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Oficialismo busca nueva vía para tumbar los efectos de la caducidad

Luego del plebiscito de 2009, las alternativas han sido jurídicamente cada vez más débiles

25 de febrero 2013 - 21:47hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Tres días después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad, el oficialismo comenzó a buscar una alternativa para procesar a los militares que cometieron delitos durante la última dictadura, informaron fuentes del oficialismo a El Observador.

Los primeros en realizar un planteo fueron los dirigentes del MPP. Pocas horas después, los socialistas también emitieron una declaración en ese sentido. “Respetando el principio de separación de poderes y en la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones y de la democracia, no claudicaremos en nuestro compromiso para con la verdad, la justicia, la democracia y el país”, señalaron.

El secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) analizó ayer el tema. “Se va a estudiar el impacto y el alcance del fallo de la SCJ. Nosotros creemos que si bien esto es un traspié no implica que todo quede postergado”, dijo a El Observador la presidenta del FA, Mónica Xavier.

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El representante de la Vertiente Artiguista en el organismo ejecutivo de la fuerza política, Daniel Bentancourt, dijo que van a esperar los informes jurídicos para decidir. “Se parte de la base que la ley tiene alcances complejos. Se van a escuchar los informes de los abogados que están estudiando y discutiendo el tema y luego se va a definir una estrategia que no está cerrada a nada”, señaló.

También el senador del Frente Líber Seregni (FLS), Rafael Michellini, dijo ayer en radio Sarandí que se estudiarán mecanismos alternativos a esta ley tirada abajo por la SCJ.

El camino no es sencillo: en los últimos cuatro años, el FA presentó tres propuestas para lograrlo y las tres veces fracasó.

El primer golpe fue el plebiscito del 26 de octubre de 2009. Como en 1989, los votos para anular la ley de caducidad no alcanzaron. “Me duele mucho decirlo, porque los que lo impulsaron son mis compañeros de toda la vida, pero fue un error”, dijo entonces Javier Miranda, actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) e hijo del escribano Fernando Miranda, desaparecido durante la dictadura y cuyos restos fueron hallados en el Batallón 13 a fines del 2005. “No siempre las mayorías tienen la razón”, agregó.

Tras el fracaso –por no haber concentrado sus fuerzas en el plebiscito– el FA decidió redoblar la apuesta. Pero el espacio de acción fue cada vez más reducido. Quienes luchaban para mantener la vigencia de la ley de caducidad ganaron un argumento: la ciudadanía ya se pronunció dos veces. Dentro del FA, incluso, hubo quienes se aferraron al pronunciamiento popular.

El oficialismo intentó barajar y dar de nuevo. La Vertiente Artiguista planteó impulsar un tercer plebiscito y el vicepresidente Danilo Astori derogar la ley, pero ambas iniciativas naufragaron. En abril de 2011, el FA logró redactar un proyecto para anular la ley. “Es un disparate jurídico” que además implica pasar “por encima del derecho ciudadano”, dijo el senador Jorge Saravia, quien incumplió el mandato partidario, votó en contra y abandonó el FA. Con similares argumentos, Eleuterio Fernández Huidobro votó la ley pero renunció a la banca. Con su voto, la iniciativa pasó a Diputados. Allí el Frente Amplio no logró la mayoría. El presidente José Mujica le pidió a Víctor Semproni que no levantara la mano y el impulso, otra vez, encontró su freno.

Pero el FA, presionado por organizaciones de izquierda, redobló una vez más la apuesta y gestó la ley interpretativa de la ley de caducidad, que expresa que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriben por ser de lesa humanidad. Apurado porque los crímenes estaban por prescribir y presionados por grupos de izquierda, el oficialismo aprobó la iniciativa, a pesar de que los juristas habían advertido a los legisladores que la ley presentaba vicios de constitucionalidad (ver recuadro).

Un militar y un policía terminaron tras las rejas por esta ley. Pero la SCJ la declaró este viernes inconstitucional y el FA, después de haber quemado tres cartas, volvió a foja cero.

La presión de grupos defensores de los derechos humanos se mantiene. Ayer se agruparon frente a la sede de la SCJ para expresar su disconformidad. Y muchos apuntan sus dardos a miembros del oficialismo, en particular, al ministro de Defensa, Fernández Huidobro (ver página 4).

Con la presión de estos grupos en la espalda, el fallo de la SCJ como una piedra en el zapado, la opinión de juristas que no muestran alternativas posibles y dos plebiscitos en contra, el FA busca tumbar la ley de caducidad. Los constitucionalistas coinciden en que es una tarea cada vez más difícil.

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