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22 de noviembre 2021 - 5:00hs

“Ni somos burócratas ni estamos bien pagos”, se ríe el argentino Fabián Salvioli, demostrando que sigue los portales de noticias uruguayos con atención. “Es muy difícil cometer dos errores con tres palabras, y es lo que han cometido quienes nos tildaron de esa forma”, continúa en respuesta a los calificativos que el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) usó para fustigar a cincos relatores especiales que el 16 de noviembre enviaron una nota al gobierno manifestando su “preocupación” por el proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, entre ellos los condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

Pero al igual que los otros 60 expertos independientes que presentan informes y asesoran al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, este abogado y profesor en derechos humanos no pertenece al staff de Naciones Unidas ni cobra por sus funciones, justifica en conversación con El Observador, mientras hace los últimos arreglos para viajar a España, en donde se ganó algunos enemigos por su posición sobre la Ley de Amnistía, y luego a los Balcanes en donde sigue los procesos vinculados a los crímenes cometidos durante la ex Yugoslavia. 

A la mesa de trabajo del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición también llegó hace algunas semanas la información remitida por organizaciones sociales uruguayas vinculadas a los derechos humanos en referencia a la existencia de un proyecto de ley a estudio de la Comisión de Constitución y Código del Senado que, de aprobarse, provocaría que el estado uruguayo no pudiera honrar sus compromisos internacionales en la materia. Por eso Salvioli coordinó acciones con otros cuatro relatores especiales y se puso a trabajar en una nota que presentó ante el embajador Álvaro Moerzinger, jefe de la representación ante el organismo, para alertar sobre la situación y solicitar información ampliatoria al estado. 

“Nos envían información los peticionarios; personas que manifiestan preocupación por esas iniciativas. Lo que hacemos es evaluar si tienen fundamento y transmitimos nuestra preocupación al estado uruguayo, como lo hacemos con todos”, explicó. 

Salvioli elige bien sus palabras para pasar mensajes. Y decir que “lo hacen con todos” es adelantarse a responder sobre la incomodidad que generó el envío de esta nota en el gobierno, que en los últimos tiempos ha observado con algo de recelo una tendencia creciente a utilizar organismos internacionales para procurar modificaciones en procedimientos nacionales y cierta complicidad de organismos vinculados a Naciones Unidas con ONGs locales para intervenir solapadamente en discusiones internas. (Aunque este no sería precisamente el caso).

Quizás a eso se refería, el senador Guido Manini Ríos, cuando el 17 de noviembre tuiteó que “uno de los pilares del artiguismo es el respeto a la soberanía de los pueblos”, con una foto del prócer oriental. “Hablando claro: velar porque los uruguayos se gobiernen a sí mismos, sin injerencias de afuera, aplicando la Constitución por encima de todo”.

Al igual que el general retirado, en la cancillería hubo quienes interpretaron el envío de la nota como un exceso de celo, en la medida que cinco relatores especiales se manifestaban sobre un proyecto que aún está en comisión parlamentaria y que ni siquiera está claro que tendrá los apoyos políticos necesarios dentro de la propia coalición de gobierno para prosperar. En este sentido, la nota podría ser interpretada como una forma de presión o incluso de lobby para que la discusión parlamentaria no avanzara. 

Salvioli acredita esa percepción cuando menciona, como una victoria, que el asunto ha quedado planteado en la esfera pública. “No me cabe duda que la mayoría del Senado va a rechazar el proyecto. Entiendo que en el Parlamento hay distintas voces, pero estoy seguro que las voces democráticas, comprometidas en temas de derechos humanos harán que  dicho proyecto no avance”. 

Pero antes de esa expresión de deseo, el especialista argentino dio una explicación de carácter funcional: la prevención es uno de los objetivos de los procedimientos especiales. “Tenemos la obligación de intentar ayudar a los estados para que no adopten normativa incompatible con los compromisos asumidos a nivel internacional en materia de derechos humanos”. Y como ejemplo de que eso es un mandato general menciona la nota que envió al Reino Unido hace pocas semanas en referencia a un proyecto de ley que revisa la rendición de cuentas en torno a los crímenes cometidos en Irlanda del Norte. De hecho, el último reporte del Consejo de Derechos Humanos exhibió casi 400 comunicaciones de diversa índole a estados. 

La colaboración del Relator Especial llegó en la forma de un documento que recuerda al estado uruguayo que en el caso de personas que cumplan condena por crímenes contra la humanidad no se debe generar impunidad en la sanción ni el cumplimiento de la pena, con la excepción de circunstancias excepcionales como una enfermedad terminal de resolución inminente. “El mero paso del tiempo no genera un beneficio automático para este tipo de condenas que han tenido procesos demorados por obstáculos de leyes. Es muy importante que las condenas se cumplan”, afirmó el abogado argentino. La nota también solicita información en un tono imperativo que incomodó a la cancillería, aunque eso podría ser solo el producto de una mala traducción al español. 

A las pocas horas que la misión en Ginebra informó al Palacio Santos, el documento estaba en poder de parlamentarios del oficialismo y la oposición de la comisión parlamentaria que tiene a estudio el asunto. 
 

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