Preocupación en México y Argentina por lo que ocurre en Nicaragua.
Los gobiernos de ambos países llamaron este lunes a consultas a sus embajadores en la nación centroamericana por las "preocupantes acciones políticas-legales realizadas" por el gobierno de Daniel Ortega en los últimos días.
En un comunicado conjunto, ambos informan de que instruyeron al embajador de México, Gustavo Alonso Cabrera, y al de Argentina, Mateo Daniel Capitanich, a trasladarse a sus respectivas capitales para consultarlos sobre esas medidas.
"Han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses", señalaron.
Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua. pic.twitter.com/VEnqDi2jHM
— Casa Rosada (@CasaRosada) June 21, 2021
El anuncio se produce en medio de la oleada de arrestos en Nicaragua a cinco meses de las elecciones presidenciales en el país, en las que Daniel Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo.
Entre los detenidos, se encuentran desde líderes opositores a activistas, exguerrilleros sandinistas y cinco posibles candidatos presidenciales.
El último de éstos fue detenido este mismo lunes, el periodista Miguel Mora.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido la liberación inmediata de los líderes de la oposición, a quienes el gobierno de Ortega acusa de "golpistas" y de querer desestabilizar el país.
México y Argentina, por su parte, prometieron este lunes que "se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua".
"Y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión", sostuvieron.
No obstante, ambos se negaron a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la OEA para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la "no intervención en asuntos internos".
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