rechazo a esta iniciativa oficial, cifrada en dos tercios de los franceses.

La jornada del jueves en París tuvo una saturación de 5.000 agentes de policía para intentar contener a los cientos de miles de manifestantes en un clima donde aumenta el fuerte olor de la basura acumulada en las calles debido a la huelga de los recolectores de basura.

El sector más afectado fue el de los transportes, tanto autobuses como aviones y trenes tuvieron horarios de emergencia a lo que se sumó el corte del acceso al aeropuerto parisino de Roissy-Charles De Gaulle. El paro de los controladores aéreos llevó a la cancelación anticipada del 30 % de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y el 20 % en los de Marsella, Toulouse y Lyon.

La Dirección General de la Aviación Civil confirmó que estos paros entre los controladores podrían seguir extendiéndose durante el fin de semana y comunicó a las aerolíneas que están preparadas para reducir sus vuelos, justo en fechas cercanas a las vacaciones de Semana Santa. 

La huelga en el transporte afecta también a los trenes de alta velocidad, ya que solo circulan la mitad, y a los de media y corta distancia, que operan en cuotas aún más reducidas. En lo que refiere al metro en ciudades como París, solamente funcionan las líneas que son automáticas y que carecen de conductor. 

Los cortes de rutas, por otra parte, fueron en los accesos y salidas las refinerías, en muchos casos con piquetes de personas que quemaban neumáticos.  En Marsella, por caso, más del 65% de las estaciones de servicio no tienen combustible.  La CGT seguirá con medidas de lucha de este tipo mientras el gobierno no modifique su decisión de imponer la reforma por decreto. Pese a que Macron se muestra inflexible, la ley fue llevada a la Justicia por varios partidos políticos con el objetivo de impugnarla.

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