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“No quiero que mi hijo quede con una sensación de odio y de resentimiento”
“Si no expongo esta situación, todo esto quedará en la nada”. Eso fue lo que pensó Pablo Romero. Su hijo, de 18 años, le relataba que había sido golpeado por cuatro personas que lo confundieron con ladrón.
Esto sucedió el sábado 5 en la zona de Pinares, en Maldonado, donde la familia estaba de vacaciones. “Chorro, te vamos a matar”, le gritaron mientras lo perseguían, al verlo vestido con campera y gorro de visera y pensar que era el responsable de un robo a una casa vecina.
Intentaron atropellarlo con un cuatriciclo y terminaron golpeándollo. El joven logró convencer a los involucrados de que vivía al lado, luego de reiterarlo en varias ocasiones, y le permitieron entrar a la casa con la advertencia de que si mentía le iban a "pegar un tiro y tirar en una zanja",
Estos y otros detalles fueron difundidos horas después por el padre en una carta pública que se viralizó. Y para Romero, generó un impacto que abre un camino que sería importante de recorrer,que promueva un amplio diálogo social y una reflexión colectiva sobre la violencia y la estigmatización.
También sobre cómo la sociedad procesa la problemática sobre seguridad y cómo la gente reacciona para resolver “ese miedo a que nos roben”.
Entrevistado por El Observador, el filósofo y docente de Secundaria sostuvo que, a su juicio, o le compete a los gobernantes y al sistema político enviar mensajes bien claros: no es el ciudadano el que deba encargarse, por mano propia, de resolver los problemas de seguridad.
Romero apeló a que el debate no debería seguir una “lógica de trincheras”, como la que parece dominar parte de la discusión sobre la ley de Urgente Consideración (LUC), a la que consideró de un bajísimo nivel argumentativo. “Nos merecemos un debate con otra altura”, pidió.
“Es momento de bajar la pelota y discutir, fuera de si LUC sí o LUC no, o si el referéndum es favor o en contra del gobierno”, consideró.
La discusión, apuntó, también debe darse los ámbitos familiar y educativo. “Acá hubo elementos de discriminación, de odio al que no es como uno, de impunidad”.
Romero cuenta que su posibilidad de acceder a los medios de comunicación lo hizo sentir que “tenía una responsabilidad” en cuanto a “sacar una enseñanza” de todo estos hechos: la necesidad, y la posibilidad, de generar una discusión más amplia.
Imagina que lo sucedido pueda derivar en un acuerdo de fondo sobre la construcción de políticas de seguridad y de convivencia. Dijo estar convencido de que el país cuenta con todas las condiciones para lograrlo.
El acercamiento que, tras el hecho puntual, dijo haber mantenido con representantes de todos los partidos políticos, le hace ver que hay esperando. “Dialogando con unos y con otros te das cuenta que, en lo fundamental, todos estamos de acuerdo”, dijo.
La decisión de hacer público lo sucedido, cuenta, pasó también por generar en su propio hijo el convencimiento de que se deben recorrer los canales institucionales y de que la violencia no se combate con más violencia.
“Tampoco con discriminación”, reflexionó. “Ni tampoco pensar ahora que cualquier sujeto que veamos en un cuatriciclo es un agresor en potencia de pibes que usan gorritos con visera. Sería repetir lo mismo que nos sucedió a nosotros”.
También por un sentido simple de protección. Según aseguró, inmediatamente después de la agresión, su familia quedó “absolutamente desamparada”.
“La primera reacción policial me sorprendió mucho”, dijo. Pese que, a su juicio, los hechos denunciados fueron muy graves, los agresores “seguían en la casa de al lado, con música, cantando”.
Romero relata la respuesta que le dieron los policías que tomaron su denuncia, en referencia a los agresores y las muchas denuncias de robo en la zona: “errar es humano”
El lunes 7, mientras estaba dando una entrevista para la televisión, el principal acusado por la agresión se metió en la nota, acusando y amenazando con sus supuestas influencias.
“En los primeros días fuimos nosotros los que estábamos presos”, aseguró. “Quedamos muy desamparados”.
Romero considera que la difusión pública que cobró el tema aceleró esa respuesta: empezaron a llegar mensajes de autoridades del Ministerio del Interior, que se pusieron a la orden.
Las gestiones derivaron en que los nueve días que le restaban a la familia los pasaran con una guardia policial en su puerta. También la llegada de un perito forense, para constatar las lesiones sufridas por el joven.
En el trancurso de los días se logró una instancia de formalización, en la que los agresores terminaron imputados por violencia privada agravada y lesiones personales. Con todo, para Romero, “cabía una imputación más grave”.
Allí, el docente consideró insuficientes las medidas cautelares dispuestas por la Justicia: prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y retención de pasaportes.
Romero relató la sensación con la que se quedó su hijo: sus agresores “se fueron de la instancia de formalización casi que caminando”. La guardia policial, señaló, terminó cuando su familia retornó a Montevideo.
En ese marco, dijo confiar que la definición judicial implique una “reparación” para su hijo, que le permite ver que el camino institucional es el correcto.
“No quiero que mi hijo quede con una sensación de odio, de resentimiento”, concluyó. “Es un riesgo que también corremos”.
