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Demoras, ocupaciones y competencia desleal: las debilidades de Uruguay para invertir

El estado uruguayo es señalado por su fortaleza en materia de seguridad jurídica pero sobreviven algunos flancos débiles

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27 de septiembre de 2018 a las 05:00

Un país pequeño, con un mercado interno casi simbólico en la escala mundial y rodeado de dos gigantes como Argentina y Brasil no es, a priori, un destino atractivo para inversiones extranjeras. Uruguay necesita diferenciarse de sus vecinos para poder posicionarse como un destino de capitales y uno de los aspectos que destaca el Poder Ejecutivo cada vez que recorre el mundo en busca de inversiones es la seguridad jurídica que ofrece el país.  

Los expertos coinciden en que la independencia y transparencia del Poder Judicial, reglas de juego claras y el apego a las normas son los elementos que el país atesora dentro de una región y un continente inestable y con sistemas judiciales débiles. 

Las demandas de Aratirí y de Italba, que arremetieron contra Uruguay por decisiones tomadas durante el gobierno de José Mujica, ponen bajo la lupa la seguridad jurídica del país. Los inversores ingleses de la minera aseguran que Uruguay cambió las reglas de juego en medio del proceso tras aprobar la ley de Mega minería en 2013 mientras que la telefónica estadounidense entiende que el gobierno le revocó un permiso sin fundamentos. 

“Decir que en materia tributaria Uruguay ofrece seguridad jurídica es mentirle al inversor”, dijo a El Observador el abogado tributarista Alberto Varela. 

Ambos procesos están todavía en curso y una demanda contraria podría dañar la imagen de Uruguay, aunque el país ya tiene un antecedente favorable en el caso de Philip Morris en el que el gobierno uruguayo salió victorioso por su defensa de la salud. Si bien en el contexto regional Uruguay está muy bien posicionado en seguridad jurídica, expertos señalan aspectos a mejorar para ofrecer un mayor respaldo a los inversores extranjeros.

Trabas burocráticas

Procesos largos y engorrosos, sentencias que no se cumplen y derechos que no siempre son respetados son algunas de las trabas que pueden enfrentarse inversores que lleguen al país y tengan problemas con el fisco. “Decir que en materia tributaria Uruguay ofrece seguridad jurídica es mentirle al inversor”, dijo a El Observador el abogado tributarista Alberto Varela. 

Para el abogado los tiempos administrativos para llegar a una resolución firme, que son en promedio de entre ocho y diez años,  son imposibles de cumplir y lamenta que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) no haya jueces especializados en materia tributaria. “Hay una falla clarísima, visible y unánime”, apuntó.

El tiempo de los procesos es un problema que el propio tribunal reconoce. Durante la discusión de la Rendición de Cuentas que acaba de ser aprobada en el Parlamento, el TCA reclamó la creación de cinco juzgados de primera instancia para los que estaba dispuesto a aportar dos tercios de los funcionarios necesarios pero no obtuvo respuestas.

“La idea es que disminuya la carga y se haga razonable lo que llegue al TCA en la apelación. Tenemos desde expedientes donde se impugnan multas de tránsito por $ 8.000 hasta licitaciones de US$ 100 millones”, dijo a El Observador el ministro del TCA William Corujo en junio de este año. 

Tanto Varela como Corujo apuntaron que es muy difícil hacer cumplir las sentencias del tribunal. El ministro recordó que el TCA llegó a intimar a la administración tres veces en un mismo caso y no obtuvo respuestas. Si bien hubo intenciones de aplicar multas económicas en caso de incumplimiento, la propuesta no tuvo eco ni siquiera en el seno del tribunal. 

El abogado socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause, Nicolás Herrera también aseguró que existen procesos que “pueden ser más simples” pero, según su criterio, no se trata estrictamente de seguridad jurídica. “Hay muchísimos tiempos para mejorar en los procesos”, apuntó. 

Ocupaciones

El decreto 165 del 2006 reconoce a la ocupación como una forma legítima del derecho a huelga y eso plantea un problema de seguridad jurídica, según dijo a El Observador el abogado especializado en derecho laboral Nelson Larrañaga. “Al reconocerse la ocupación como una modalidad de la huelga, se afecta el ejercicio de otros derechos que también están reconocidos por la Constitución”, explicó. 

Además, aseguró que para que el Ministerio del Interior actúe en un caso de ocupación es necesario ir a la Justicia a través de un recurso de amparo y ese proceso puede demorar entre seis y siete días hasta que se desbloquea el lugar de trabajo. “No es legítimo”, apuntó. 

El abogado y máster en derecho Andrés Cerisola también mostró su preocupación por las ocupaciones.  “La Justicia sistemáticamente las declara ilegales y el gobierno sigue teniendo un decreto que las legitima”, dijo a El Observador.

La pastera UPM, por ejemplo, pidió como una de sus condiciones para instalar una segunda planta en el país un sistema de prevención de conflictos que evite al máximo posible las ocupaciones. El gobierno está negociando con la empresa y el PIT-CNT normas que luego serán incorporadas a la legislación uruguaya.

Organismos reguladores

Otro de los puntos señalados como una debilidad de la situación uruguaya es el rol de los organismos reguladores. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) o incluso el Banco Central, han sido “capturados” por los principales agentes de los distintos mercados ya sean públicos o privados, según Cerisola.

Eso lleva, según el abogado, a que empresas que pretenden ingresar a esos mercados, o que ya estaban pero eran más débiles que sus competidores,  se vieran expuestas a reglas de juego que no eran iguales para todos. “En la mayoría de los países del mundo los organismos establecen regulaciones que defienden una competencia leal”, explicó. 

De todos modos, Cerisola reconoció que en materia de seguridad jurídica nada es “blanco o negro” y que ningún esfuerzo será suficiente. 

Aratirí
Aratirí formalizó el 3 de julio una demanda internacional contra Uruguay por US$ 3.536 millones. La firma de origen indio presentó un proyecto en 2011 con el objetivo de instalar una mina en Valentines para extraer hierro. Sin embargo, la aprobación de la ley de minería fue interpretada por Aratirí como un cambio en las reglas de juego. En julio de 2017 la empresa informó por medio de un comunicado que había iniciado un arbitraje de inversión contra el Estado por “incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay”. Según el comunicado la base del reclamo fue “la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores”.
Italba
La empresa de telecomunicaciones estadounidense Italba Corporation presentó una demanda en 2016 por la revocación de forma “irregular” en 2011 del permiso concedido en el 2000 a su subsidiaria Trigosul S.A. para brindar servicios de banda ancha. Según la empresa esa decisión del gobierno de Mujica implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos.  La demanda, según la defensa uruguaya, carece de méritos jurisdiccionales y de fondo. 


 
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