Diego Battiste
Juan Miguel Petit es comisionado parlamentario penitenciario hace casi siete años
A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.
Hubo récord de muertes en cárceles en 2021, ¿se debió a algo en particular?
No podría concluir nada al respecto. Las 81 muertes que hubo –al 23 de diciembre– las estudiamos y sacamos conclusiones que presentamos a año vencido, principios del año que viene. Ha superado a otros años anteriores y creo que fue debido a muchos factores. Entre otros, el aumento de población y un efecto covid. El covid-19 como enfermedad en sí misma y porque bajó las actividades educativas y deportivas, y eso, sumado a mucha población, genera un clima negativo. Eso repercute en violencia, suicidios, en la coordinación de consultas que se tienen que hacer afuera y tuvieron demoras. Lo que no se debe caer es en una competencia de cuántos, en qué año, y administraciones. En todos hubo aciertos y errores. El sistema penitenciario es un reflejo de lo que pasa en las familias y en el mundo del empleo.
Además del récord, hubo dos casos emblemáticos. Un preso que fue torturado por más de 40 días en el ex Comcar y el caso de Marcelo Ayala, un joven fallecido en circunstancias dudosas, que tenía problemas mentales y según su propio informe debió estar recluido en un centro especializado. ¿Usted vio un mojón este año sobre la situación carcelaria?
No hubo un turning point. Creo que hay algo progresivo que tiene que ver con el aumento de población, la necesidad de más plazas, de más técnicos y la necesidad de más funcionarios. Eso va generando condiciones muy difíciles. En algunos lugares el deterioro ha seguido y en otros ha evolucionado positivamente. Hay lugares que han combatido el hacinamento con bastante creatividad.
Al Estado uruguayo le sale muy barato el sistema penitenciario. A Uruguay le sale demasiada poca plata el sistema penitenciario. Gastamos poco en infraestructura, tecnología... Seguimos haciendo requisas inhumanas a los visitantes de las cárceles. Son inhumanas para el que las recibe, que tiene que desnudarse, y para el personal que las hace. Faltan vehículos, elementos de computación, videocámaras, técnicos. Este instituto debe de tener un gran presupuesto, un buen salario para sus funcionarios en reconocimiento al trabajo. Hay funcionarios que hacen una tarea descomunal, pero las políticas sociales no se sostienen con héroes –aunque son muy necesarios y hay muchos–. El dilema es cómo se pasa de ese sistema de sacrificio a una política pública. Es un tema estructural y crónico. Desde mi perspectiva es una carrera contra el tiempo. Entre las luces y las oscuridades.
¿Qué resultados tuvo la revisión 'preso a preso' que hizo ASSE tras el caso de tortura?
Está en proceso, pero ha habido un montón de diagnósticos. Personas a las que se les comenzó una historia clínica, ha habido derivaciones a hospitales, exámenes médicos. Creo que hay que destacar que el presidente de ASSE recorrió las cárceles, vio las cosas malas y las cosas buenas. Hubo una muy buena señal sobre el hospitalito que hay en la Unidad 1, que tiene unas 15 camas. Estaba sin usar y ahora se empezó a activar. Todo eso es un inicio. ASSE tiene un montón de cosas para desplegar.
¿Se notó la ausencia de Nada Crece a la Sombra y las otras organizaciones a las que Interior les discontinuó la entrada?
Hay una situación planteada con dos organizaciones que tienen sometido a revisión su acuerdo con el Ministerio del Interior. Converso con las dos partes y me gustaría aportar cosas en ambos capítulos para que se puedan llegar a acuerdos porque el rol de la sociedad civil es importante. Pero bueno, se necesitan acuerdos de las dos partes que hay que plasmar en sintonía real. Supongo que en los lugares donde iban sí, se debe sentir su ausencia.
¿El abordaje que usted plantea hoy no ocurre solo por la falta de recursos?
Esto es una hoja de ruta. La hoja de ruta requiere creer en ella. Estar de acuerdo, que es un tema de las autoridades y recursos para llevarla adelante. Ahora en el país existe un Consejo de Política Criminal que genera documentos, que yo no los conozco porque no se han hecho públicos y hay técnicos que trabajan en el Ministerio del Interior. Tanto en la comisión de cárceles como en la presentación que hizo el ministro hay puntos de sintonía con todo eso.
La propia realidad está demandando innovación. Estamos entrando en el corazón del siglo XXI y está diciendo que no van a bajar los delitos, no va a bajar la inseguridad pública hasta no bajar la exclusión y la desintegración social. Tenemos casi 14 mil privadas de libertad y 10 mil personas con medidas alternativas. Nada de esto va a mejorar si no tenemos un nuevo diseño de abordaje de la salud mental y un mejor tratamiento de las adicciones, un mayor acercamiento a las poblaciones vulnerables y para el tratamiento en comunidad de personas que cometieron delitos.
Hay que evaluar cómo competir con la ola del narcomenudeo que arrasa con jóvenes en todos los barrios con más carencias porque ofrece mucho dinero, rápido y fácil. Frente a eso ¿cómo compite la educación, la formación profesional, el empleo, la crianza de los hijos y la atención? Además, el narcomenudeo ofrece un salto al futuro en el que uno escapa de todos los problemas. Hay que pensar en más herramientas.
¿Por qué el abordaje dentro de la cárcel es tan difícil?
Básicamente porque falta más fuerza en la intervención técnica. También en seguridad. Más propuesta técnica, más propuesta socioeducativa, más formación, más trabajo con las familias. Las personas no son islas.
Falta una densidad de intervención que llene de sentido la vida dentro de la privación de libertad. La sobrepoblación y las condiciones conspiran contra eso. Nosotros aspiramos a unidades más manejables –para eso hay que construir más módulos– pero la solución de fondo es tener un sistema que sea financiable. Y solo es financiable si tiene medidas alternativas consistentes que eviten que los delitos leves que tienen cuatro, cinco o seis meses que no tienen ningún tratamiento, que son candidatos a reincidir, puedan tener otras alternativas.
Tampoco diría que no funciona. Funciona parcialmente porque el sistema está trancado. No podemos decir que el sistema carcelario es un desastre. Hay lugares que son un desastre y hay lugares muy muy buenos. La tasa –de reincidencia– en los países nórdicos es del 20%, si nosotros lográramos bajar ese 65% a la mitad, serían probablemente varias decenas de delitos menos. Nos estamos perdiendo de rescatar víctimas, daños humanos y materiales y dejar de violar derechos humanos en los centros en los que eso ocurre.
El problema es muy complejo e incierto, porque responde a una ciencia social. Es como una persona enferma. Está enfermo, tiene fiebre y una infección. ¿Se le dio antibiótico? No, no se le dio. Bueno, hay que darle antibiótico y ver. Capaz no alcanza y hay que hacer otras cosas.
¿Al sistema no se le da antibiótico?
Claro. No se le da. Le falta hacer un montón de acciones que Uruguay está en condiciones de hacer, porque Uruguay no es un país pobre. Podríamos tener otro desarrollo en materia de salud mental, asistencia social al liberado, que es la misma que le tienen que dar que a una persona que va al Mides.
Hay una gran oportunidad, pero, lamentablemente, todavía en la opinión pública, y eso se transmite a los actores políticos, está muy fuerte la idea de que 'hacer cosas para la cárcel es dar un regalo a aquellos que mataron a otros'. Eso está muy metido adentro del ser humano. No de los uruguayos, del ser humano. Pasa en todas partes del mundo.
El Estado a diferencia del particular, la persona que comenta en las redes o en el bar de la esquina, tiene que analizar la situación y filtrar. Esa violencia se filtra con políticas públicas. Uno cuando sufre un delito o lo ve, genera violencia. Pero debe ser transformada en intervención inteligente para lograr justamente que esa persona no siga delinquiendo. Porque hay grandes posibilidades que esa persona tenga 19 o 20 años y tiene 40 años más para seguirlo haciendo.
¿Cree que hay que modificar las penas para algunos delitos para mejorar el sistema carcelario?
Creo que ahora el país entra en modo debate por el referéndum. Creo que hay muchos temas que tienen que ver con normativa procesal penal en las que vamos a tener que seguir trabajando. Es muy difícil que ahora haya acuerdos sobre esos temas. Tengo la sensación de que hay puntos en la agenda del oficialismo y de la oposición que una vez saldado el debate se puede llegar a puntos en común. Hay cosas que hay que repensar y lo han planteado docentes de derecho procesal y penal.
Hay algunos delitos que tienen más pena de la que deberían porque es incongruente con otros. Hay algunos mecanismos procesales en los que hay que seguir trabajando. Las leyes no están gravadas sobre piedra y la realidad cambió mucho. Si no se ajustan las leyes, la realidad pasa por los costados y terminan dañando el objetivo que tenía inicialmente.
¿Los planes educativos para las cárceles son suficientes?
Sigue la necesidad de buscar una formación formal apta para la población penitenciaria. Hasta hace no muchos años no había educación secundaria para las cárceles. Hay más de 150 personas haciendo cursos universitarios. Pero creo que hay que buscar una formación específica. Que tengan las habilidades básicas de lectoescritura: matemática, operaciones, cultura general y capacitación para un empleo, para ofrecer un servicio o para ejercer un oficio. Una capacitación para alguien que va a estar poco tiempo y que su objetivo general no va a ser cursar la universidad. Si lo hacen, espectacular, pero tienen que salir con algún oficio que les permita sobrevivir. Eso requiere repensar la formación carcelaria.
Hace tiempo se ampliaron las capacitaciones que otorga Inefop y la UTU, ese es el camino.
¿Plantea un nuevo instituto integrado?
El diseño corresponde a las entidades educativas, que aparte están trabajando en eso. Hay un artículo en la ley de presupuesto que estableció que el MEC tendrá un Plan de Educación en Cárceles, que lo ejecutará el Codicen como ejecuta toda la educación. El contenido requiere de acuerdos. Nosotros aportamos la idea, que es materia de debate e intercambio, pero creemos que no se deberían trasladar todos los programas del mundo del afuera a las cárceles porque es una población particular, que tiene un tiempo de estadía particular y va a tener que encarar una batalla particular.
