Ante el retraso en la ejecución de la obra civil de la planta regasificadora, cuestionamientos técnicos sobre diseño de la obra y la crisis financiera que se desentrañó en la constructora brasileña OAS tras el escándalo de corrupción en Petrobras, el consorcio GNLS –que integran GDF Suez y Marubeni para la operación de la planta regasificadora– ya inició contactos con empresas y consorcios de constructoras de distintos países para solicitar cotización (precio) en caso en que se procese la desvinculación de dicho proyecto, informó a El Observador una fuente al tanto de las negociaciones.
Por otro lado, OAS le informó ayer al Sindicato Único de la Construcción (Sunca) en el Ministerio de Trabajo que pretende enviar a 200 de sus 700 trabajadores a seguro de paro, producto de “diferencias sobre la ingeniería del proyecto” con GNLS, informó a El Observador el dirigente sindical Richard Ferreria.
“La negociación está abierta. Ellos (por OAS) pretenden enviar a 200 trabajadores al seguro de paro parcial. Lo único que hicimos (ayer) fue recoger ese planteo”, explicó el gremialista del Sunca. La firma brasileña argumentó a los trabajadores que la decisión obedece a las diferencias con la dirección de la obra (GNLS) sobre cómo se está ejecutando. “Nos comentan (por OAS) que están haciendo los esfuerzos para continuar. Pero garantías de que vayan a quedarse en Uruguay no tenemos”, advirtió Ferreria. El Sunca está “preocupado” por la situación de OAS y el impacto en los puestos de trabajo a futuro.
Plan B
Los primeros sondeos de GNLS para la búsqueda de un plan B en caso que OAS abandone el proyecto, comenzaron a realizarse en diciembre pasado, aseguraron a El Observador, poco después de que se conociera la vinculación de OAS como uno de los beneficiarios de contratos sobrefacturados con la petrolera brasileña Petrobras. Este hecho provocó incluso el encarcelamiento del presidente de OAS, José Pinheiro Filho.
La continuidad de la firma brasileña al frente del proyecto aparece cada día más comprometida. OAS es el contratista principal por parte de GNLS para la obra civil de la planta regasificadora. El contrato con GNLS ronda los US$ 500 millones. Las fuentes admitieron que la salida de la firma OAS de la obra no es “tarea sencilla” porque hay que acordar una serie de multas que prevé el contrato en caso de incumplimiento de una de las partes.
“Estamos trabajando en conjunto con OAS para optimizar la situación. Sin embargo, en caso de que OAS haga default en Brasil y entre formalmente en quiebra, no tendremos otra opción que replantear los términos de nuestro contrato, con nuevos esquemas de negociación en la mesa, entre ellos factores como plazos y precios; y para ello se están evaluando alternativas”, habían adelantado a El Observador fuentes de GNLS.
En enero, la firma no pudo hacer frente a dos pagos de intereses de deuda de dos vencimientos de bonos por US$ 16 millones y US$ 37 millones, ingresando así en default.
La empresa OAS argumentó que “debido a las dificultades de acceso al mercado de crédito” estaba por ese entonces en conversaciones con algunos de sus principales acreedores con el fin de realizar una “reestructura financiera organizada”.
A todo esto, las calificadoras de riesgo le dieron la espalda a la deuda de la multinacional brasileña. La agencia Fitch rebajó la calificación de la compañía a C, una de las notas más bajas en la escala que va desde el default hasta el perfil de riesgo más seguro. Poco después, la misma medida tomaron Standard & Poor’s y Moody’s.
Según supo El Observador el “retraso” en la obra civil de la planta es considerable. Por ejemplo, la empresa tenía previsto levantar 700 pilotes en la bahía de Puntas de Sayago para el amarre de la regasificadora y los buques que van a alimentar dicha planta. Sin embargo, un informante reveló que apenas se han finalizado 70 pilotes.
Otros de los inconvenientes que ha provocado un rezago en la obra, se debe a diferencias “técnicas” sobre cómo se iba a ejecutar. El diseño de la obra primero despertó críticas por parte de una firma de ingeniería contratada por GDF Suez para la supervisión de la obra y también de otra consultora contrata por Gas Sayago.
De hecho, en entrevista con radio Sarandí, el gerente general adjunto de Gas Sayago, Pedro Aurrecohecha, admitió que parte del retraso obedece a “temas de ingeniería” de la obra que no fueron aceptadas como se presentaron originalmente. Los informantes indicaron a El Observador que la firma brasileña OAS, pese a ser una megaempresa internacional, no contaba con experiencia en la realización de trabajos sobre el mar. Otro de los temas que incidió en la puesta en marcha de las obras fue el “escaso conocimiento” que la compañía tenía sobre el mercado laboral uruguayo, indicaron. De hecho, la firma ya enfrentó algunos conflictos en el Ministerio de Trabajo por el despido de algunos trabajadores.
Una fuente dijo a El Observador que las autoridades de Gas Sayago incurrieron en un “error” al otorgar la construcción del gasoducto a la misma empresa que ganó la licitación para ser el contratista principal de la obra civil de la planta regasificadora. “Empresarialmente fue una equivocación. Si te demora una de las obras, tienen el argumento para frenar la otra”, explicó.
