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No hay negociación que dure cien años... ni país que la resista

Se trata de un éxito político y una expresión de la resistencia del viejo orden internacional ante las amenazas y desafíos

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10 de julio de 2019 a las 07:56

Mientras escribo estas líneas, transcurren pocos días desde que la Unión Europea (UE) y el Mercosur alcanzaran finalmente el ansiado acuerdo comercial que impulsaron, con algunas interrupciones, hace ya dos décadas. Justo a tiempo para que el presidente argentino Mauricio Macri pudiera presumir en la reunión del G20 de Osaka de lo que muchos líderes consideran uno de sus principales logros, seguramente unido al fuerte impulso en los últimos meses de los gobiernos de España y Alemania, y al alivio de las resistencias históricas por parte de Brasil y Francia.

Todavía no se conoce la letra pequeña del texto acordado, que será divulgada en los próximos días, pero sí se sabe que su vigencia no será inmediata, pues requiere de aprobaciones parlamentarias en ambos bloques, amén de que los procesos de liberalización comercial que trae consigo serán a su vez progresivos una vez entre en vigencia, de manera de permitir que los sectores impactados puedan adaptarse.

Aunque tardío y con matices para sus detractores, que ven al acuerdo como un estertor de la influencia del Atlántico con potenciales efectos nocivos para sus países, lo innegable es que se trata de un éxito político y una expresión de la resistencia del viejo orden internacional ante las amenazas y desafíos que impone el nuevo, con China como driver global. Sobre todo, se trata de una ocasión inmejorable para incrementar el comercio, el intercambio de inteligencia y las recíprocas inversiones en un inmenso espacio de casi 800 millones de ciudadanos.

Nunca más oportuna la contribución para este número de Marcos Soto, experto en comercio internacional, abordando precisamente los retos que supone para nuestro país la necesaria liberalización y diversificación de mercados. La agradecemos y les invitamos a disfrutar de esta nueva edición de Consultor Tributario. 

La irresistible tentación del comercio exterior

¿Hay realmente margen de reducir los gravámenes sobre el Comercio?

Por Marcos Soto (@Marcossotouy)

Los tributos sobre el comercio exterior a nivel internacional, en general, han tenido un objetivo dual: por un lado, la discreción de los Estados, como parte de su política comercial, de proteger determinados ítems de producción local, desestimulando la adquisición de productos similares en el exterior. El abuso de este tipo de gravámenes deriva en lo que conocemos como medidas proteccionistas. A pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce como única medida de protección a industrias locales las políticas arancelarias, por ser éstas, al menos, objetivas y transparentes versus las restricciones al comercio a través de políticas para-arancelarias como licencias, obstáculos técnicos y trámites engorrosos que terminan por desestimular el intercambio.

Por otro lado, la imposición sobre el comercio internacional puede perseguir un segundo objetivo: recaudación fiscal. En economías con déficits públicos elevados, el comercio exterior también es utilizado como fuente de recursos. En el caso de Uruguay, si bien las exportaciones no se encuentran ya gravadas (salvo contadas excepciones) a tono de como funcionan la mayoría de los países del mundo, las importaciones continúan siendo objeto de tributación elevada y poco eficiente. Elevada en relación con el escenario internacional y poco eficiente por la cantidad de tributos y tasas que recaen sobre un mismo hecho generador. Las importaciones en régimen general están sujetas a la tasa global arancelaria, tasa consular, IVA, anticipo de IVA, anticipos de IRAE, IMESI, entre otros. La ADUANA tiene potestades recaudatorias sobre más de 30 tributos, los que se aplican en función del tipo de bien y de su origen (ya que pueden existir preferencias arancelarias con terceros países o bloques). Sin embargo, los aquí citados, equivalen al 95% de la recaudación.

La ley de rendición de cuentas del año 2017 significó la aprobación del incremento de la tasa consular de 2% que se pagaba en las importaciones con independencia del origen de la mercadería al 3% en caso de ser mercaderías de origen MERCOSUR o al 5% para los bienes extrazona. La tasa desde el punto de vista jurídico es un precio pagado a cambio de una contraprestación, sin embargo, en el tributo en cuestión, quedan dudas de esa devolución directa al contribuyente. Es que la tentación es demasiado grande: los tributos al comercio exterior son de recaudación instantánea una vez entrado en vigor, y sus efectos sobre la recaudación de fácil estimación.

Argentina ha sido en los últimos años un manual de cómo no hay que hacer las cosas, con independencia de los Gobiernos. La vecina orilla ha utilizado la tributación sobre el comercio internacional en reiteradas ocasiones, incluso aplicando una anacrónica heterodoxia no vista en casi ningún país del mundo: las llamadas detracciones o retenciones sobre las exportaciones que alcanzaban hasta el 35% del valor exportado. Si bien en el actual período de Gobierno existieron medidas tendientes a reducir las alícuotas, el instrumento continuó e incluso se reforzó en lo últimos meses del año pasado con la introducción de retenciones sobre las exportaciones de servicios. Pero como la tentación es vicio, en los primeros días del pasado mes de mayo Argentina (siguiendo los pasos de Uruguay) quintuplicó su tasa de estadística que recae sobre la importaciones pasando del 0,5% al 2,5% con independencia del origen.

En el debate estratégico sobre inserción internacional de nuestro país, con frecuencia aparece la necesidad de mayor apertura comercial a través de la firma de acuerdos. Estos tratados además de incentivar el comercio derribando barreras para-arancelarias y otros obstáculos, incluyen la desgravación, en general progresiva, del comercio entre las partes. Para realizar un análisis profundo debemos hacerlo incluyendo sus múltiples aristas. Uno de ellos, es la renuncia del Estado a la discrecionalidad sobre su política tributaria en el ámbito del comercio, restringida a los términos y condiciones de cada acuerdo. En 2018 en Uruguay se recaudaron USD 600 millones solo de aranceles y tasa consular (1,12% del PBI). ¿Estamos preparados?  

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