El hogar donde vivían nueve ancianos hacinados en Río Branco

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MSP apuesta al sector privado para ancianos de residenciales precarios

Evalúa alquilar las casas de salud que estén en mejores condiciones
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09 de abril de 2018 a las 05:00
Las condiciones en las que viven los adultos mayores en los residenciales de ancianos son el nuevo dolor de cabeza del Ministerio de Salud Pública (MSP). Hace poco más de dos semanas Telemundo informó que solo 18 de 925 establecimientos cuentan con la habilitación de la cartera para funcionar y las autoridades buscan soluciones. La idea del MSP es recurrir a los residenciales privados que estén en mejores condiciones –por más que no tengan el permiso de funcionamiento- y alquilarles camas para alojar a los ancianos que viven en los centros más precarios.

El principal problema que tienen en el ministerio es que no pueden clausurar los residenciales de un día para el otro. Fuentes de la cartera dijeron a El Observador que están elaborando un ranking para saber en qué condiciones están todos los establecimientos y a partir de esa evaluación tomarán cartas en el asunto. "Uno puede clausurar una fábrica de tornillos pero acá vive gente", sostuvo un informante.

La idea de las autoridades es cerrar aquellos lugares en los que no se respeten las condiciones mínimas necesarias para funcionar. Ese es el caso de los residenciales muy baratos, que cobran una cuota que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los ancianos. Esos establecimientos no tienen la habilitación porque tienen carencias "muy importantes", señaló un informante, ya que no respetan ni siquiera el mínimo de empleados que deben tener.


Las fuentes explicaron que hay un "espectro muy amplio" entre los residenciales que no cuentan con el permiso del ministerio. En algunos casos no fueron habilitados porque una ventana no cierra bien o porque tienen un poco de humedad en una habitación. En otros, no hay camas para todos los ancianos, no cuentan con guardia de enfermería durante la noche y tampoco hay control de qué medicamentos se les suministran a los adultos mayores. "Nos preocupan mucho los casos en los que hay derechos humanos vulnerados", sostuvo un informante.

En el ministerio señalaron que resultaría "imposible" autorizar en el corto plazo los 907 residenciales que no tienen permiso para funcionar. De todos modos, explicaron que en algunos casos se trata de establecimientos que aunque no estén habilitados, cobran una cuota acorde al servicio que prestan y las inspecciones no registran demasiadas fallas. Las fuentes pusieron el ejemplo de los residenciales que están ubicados en Pocitos, Punta Gorda y Carrasco.

Esos serían los establecimientos que podrían alquilarles camas al Estado para alojar a los ancianos que estén viviendo en casas muy precarias. Las fuentes explicaron que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no tiene capacidad para recibir a más adultos mayores. Otra alternativa es buscarles un lugar en hogares del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La habilitación

Lleva alrededor de 9 meses obtener el permiso de funcionamiento del MSP, que hasta el año pasado dependía del Mides. Los inspectores evalúan la formación de los técnicos que trabajan en el centro, el lugar en donde está instalado, las condiciones en las que viven los ancianos, entre otros indicadores. El trámite se puede iniciar por internet.


El motivo por el que la mayoría de los residenciales no tiene permiso para funcionar es porque no cuenta con la habilitación de Bomberos. Las autoridades del MSP mantendrán en las próximas semanas una reunión con el director de Bomberos, Leandro Palomeque, y analizarán los requisitos que tienen que cumplir los hogares para hacer frente a un incendio. De obtener ese permiso, muchos establecimientos alcanzarían la habilitación completa.

Las fuentes hicieron hincapié en que el problema de los hogares de ancianos pasó a ser una prioridad en el MSP. La gota que derramó el vaso ocurrió en julio del año pasado, cuando salió a la luz que un hombre tenía a nueve adultos mayores viviendo en una casa muy precaria en Río Branco (Cerro Largo). Los ancianos pagaban $3.000 por mes, compartían cinco camas y no había almohadas para todos.

El abogado del dueño, Rolán Fernández, dijo a El Observador en ese momento que el residencial funcionaba desde hacía 15 años sin habilitación del ministerio. A su vez, reconoció que hasta abril de 2017 no contaba con saneamiento. "Que es humilde, es humilde. Cobrando $ 3.000 no vas a vivir en un cinco estrellas", afirmó.

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