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Ministro de Defensa pidió una política de Estado para revertir la "desinversión progresiva" en las FFAA
Ya sea en política exterior o en defensa nacional, para ser efectivos es necesario pensar más allá de un período de gobierno. Así por lo menos lo entiende el ministro Javier García, que fue al Parlamento a ofrecer, sobre todo al Frente Amplio, una "política de Estado" en todos los aspectos relacionados con su cartera. Incluso en materia de inversiones.
"Son inversiones costosas y se deberían hacer con mucho cuidado y con vistas a mediano y largo plazo ya que, obviamente, atraviesan más de un período de gobierno", ratificó el ministro ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Por lo tanto, su intención es que en este tipo de decisiones participe todo el sistema político.
Según explicó el ministro, se procura avanzar en recuperar las capacidades que la Armada Nacional ha perdido en lo que el ministro sostuvo fue un "proceso de desinversión progresiva".
En ese marco García ratificó el envío al Parlamento de un proyecto de ley de creación de un fideicomiso para atender la "imperiosa necesidad" de adquirir medios navales. En particular el ministro habló de patrulleros oceánicos (OPV). Al respecto se formará una comisión de seguimiento que, se pretende, sea integrada también por la oposición.
Las OPV son un tipo de buque patrulla que puede transportar helicópteros y lanchas semirrígidas y un pequeño contingente de operaciones. La necesidad de su adquisición ya había sido planteada hace exactamente seis años por Eleuterio Fernández Huidobro.
En setiembre de 2015 el entonces ministro de Defensa proponía al Parlamento su compra a través de la venta de inmuebles ociosos propiedad del Estado. Su valor en ese entonces, según Fernández Huidobro, era de US$ 70 millones cada unidad, "helicópteros aparte".
Lo que se plantea ahora es un fideicomiso para construirlas a nivel local. "Les vengo a pedir ayuda", les dijo García a los legisladores opositores, en un proceso que se llevará a cabo en coordinación con la Corporación Nacional para el Desarrollo y que se prevé esté pronto antes que finalice este período de gobierno.
El programa de "fortalecimiento" de las Fuerzas Armadas se había iniciado el año pasado con la polémica incorporación de los dos aviones Hércules KC-130, que según el ministro asegurarán la operativa por los próximos 30 años y que supuso un "antes y un después" para la Fuerza Aérea.
"¡Miren que esta cara tiene huellas digitales marcadas! ¡Miren que nos dieron con el tema de los aviones Hércules!", protestó García al cuestionar la actitud del Frente Amplio con respecto al asunto.
En materia presupuestal la Rendición de Cuentas supuso una severa disminución de las inversiones en material en el Ministerio de Defensa. En 2019 hubo una asignación de $ 189 millones para la reparación y equipamiento en la Armada, que bajó a $ 50 millones en 2020.
Según informó García, se está trabajando con Estados Unidos en una donación de tres patrulleros costeros clase Protector, pertenecientes al Cuerpo de Guardacostas de ese país. Uruguay deberá afrontar los gastos de puesta a punto y mantenimiento.
"Van a venir navegando, porque es la forma que encontramos de abaratar los costos", dijo el ministro. Los buques serán destinados a los ríos De la Plata y Uruguay. Tienen 15 años de antigüedad, nuevos si se los compara con los 60 que, en promedio, tienen las naves de la Armada.
Su costo sería "inalcanzable" según el ministro si Uruguay tuviera que comprarlos. "No habría presupuesto para sostenerlos", dijo.
En la Fuerza Aérea y con respecto a la recuperación y actualización de sistemas de aviones de combate, lo previsto el año pasado fue de $ 43 millones menos que en el año anterior. La opción es trabajar en líneas de cooperación con otros países para avanzar en la renovación de material.
"Se trabaja fuertemente a nivel diplomático con algunos países, por medio de nuestros embajadores", indicó. La mira está puesta en la renovación de los A-37 Dragonfly, que datan de 1976.
Ahorros en Defensa
García destacó la reducción del "costo político" de su ministerio el año pasado. Según destacó, tres cargos de confianza política no fueron cubiertos, lo que supuso su ahorro de $ 8 millones. A esto se le agrega la no designación de siete ascriptos, con lo que se ahorraron otros $ 8 millones.
También se suspendieron obras edilicias "no prioritarias" que había emprendido la pasada administración, como la de la sede central del ministerio, por US$ 8 millones.
Otro de los ahorros destacados por García pasaron por los gastos administrativos en tiques de alimentación. "Este es un dato bien interesante", remarcó el ministro. Según contó, en el último año del gobierno del Frente Amplio el ministerio pagó casi 85 mil tarjetas activas que no se cargaban, a un costo unitario de $ 25. Eso se tradujo en US$ 50 mil que le fueron abonados a la empresa que brindaba el servicio por administrar tarjetas de personas que ya habían sido dadas de bajas en la Administración.
