La variación del IPC de julio fue -0,36%, lo que lleva a una variación acumulada en el año de 3,40% y, en los últimos 12 meses, de 4,79%. Fue también el tercer mes consecutivo en el que hubo deflación, algo inusual en este país donde solo los meses de diciembre suelen tener registros negativos por el premio de UTE en la tarifa del último mes del año.
Obviamente han influido factores exógenos como la baja de impuestos en bebidas no alcohólicas, y un retroceso importante del rubro “Frutas y verduras” -que han sufrido el efecto de la sequía, a veces hacía arriba y ahora hacia abajo-. También está influyendo la caída del precio nominal del tipo de cambio, que no encuentra piso y que influye sobre los bienes transables. Hay un notorio “trade off” entre tipo de cambio e inflación. Según estudios de CERES, presentados por su director Ignacio Munyo en un reciente evento, “si se redujera la mitad de la brecha del atraso cambiario, con un incremento del tipo de cambio de 12,5% (a 42,7 pesos por dólar), los precios a fines de 2023 aumentarían 1,2 puntos porcentuales por encima de lo esperado (lo que implicaría una inflación de 8,7%). Y para que la inflación baje a 6% a fin de año (techo del rango meta del BCU), el tipo de cambio en diciembre debería ser de 37,3 pesos”.
Sea como sea, los datos de los últimos meses muestran una clara tendencia a la baja de la inflación. De hecho, la inflación de los doce meses culminados en julio de 2023 es la más baja desde 2005. Sobre esa tendencia bajista y, sobre todo, del notable hecho de ubicarse después de muchos años dentro del rango meta anunciado por el BCU se expresó el presidente de la autoridad monetaria Diego Labat. Además de reconocer los logros alcanzados en lo que va del año, el jerarca proyectó que la inflación continuará dentro del rango meta -entre 3% y 6%- para los próximos 24 meses.
Sin duda, la baja de la inflación moderará los aumentos salariales atados a ese índice. Pero hay otros factores de proyección más impredecible. Por de pronto, los impuestos al agua embotellada deberían retornar en algún momento. Y la evolución del tipo de cambio, que hoy muestra una cotización similar a la de diciembre de 2019. ¿Qué deparará el futuro? Difícil es saberlo y las proyecciones de los principales analistas son cada vez más cautas. En lo que si coinciden casi todos es que el país está muy caro. Para el Banco Central un 15%, para muchos analistas por lo menos en el orden de un 25%. Para el famosos Indice Big Mac de The Economist estamos sobrevaluados un 25%, y venimos después de Suiza con nuestras hamburguesas más caras.
Es cierto que tradicionalmente Uruguay ha sido un país relativamente caro pero ahora lo es sobremanera. Hemos sido en las últimas décadas casi siempre un receptor neto de capitales y eso tiende a deprimir el tipo de cambio.
Dos problemas nos acucian. Por un lado, que Uruguay sigue teniendo un déficit fiscal alto y que, si bien puede financiarlo con deuda por su buen comportamiento y a tasas de interés internacionalmente bajas, ello pone presión sobre el BCU, que debe aplicar su política monetaria sobre una economía bimonetaria. Por lo demás, la mayor parte de los precios de la economía están indexados a la inflación y eso dificulta más aún la acción del BCU. Se le pide a la autoridad monetaria una tarea que ella no puede realizar o puede realizar con mucho esfuerzo, subiendo tasas de interés y complicando el crecimiento de la economía.
Por otro lado, la economía uruguaya padece de serios problemas de competitividad. Falta competencia. Falta una reforma integral del estado que, como decía recientemente en una entrevista a El País el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil Conrado Ramos no es prioridad: “Hay una resistencia en el sistema político a ingresar en ese tema. Lo quise impulsar cuando estaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y fracasé con total éxito. Si me preguntás, falta muchísimo. No está encarada una necesaria innovación institucional. En el Estado no está claro quién diseña las políticas, quién las regula y quién las implementa. Lamentablemente, en todo esto se ha avanzado muy poco.”
También hay que reformar el sistema de relaciones laborales. Sea lo que diga la central de trabajadores, es claro que el sistema actual de negcociación por rama solo favorece a las grandes empresas cuando lo lógico sería negociar por empresa. Pero tampoco es prioridad del sistema politico
Hay que reformar monopolios públicos y privados. Lo decía el economista Agustín Iturralde recientemente haciendo referencia al monopolio del combustible que, infructuosamente se intentó desmonopolizar en la LUC, como a monopolios u oligopolios privados en sectores de alto consumo como carnes de vaca, de pollo, frutas y verduras. Siempre hay pocos actores y altas barreras de entrada.
Quizá sea poco lo que se puede hacer sobre el tipo de cambio nominal. Pero hay mucho para hacer en el tema fiscal, en la presión impositiva, en las relaciones laborales, en la tan proclamada y tan denegada reforma del estado, en los mecanismos para facilitar importación.
Celebremos como un logro la baja de la inflación pero no nos contentemos con ello. El país necesita muchas más reformas. Quizá haya pasado el tiempo político de este gobierno para hacerlas. Será obra del próximo o del siguiente porque son ineludibles si es que queremos dar futuro a las generaciones que vienen abriéndose paso.
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