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Ministro de Ambiente, Adrián Peña.

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Ministro de Ambiente defiende plan para generar más agua potable: "acá no hay ningún UPM"

En los útimos años Uruguay estuvo "muy cerca" de tener problemas de agua potable dijo Adrían Peña, al explicar y defender el proyecto Neptuno 

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15 de mayo de 2022 a las 05:04

En los últimos tres veranos Montevideo y la zona metropolitana estuvo cerca de tener problemas en torno a las reservas de agua potable. La situación fue tal que las autoridades tenían "encendida la luz de amarilla" en cuanto al abastecimiento. Un aspecto que, remarcó el ministro de Ambiente Adrián Peña, es la prioridad para el gobierno. Cuando asumió la actual administración, había agua para 40 días en la planta de Aguas Corrientes, sobre el río Santa Lucía. La única fuente de agua bruta para la mayor parte de los uruguayos. Una fuente de agua que, si se toma en cuenta la calidad, se considera comprometida. 

La planta de Aguas Corrientes tiene una capacidad de producción de 580 mil metros cúbicos por día. Según cifras del ministerio, en la actualidad existe un déficit de oferta de agua bruta de 120 mil metros cúbicos diarios, que se proyecta serán 260 mil en el año 2045, en las actuales condiciones. "Los estudios de OSE dicen que necesitamos más agua", advirtió en el Parlamento el ministro Adrián Peña. 

El jerarca concurrió la semana pasada a la Comisión de Ambiente de OSE para defender lo que  definió como "el proyecto de agua potable de OSE más importante de los últimos 150 años". Se trata del proyecto Neptuno, una iniciativa privada que propone tomar agua del río de la Plata, potabilizarla en la zona de Arazatí, en San José, y bombearla al Recalque de Melilla, donde se ubica el 85% de la red metropolitana. Inyectaría casi 230 mil metros cúbicos más por día, el 35% más de lo que se eleva hoy, a una zona en la que está el 60% de la población del país. 

Para Peña, supone que el área metropolitana deje de depender de una sola fuente de agua potable, que es el río Santa Lucía, y de una zona planta, la de Aguas Corrientes. "Cualquier cosa que sucediera allí traería consecuencias importantes y graves, sobre todo en lo que tiene ver con aspectos sanitarios", advirtió. 

El proyecto, según las cifras del gobierno, dará trabajo a 400 personas en el momento pico de su construcción y generará cerca de 2.000 empleos indirectos en un período de dos años. Supone una inversión de US$ 288 millones. La idea la presentó un consorcio formado por las constructoras, Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast que tendrá una ventaja a determinar, entre 5% y 20%, en el futuro llamado a expresiones de interés público que se hará para adjudicar la obra. 

Ese es el beneficio que prevé la ley de Promoción de Inversiones, explicó el ministro. "No habrá ninguna otra ventaja", dijo. "Acá no hay ningún UPM con ventajas adicionales a las que ya establece la ley". 

La mejora sustantiva en la cantidad del agua, precisó Peña, podría significar algún ingreso más para OSE. "Ya me adelanto a decir que no va haber cambios en las tarifas", aclaró el ministro. "Se trata de cumplir nada más ni nada menos que con un derecho básico, como es el acceso al agua potable .Este proyecto es cien por ciento inversión en calidad de vida de las personas", afirmó. 

Ambiente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Presidencia se abocará a definir bajo qué tipo de contrato se hará y la estructura del financiamiento, con el objetivo de abrir la licitación a fines de junio para que las obras comiencen este año. 

Se manejan varias opciones de financiamiento y operación. La decisión final será básicamente financiera. La primera es que OSE tome directamente la deuda, que sería trasladada a las cuentas públicas, y lleve adelante la elaboración de los pliegos y el proceso licitatorio. El levantamiento de fondos se haría a través del Ministerio de Economía y Finanzas. La segunda vía es que sea el privado el que toma la deuda y que opere la planta a cambio de un canon por parte de OSE. 

Otra opción pasa por la creación de la Corporación de Aguas y Saneamiento del Uruguay (CASU), una nueva empresa que se constituiría entre OSE y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y que sería el vehículo a través del cual se generaría la inversión. Sería un mecanismo similar al que se aplica con respecto a la Corporación Vial del Uruguay. Las dudas del gobierno aquí pasan por si por esta vía se imputaría o no a deuda pública. La nueva corporación sería la que toma el endeudamiento y la que luego le cobraría al ente. 

Otra alternativa que manejan las autoridades implica que el inversor sea el que tome el financiamiento y que, a través de una suerte de "contrato de arrendamiento", OSE le pague por el uso de una infraestructura, que pasará a manos del Estado una vez concluido el contrato. En este caso, como se prevé que la banca le cobre al privado un interés mayor que si el tomador de deuda fuera Estado, la cuota anual que el ente deberá pagar será más alta. 

En la última opción el privado, además de construir y operar la planta, se hará cargo de potabilizar el agua y canalizarla hacia OSE, a través de un contrato BOT (construir, operar y transferir, por sus siglas en inglés), similar al que se aplica hoy en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Según la vía a adoptar, el costo anual para OSE será de entre US$ 26 millones y US$ 39 millones al año. 

"Desde el punto de vista ambiental, si bien va existir un impacto, estará contenido y no será muy grande", aseguró Peña. 

Las autoridades, de todas formas,  mantienen vigente la vieja idea de construir un embalse en el arroyo Casupá, un largo de reserva del Santa Lucía, que se venía conversando desde la pasada administración. De todas formas, esta alternativa no soluciona la vulnerabilidad de depender de ese río y de tener una única planta. Sí asegura tener más cantidad de agua, aunque en costo final de la obra sería casi tres veces al que fue proyectado originalmente. La primera presupuestación lo ubicaba en los US$ 100 millones, aunque cálculos actuales de OPP lo elevan a casi US$ 300 millones. 

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