Oficialismo reivindica “transparencia” de suba de combustibles en campaña y la oposición critica su impacto en el bolsillo

Desde la coalición de gobierno se celebró en primer lugar el “esfuerzo” por atenuar la suba –los precios de paridad de importación (PPI) indicaban un incremento dos veces mayor–, y también argumentaron que la decisión echa por tierra la acusación, por parte de la izquierda, de que el gobierno estaba esperando a que pasara el referéndum para realizar el ajuste.

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“Punto final a otra de las falacias de quienes quieren derogar 135 artículos de la LUC. ¡Este gobierno es transparente!”, exclamó la senadora nacionalista Graciela Bianchi, a través de su cuenta de Twitter.

Omar Paganini, ministro de Industria, dijo este lunes que se trata de “un ajuste mínimo en los combustibles”, que toma en cuenta el aumento “muy fuerte” de los costos del petróleo en el último mes (alrededor de 15%) y el acumulado desde la última vez que se ajustaron las tarifas al público en setiembre. “Se hizo el menor aumento posible tomando en cuenta también las finanzas de Ancap. O sea que se va a seguir utilizando lo que queda de las ganancias extraordinaria de Ancap del año pasado para mitigar lo que ha sido este aumento de los costos. El aumento debería ser de aproximadamente el doble”, afirmó el rueda de prensa.

“Lo que quiere el gobierno en lo posible es no trasladar a la economía y a la ciudadanía el aumento de costos internacionales que se está dando y que es muy notorio. Hoy estamos transparentemente diciendo que el precio debió haber subido más. Como todavía tenemos resto, como todavía tenemos espalda, podemos diferir un poco ese aumento, pero lo estamos haciendo hoy 1° de febrero, independientemente de todo el debate de la LUC”, sostuvo Paganini.

El martes pasado, el presidente Luis Lacalle Pou había dicho que hasta el momento existía "espalda" para hacer frente a la presión al alza, pero que el gobierno estaría atento a los nuevos números, que finalmente torcieron la balanza hacia una suba. En esa ocasión, además, Lacalle fue consultado sobre el argumento de la izquierda respecto a que una vez que pasara el referéndum, el gobierno decretaría un aumento de los precios. "Si saben tanto, que digan los números del 5 de oro", respondió irónicamente.

Desde filas del Frente Amplio y los sindicatos, las primeras reacciones a la decisión del Poder Ejecutivo apuntaron a la suba acumulada de los precios de las tarifas, y su contraposición con el salario real. 

"Un nuevo aumento de combustibles de $3 para la nafta, gasoil y supergás, significa un aumento de 25%, 33% y 18% en los últimos 12 meses. Mientras tanto el de salarios y jubilaciones fue un 6%. Menos los salario s crece todo", cuestionó el senador Alejandro Sánchez (MPP). El diputado Daniel Caggiani, del mismo sector, planteó que "desde que se aprobó la LUC el litro de nafta aumentó $ 20, mientras que el del gasoil subió $ 8". “¿Dónde quedó la promesa de campaña de bajar el precio de los combustibles?”, preguntó. 

Quien también se pronunció al respecto fue Gerardo Rodríguez, secretario general de la Federación Ancap (Fancap). "Vuelven a subir los combustibles. Queda demostrado el fracaso de la regulación creada por el gobierno en la LUC (PPI) que perseguía 2 objetivos: bajar las tarifas y transparencia".

"Los hechos han demostrado que la LUC no solo no sirvió para bajar los combustibles, sino por el contrario subieron en forma significativa. Tampoco brindó transparencia porque el gobierno se ha encargado de manipular los precios según sus intereses, violando sistemáticamente la norma que crearon", escribió.

Continuar con el mecanismo

En el Ejecutivo están decididos a continuar con el mecanismo basado en el PPI como la “política” para la fijación de precios de los combustibles, aun en el caso que sean derogados los 135 artículos de LUC por la vía de un referéndum, según supo El Observador en base a fuentes oficiales.

El artículo 235 dice que el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por Ancap, con entrega en cada una de sus plantas de distribución, previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y de Ancap.

Según se explicó, lo que la ley hizo fue generar un mecanismo que antes no existía, pero se mantuvo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre qué hacer con los precios. Por ejemplo, aun cuando el artículo fuera derogado, el gobierno podría pedir a la Ursea que le envíe los insumos para actualizar los precios, en base al criterio que hoy se considera “es el más conveniente” y “transparente”.