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El economista espera que la economía crezca 2,3% este año.

Economía y Empresas > Entrevista a Gabriel Oddone

Oddone: “Hay una pausa en la construcción del estado de bienestar”

El economista considera que el referéndum de la LUC le dará un empujón extra el gobierno para bajar la inflación y frenar la caída del salario real que dejó la pandemia 

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24 de julio de 2021 a las 05:04

Qué podemos esperar de la economía uruguaya en los próximos meses, qué evaluación hace sobre el manejo de la pandemia y por qué hoy no tendría mucho efecto apurar algunas obras públicas. La chance que tiene el gobierno para bajar la inflación en el corto plazo y el paralelismo del gobierno de Luis Lacalle Pou con su padre en la década de 1990 fueron algunos de los temas que el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, abordó en entrevista con  El Observador. 

¿Qué evaluación hizo de los grandes lineamientos y supuestos que el gobierno presentó en la última Rendición de Cuentas? No parecen surgir grandes innovaciones respecto al Presupuesto, más allá de una partida extra para primera infancia. 
Exactamente. No hay innovaciones de la estrategia general que el gobierno viene desplegando y tampoco de la información que se ha puesto arriba de la mesa. La Rendición de Cuentas básicamente establece que el objetivo de procesar la consolidación fiscal de cara el 2024 del Presupuesto se reafirma, con la meta de llegar a un déficit fiscal consolidado equivalente de 2,4% del PIB. La única cuestión es que hay un ajuste en la velocidad en que eso ocurre por lo que pasó con la economía en 2020 y lo que está pasando este año. El otro aspecto es que el gobierno llega a esta Rendición de Cuentas con resultados alineados a lo que fueron sus expectativas. El gobierno puede decir que sus metas se cumplieron. El déficit fiscal se ubicó por debajo del 6% del PIB, el endeudamiento neto fue inferior al tope del gasto, e incluso que el gasto creció menos que el PIB potencial, que hoy está calibrado en 2,5% anual. Eso la ministra (Azucena Arbeleche) lo ha estado enfatizando públicamente: esta Rendición de Cuentas viene a reafirmar que se cumplieron las metas.

En materia de proyecciones parece existir un claro divorcio para el PIB esperado por el MEF para este año (3,5%) y las expectativas de los analistas privados (2,6%, según la encuesta del Banco Central). La ministra de Economía se aferra a indicadores adelantados, como la recaudación de la DGI o la producción industrial, o el crecimiento de China o EEUU.
Nosotros (por CPA) seguimos creyendo que el crecimiento esperado del gobierno para 2021 es algo optimista. En nuestro caso, la expectativa es de una expansión de 2,3%. Si eso ocurre, las metas fiscales previstas para este año seguramente no se cumplan, aunque eso no quiere decir que no se esté cumpliendo con la trayectoria fijada para 2024. Si me paro en julio de este año y miro para adelante, tengo una mirada bastante positiva por los resultados sanitarios que se están consolidando y que van a permitir un proceso consistente de apertura de distintas actividades. Eso va a dar una mayor confianza. Si lo anualizara, me daría una tasa de crecimiento del eje del 3%. Lo que pasa es que tuvimos un primer semestre –fundamentalmente a partir de marzo por las medidas de la pandemia– que enlenteció bastante el ritmo de recuperación. El gobierno sí reconoce que la recuperación del empleo será más lenta. En 2020 esperaba que para este año el empleo llegara a niveles similares a los de 2019, algo que los analistas considerábamos que no iba a ser posible y que recién se podría alcanzar en 2022. Por otro lado, la modalidad de ajuste fiscal está incambiada. Es decir, el gobierno mantiene la estrategia de que los gastos estén creciendo por debajo del PIB potencial (2,5%) para que se logre una mejora del déficit estructural, algo que tiene chances de lograr. Por lo tanto, la Rendición confirma el compromiso del gobierno con una consolidación fiscal firme porque es crucial para mantener el grado inversor. Asimismo, cree que ese despeje de la incertidumbre fiscal traerá una mejor visión del sector privado en materia de inversión que le permitirá a la economía recuperar su senda de crecimiento normal a fines de este año y principios de 2022.

Algunos han reclamado un rol más activo del Estado para salir de la pandemia. ¿Había margen fiscal para hacerlo? ¿Se puede hacer algo más desde la política pública?
Esa es una discusión que tiene preferencias de cada uno. La estrategia fiscal que está llevando el gobierno fue la que concibió en campaña electoral. De alguna manera fue el mandato que recibió de la ciudadanía cuando ganó, con un énfasis importante. Lo que creí en un primer momento era que esa estrategia era consistente con los desafíos que tenía el país al cierre de 2019 y que se imponía un ajuste fiscal. Pero la pandemia lo cambió todo. Soy de los que creen que cuando estalló la pandemia a principios de 2020, y se tradujo en los problemas de empleo y la vulnerabilidad de buena parte de la población, el sector público debería haber jugado un rol más activo en el tema empleo. En particular, faltaron programas en actividades que tienen alto impacto en el empleo, como obras de infraestructura, donde el país tiene una agenda larga por cumplir. Se pudo ser más audaz con la obra pública. A pesar del resultado fiscal frágil, en este contexto de pandemia había formas de convencer a inversores y calificadoras de riesgo de que Uruguay iba a cumplir con sus compromisos fiscales. A esta altura del partido ya no tiene mucho sentido seguir discutiendo sobre la política económica. En todo caso, podría discutirse con qué rapidez y tiempos se van a lograr resultados para ese camino. La reactivación económica y la reapertura de fronteras también pueden dejar expuestos algunos temas que hoy están disimulados, como los precios relativos de Uruguay con Brasil y Argentina, que pueden repercutir en actividades intensivas en mano de obra como el comercio de frontera o el turismo.

El presidente Lacalle Pou anunció una cumbre para la próxima semana con empresas públicas y el Ministerio de Transporte para darle un envión a la obra pública ¿Moverá la aguja eso? 
La infraestructura siempre termina siendo financiada con algún mecanismo presupuestal a futuro, ya sea endeudamiento o una entrega en concesión. Estructurar este tipo de financiamiento es algo complejo que requiere de combinar habilidades del sector público y privado y de diseños que no son rápidos y con plazos de maduración que tardan, salvo que sean planes concretos que ya tengan un financiamiento previsto. ¿Qué supone eso? Que desde el momento en que se habilita hasta que tiene un impacto transcurre un período largo. Eso nunca es menos de un año, y en algunos casos es entre año y medio y dos. Mi observación crítica es que hemos perdido un año. En mayo del año pasado era evidente que el escenario de empleo iba a ser negativo por un período que no sabíamos de cuánto iba a ser, pero que podía ser largo, como terminó aconteciendo. Por eso, adelantar la inversión pública o mecanismos de intervención privada que se involucraran en el proceso de infraestructura hubieran sido necesarios en aquel momento. Si se hubiese comenzado en mayo-junio del año pasado, seguramente en el próximo cuatrimestre estaríamos en condiciones de ejecutar algunas de esas cosas. Por diversas razones que desconozco –pese a que hubo varias iniciativas privadas que se presentaron al gobierno– no avanzó en 2020 ni en el primer semestre de este año. Eso nos hizo perder tiempo y, aunque ahora se conciban, no lograremos tener resultados directos antes de cerrar 2022 o iniciar 2023. En términos de los 40 mil puestos de trabajo menos que sigue habiendo respecto a antes de la pandemia, es un tema. Esa es la crítica que puedo hacerle al gobierno en su estrategia global: no haber virado o sido flexible en darle a la infraestructura un papel más protagónico y así meterse en el corazón del problema desde el punto de vista económico y social, que era el empleo. ¿Se podría haber mejorado el escenario de empleo si se hubiera recorrido el camino que planteo? No tengo forma de comprobarlo, pero tiendo a pensar que sí. Y hubiese supuesto menos transferencias del Estado para atender a la población vulnerable. 

Es partidario de revisar la estructura impositiva luego de pasada la pandemia.

En los últimos meses hubo una firme suba de varios alimentos a nivel mundial. ¿Puede complicar la fuerte tendencia bajista de la inflación que persiguen el BCU y el MEF? 
Hace algunas semanas te hubiera dicho que los tres objetivos que el gobierno se propone–desinflación, consolidación fiscal y el compromiso de recuperar el salario real perdido– no se iban a poder cumplir simultáneamente y, por lo tanto, iba a tener que resignar alguno de esos, que sería la inflación. Sin embargo, hay algunos acontecimientos de las últimas semanas que le dan una chance al Poder Ejecutivo de avanzar en los tres objetivos sin perder a la inflación en el medio. Primero, el sector transable (exportador) está atravesando un escenario externo favorable por la recuperación de los commodities. En segundo lugar, si uno mira la competitividad de una manera grosera por el tipo de cambio real bilateral por fuera de la región, si bien estamos un poco comprometidos con EEUU, no estamos tan desviados en términos históricos respecto al resto de la región. Esto quiere decir que el sector exportador no tiene fundamentos que puedan afectar severamente su competitividad o rentabilidad como sí ocurrió entre 2013-2015, por ejemplo. Por otro lado, el escenario de commodities global no va a tener una tendencia tan ascendente como la que observamos en este primer semestre. No veo al petróleo aumentando sustancialmente; presiones sobre el producto de importación más significativo que tenemos arriba de la mesa no va a haber. El típico dilema de aumento de tarifas, y más con el nuevo esquema, va a estar menos presente e incluso podría ayudar en algún momento. 

¿Las pautas salariales que se presentaron son razonables para el contexto y las metas que persigue el gobierno? Hay una fuerte apuesta a una baja de la inflación y el Comité de Política Monetaria (Copom) dejó entrever que endurecerá su política expansiva este semestre.
Los compromisos implícitos en la ronda salarial en las pautas por el Ministerio de Trabajo, requieren de una desinflación efectivamente si es que quieren evitar un correctivo importante en julio de 2023. Eso es un mecanismo de presión sobre la política para intentar cumplir con las metas de inflación. De lo contrario, van a tener que aplicar un correctivo salarial importante que va a complicar el inicio de la siguiente ronda, y la desinflación en un período preelectoral. Las propias metas pueden ayudar al gobierno a darle un golpe a la inflación en este semestre. Creo que en la reunión de agosto el Copom transmitirá su primera señal de aumento de tasas, mostrando que el BCU tiene un compromiso decidido hacia la desinflación. El BCU ya había anticipado que eso iba a darse en el segundo semestre, cuando la situación económica y sanitaria se normalizara, y esas tres cosas se están dando hoy. Además, creo que hay un elemento de economía política a poner sobre la mesa. Las firmas que se juntaron para el referéndum de la LUC van a poner al escenario político efervescente en el primer trimestre-cuatrimestre de 2022. No es lo mismo llegar a ese momento con una inflación que converge a lo que está estipulado en las pautas, que llegar a ese momento con una inflación que se consolida en 7% y que, por tanto, continúa erosionando el salario real. Eso también estimulará al gobierno a dar la batalla por bajar la inflación. Obviamente, cualquier shock externo como un golpe alcista sobre del petróleo o un aumento del dólar a nivel global por un desarme más rápido del paquete de estímulos de EEUU pueden jugar en contra.

¿Cómo ve la marcha del gobierno hasta ahora? ¿Hay puntos de contacto con el de Lacalle padre en la década de 1990? 
Eso es evidente. Fue un poco el mandato que este gobierno recibió y por el cual la ciudadanía lo apoyó. La idea de un sector público menos activo, menos involucrado y protagonista en la esfera económica es una vocación que este gobierno persigue. El herrerismo suele llegar al gobierno cuando en algún sentido la ciudadanía o una parte percibe que hubo excesos en el Estado. Eso ocurrió en 1958 después de un largo período batllista. De una manera distinta se podría decir que ocurrió en los 90, y ahora creo que hay algo de eso. Luego de un largo período donde el Estado jugó un rol clave en la asignación de recursos, orientación de decisiones económicas o un deterioro fiscal, hay un retorno hacia una mirada más promercado, más alineada a darle protagonismo al sector privado para liderar el proceso de asignación de recursos de la economía. El gobierno actual tiene un paralelismo y desafíos con estrategias que fueron desplegadas en la década de 1990. Lacalle Herrera pretendió introducir reformas importantes en el sector público. Algunas de ellas las logró, como la ley de puertos, la desmonopolización del mercado de seguros. También hubo otras que no consiguió, como la privatización de algunos servicios públicos. En este caso estamos con una agenda distinta porque no son los años 90, pero estamos bajo un gobierno que procura darle una centralidad a la asignación de recursos del sector privado que no tuvo en los 15 años anteriores. Eso forma parte de la agenda de la LUC, de los lineamientos fiscales. En ese sentido hay un paralelismo entre ambos gobiernos. De alguna forma, hay una pausa en el proceso de construcción del estado de bienestar, que cada tanto parecería volverse muy pesado para el crecimiento del país. Eso fue lo que prometió en campaña y está aplicando, aunque en la coalición hay matices. El Partido Colorado, que tienen una mirada más moderada sobre estos temas o le atribuye al Estado un papel más relevante que lo que le atribuyen algunos sectores del herrerismo. O Cabildo Abierto que también tiene miradas que procuran ser cuidadosas en el manejo de los recursos públicos, pero le atribuye al Estado un papel más protagónico. Por ahí hay ciertas contradicciones que, por ahora, la coalición de gobierno maneja sin mayores dificultades con el liderazgo del presidente (Luis Lacalle Pou) y su entorno más inmediato es el que le imprime el sesgo y la orientación general. Es por eso que, a veces, los socios manifiestan algunos matices con algunas cuestiones. 

Tampoco se ve una gran reforma insignia que distinga a este gobierno. Da la sensación de que son ajustes sobre lo que ya estaba en marcha.  
Si me preguntas cuáles son los buques insignia de este gobierno que implique que hubo un antes y un después con una claridad rotunda, ninguno. También te diría que no es inocuo. No se trata de una continuidad de lo que se estaba haciendo. Creo que eso, salvo algunos períodos donde hubo unos desafíos muy concretos, es Uruguay. Eso es parte de las fortalezas de Uruguay. Es verdad que hay orientaciones diferentes o partidos políticos con visiones diferentes, pero cuando uno mira al Uruguay desde afuera encuentra cierta consistencia. Cuando gobierna la centroizquierda hay un énfasis mayor en el Estado para actuar en la política pública y, cuando lo hace la centroderecha, un énfasis mayor en el sector privado. Cada uno de esos gobiernos traen reformas que pueden ser imprescindibles como hizo el Frente Amplio en el 2007 como la tributaria o la reforma de la salud donde Uruguay tenía un sistema muy frágil, o como fue la reforma de la seguridad social en 1996 porque las finanzas del sistema no daban para más. Esas reformas son impuestas por cuestiones externas. Es decir, cualquiera que hubiera gobernado habría tomado posiciones más o menos similares. Otras veces son reformas que tienen que ver con creencias propias del gobierno como la creación del Mides por el FA, o la generalización de la protección social para trabajadores del sector doméstico y rural, o el Sistema de Cuidados, por ejemplo. Este gobierno ha puesto énfasis que claramente marca sus matices y diferencias con la agenda del Frente Amplio, lo cual está reflejado en la LUC. Desde cómo fijar los precios de los combustibles, hasta temas que tienen que ver con la separación de los roles del regulador en la provisión de servicios públicos (Ursec, Ursea). 

La revisión de los impuestos y el error de "amputarse" una opción 

El acuerdo del G7 por una renta mundial puede obligar a Uruguay a revisar su esquema tributario.

Cuando se presentó la Ley de Presupuesto planteó que veía como desafiante cumplir con la meta de un déficit de 2,5% del PIB para el fin del gobierno sin apelar a suba de impuestos como anunció el gobierno en campaña y mantiene hoy en su discurso. ¿Mantiene esa afirmación?
Nuestro diagnóstico de 2019 era: lograr que la relación deuda/PIB convergiera a un escenario de sostenibilidad fiscal. O sea, para que dejara de crecer el cociente deuda sobre PIB en 2019 requería de una reforma de la seguridad social, una reforma en la asignación de recursos a nivel del Estado entre los cuales estaba una ajuste fiscal corriente donde había un ajuste tributario. Por supuesto, cuando llegó la pandemia ese escenario cambió todo. Una de las preguntas que uno se formulaba en este escenario nuevo en junio de 2020, era que  no tenía mucho sentido mantener la ambición de ir a una corrección fiscal como la que estaba prevista en 2019 porque el escenario era totalmente excepcional. En el mundo se estaban produciendo desvíos fiscales tan grandes, que no tenía que preocuparnos de la misma manera que en 2019 la sostenibilidad fiscal. En 2019, de los países que estaban en el mismo nivel de calificación de deuda, era uno de los peores de la clase en la mayoría de las dimensiones, sobre todo en las fiscales. Pero lo que pasó en 2020 nos dejó en un lugar claramente diferente. De hecho, Uruguay mantuvo su calificación de riesgo (grado inversor) mientras que muchos países que integraban nuestro mismo nivel lo perdieron. Entonces, esto quitó la urgencia para hacer una corrección fiscal apresuradamente ¿Por qué? Porque el mundo no está en eso y porque no tenemos tanta presión del lado de los inversores y del lado de los calificadores para lograr mejoras al ritmo que nos estaban pidiendo cuando todo era normal. En ese sentido, tampoco me complicaría en realizar modificaciones tributarias hoy. 

Podría ser más a adelante... 
Eso no quiere decir que cuando la situación se normalice, de cara al 2022-2023, los problemas fiscales que persistan o que heredemos no requieran seguir mirando el lado de los ingresos. El único comentario que hago es que es de buena gestión nunca amputarse el uso de instrumentos. Creo que es un error de los gobernantes -sobre todo cuando están en campaña- hacer promesas que no están 100% seguro que las pueden cumplir. Porque las incumplen y, por lo tanto, restan credibilidad sobre la próxima vez que tengan que prometer algo o por cumplirlas o ser prisioneros de sus palabras pueden terminar en una situación económico-social peor de la que hubieran querido. Seguramente si el esquema del G7 y la OCDE para una renta global avanza, habrá que revisar muchos de los esquemas impositivos y de promoción de inversiones, el régimen de zonas francas, qué cosas concebimos vía Comap y cuáles no, cómo competimos internacionalmente para captar inversión. Qué le pasará a nuestro IRAE, al IRPF en sus excepciones. Vamos a tener que mirar mucha cosa si eso se consolida. Tal vez terminamos en una discusión tributaria que no tenga que ver con lo fiscal sino por razones que nos viene dada por una agenda internacional. ¿Tiene sentido no revisar la tributación de la micro y mediana empresa que tiene un régimen de saltos discretos muy complejos en el monotributo y en algunas categorías tributarias, que son las empresas que más hay que ayudar en el corto plazo? Alguien está dispuesto a decir que no vamos a revisar a las mipymes para bajarle presión fiscal a esos sectores aportes a la seguridad social para la contratación de mano de obra. Si hago eso tendría que compensarlo con alguna revisión de otros impuestos como IRPF o IRAE. Alguien podría pensar que una buena política podría ser ampliar la distancia entre IRAE y las franjas altas de IRPF. De manera de transmitir una señal que fuera: si el dinero se reinvierte en la compañía -no se retienen utilidades- queda gravado a una tasa más baja que el Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE). Mientras que si lo retengo como utilidades en la franja alta de IRPF, ahí lo gravo más. Países como Chile ampliaron esa brecha en el pasado para incentivar la reinversión. Esas medidas que son procrecimiento e inversión, ¿me las voy a amputar? Hay muchas cosas desde el punto de vista tributario para mirar. El sistema tributario debería apuntar a ser lo más general posible, claro y neutro entre actividades. Por supuesto que debería contemplarse algunas especificidades. Uruguay tiene mucho para mejorar para que su sistema sea menos perforado y más equilibrado entre sectores. Hay una oportunidad para revisar nuestro sistema tributario para que se adecúe a lo que son tendencias globales y seguir captando inversiones . 


La flexibilización del Mercosur por “consenso” con matices en la forma 

Oddone no espera grandes anuncios en materia de comercio exterior durante este semestre.

Tiene expectativas con una apertura de la economía tras el resultado de la última cumbre del Mercosur. En Uruguay, sectores como la industria alertaron que no se debería pegar un portazo del bloque por sus consecuencias. Manini Ríos o Frente Amplio consideran que es necesaria una posición “menos confrontativa”.
En Uruguay, difícilmente el sistema político discrepe con lo que se está intentando hacer con el Mercosur ¿Qué se quiere hacer? Hacer del Mercosur algo del cual no me voy, pero al mismo tiempo le plantea desafíos porque, así como está, no me está generando dinamismo. Entonces, donde hay diferencias es en cómo implementarlo. El mecanismo era hacerlo a través de una declaración en una cumbre presidencial del bloque o de decir yo voy a negociar acuerdos con terceros países. ¿Ese es el camino más conveniente? Otros pensarán que es otro. Creo que la discusión está dada sobre cómo hacerlo. 

¿Y cuál es su postura sobre esa estrategia? ¿Puede Brasil tener la clave durante este semestre con la presidencia pro témpore?
Estoy lejos de ser un experto en comercio. En materia de relaciones internacionales las cosas se juegan en períodos largos. Por tanto, no le atribuiría mucha expectativa a que en seis meses logremos cosas muy concretas y rimbombantes. Comparto lo que el gobierno puso sobre la mesa. Así como está el Mercosur no es una herramienta útil desde hace mucho tiempo para que la economía uruguaya se siga expandiendo. Pero, al mismo tiempo, no es algo lo suficientemente negativo para que yo me vaya de él. No comparto la idea de que el Mercosur es un lastre para Uruguay porque hay muchas actividades y empleo que dependen crucialmente del bloque. También considero -como lo hizo el presidente Lacalle Pou- que el Mercosur es un corset para Uruguay. El delicado equilibrio acá es cómo hago para evitar ponerme al margen del Mercosur -porque hay preferencias arancelarias como son los plásticos, químicos, algunas autopartes, industria farmacéutica, arroz o lácteos, el bloque es muy importante- y, por otro lado, cómo hago para lidiar con la ausencia de una agenda global del bloque. Hoy tenemos un Arancel Externo Común (AEC) perforado por excepciones y reglas que nos impiden seguir desarrollándonos. Ese delicado equilibro es que creo debemos perseguir. No irnos, pero al mismo tiempo lograr más libertad. La pregunta es cómo se hace. Una es de manera negociada, pidiendo autorización. En principio, la experiencia de los últimos años nos enseña que no parece ser el camino por las agendas propias de Argentina y Brasil y por los temores que ellos tienen, no parecen estar dispuestos a dar un waiver (aval) en ese sentido. Y ahí se abren dos caminos. Uno es de actuar anunciando lo que vas a hacer, aunque no tengas ningún acuerdo cerrado con un tercero. Y otro camino es, de manera cuidadosa o silenciosa, avanzar en acuerdos relevantes y una vez que los tengas los comuniques (al resto de los socios). La impresión que tengo es que el gobierno está queriendo negociar con muchos jugadores extra Mercosur, pero no tiene nada concreto cerrado todavía. Por lo tanto, el anuncio que se hizo parece más bien un desafío que un hecho. Parece ser que el gobierno uruguayo ve que Brasil vería con buenos ojos su postura porque permitiría una flexibilización. Tengo la impresión de que lo que vamos a ver es una discusión en los próximos seis meses es si nos dejan o no, pero no veo nada concreto que se pueda realizar. Habrá que ver. Es una agenda más política donde la información no fluye tanto. 

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