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No cesan los embates para destituir a Pedro Castillo: allanaron el Palacio presidencial en Perú
La oposición y la Justicia no dan respiro el presidente Pedro Castillo. En una nueva embestida en procura en su contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomendó su destitución por “traición de la Patria”. La Justicia, en tanto, allanó la sede del Palacio Presidencial en busca de su cuñada, acusada de lavado de dinero.
La recomendación, que debe ser votada en el seno de la subcomisión y luego debatirse en el pleno del Congreso, podría derivar en un nuevo pedido de suspensión, como el que ya tuvo que afrontar el mandatario en varias ocasiones desde el mismo día que asumió la presidencia el 28 de julio del año pasado.
El texto señala que Castillo debe ser “juzgado política y penalmente” por incurrir en Traición de la Patria al considerar en declaraciones periodísticas que estaría dispuesto a convocar a un referéndum para que el pueblo peruano se expida sobre la posibilidad de cederle a Bolivia una salida del Océano Pacífico, que La Paz perdió tras la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile.
Durante el conflicto, Perú perdió sus dos regiones más australes, Arica y Tarapacá, y Bolivia su salida al mar. "Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste", respondió Castillo a la pregunta si estaba en sus planes impulsar un acuerdo que le facilite a Bolivia tener un corredor terrestre hasta el mar, como afirmó antes de ser candidato y ganar las elecciones en 2021.
"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia", aclaró a continuación. La aclaración, sin embargo, no alcanzó para aplacar a la oposición, en especial a un sector de la derecha, la misma que lleva varios intentos de destituir a Castillo bajo el argumento de "incapacidad moral" para ejercer la presidencia, una figura jurídica muy cuestionada, pero que sigue vigente en la Constitución de Perú.
El informe, impulsado por el diputado de centroderecha Wilson Soto Palacios, se sustenta en la entrevista concedida por Castillo en enero pasado a la cadena CNN en Español. El informe, de 89 páginas, sostiene que la declaración de Castillo "vulneraría mandatos constitucionales" y, además de proponer su juicio político, recomienda que se imponga al mandatario de izquierda "la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública".
Aunque la acusación despertó las críticas de los juristas por su falta de sustento, los analistas locales no han dejado de advertir que se puede constituir en el inicio de una nueva ofensiva para desalojar a Castillo de la presidencia. Con apenas un puñado de legisladores que lo acompañan y sin partido propio, la situación del mandatario es hoy de mucha mayor debilidad que en diciembre pasado, cuando sorteo por apenas seis votos un intento de golpe parlamentario.
Desde el inicio de su mandato, Castillo acumula cinco procesos judiciales en su contra. En ese contexto, la Justicia peruana allanó sin suerte el Palacio de Gobierno en Lima en busca de la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos. El operativo policial se realizó a pedido de la Fiscalía, que solicitó el "allanamiento" de la "zona residencial del palacio de gobierno", según comunicó la Corte Suprema de Justicia.
En simultáneo, en distintos puntos de la capital peruana, se concretaron otros allanamientos, en los que la policía detuvo a José Nenil Medina, alcalde de Cajamarca, un poblado de la región originaria de Castillo, y a los hermanos empresarios Hugo y Angie Espino. Todos presuntamente vinculados en una red de corrupción que, según una denuncia periodística que recoge la fiscalía, ofrecía obra pública a cambio de dinero.
La misma acusación recae sobre un sobrino de Castillo -que cumplía funciones como asesor presidencial-, su exministro de Transporte y un exsecretario presidencial. Los dos primeros permanecen prófugos y el tercero, en busca de un acuerdo de colaboración con la fiscalía que le permita reducir una eventual condenada, se entregó la semana pasada, momento a partir del cual devino en la principal fuente de la acusación fiscal.
También, y como consecuencia de la misma acusación, debió comparecer la primera dama Lilia Paredes. Lo hizo el mes pasado ante una comisión de investigación parlamentaria, ocasión en la que la esposa de Castillo se negó a responder a los legisladores por “recomendación” de su abogado, debido a que ya había declarado ante el Ministerio Público, citación en la que respondió todas las preguntas.
El procedimiento, ampliamente cubierto por los medios periodísticos locales, se prolongó durante cuatro horas y no tiene precedentes en la historia del país, ya que jamás la Justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona. Paredes, de 26 años, considera “padres” a Castillo y su esposa, y vive con la familia presidencial en la residencia que forma parte del Palacio de Gobierno.
El allanamiento se produjo horas después que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomendara procesar penalmente a Castillo e inhabilitarlo por cinco años alegando que incurrió en Traición a la Patria. El presidente, en tanto, calificó el operativo como "ilegal" y afirmó que forma parte de un plan mediático para sacarlo del poder en complicidad con la oposición de derecha en el Congreso.
"Hoy, el Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez", dijo el presidente en un mensaje televisado. "Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional", agregó el presidente, según informó la agencia de noticias AFP.
La fiscalía tiene en marcha cinco investigaciones contra Castillo por supuesta corrupción, lo que constituye al igual que el allanamiento otra situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio. Además de este nuevo embate judicial y legislativo, Castillo ha enfrentado dos intentos de destitución y, según las encuestas, tiene una desaprobación del 74%.
Tras el allanamiento en busca de Paredes y las detenciones preliminares por diez días de los hermanos Espino, el mandatario destacó que el operativo policial ocurrió "coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno".
