La mesa interpartidaria por seguridad continúa afinando propuestas y sumando otras nuevas a las grandes premisas que informaron en el documento conjunto que tiempo atrás presentó el Ministerio del Interior y que nucleaba propuestas de todos los partidos. En una de las últimas reuniones, a cuyas actas accedió El Observador, generó polémica la propuesta del representante de Cabildo Abierto, Jorge Gómez Arbiza, de que el trabajo para los presos sea obligatorio.
Junto con el fortalecimiento de las comisarías, ha sido de las principales propuestas de Cabildo Abierto. Pero según refleja el acta, generó el duro rechazo del representante del Partido Colorado Andrés Ojeda que sostuvo que la Constitución indica que el trabajo que toda persona realice contra su voluntad es "trabajo esclavo" y ello condice con los tratados internacionales ratificados por Uruguay.
Gómez Arbiza se refirió a que si bien Uruguay ratificó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se prohíbe el trabajo forzoso, el artículo 2 literal C excluye de esta definición "cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial" siempre que el preso "no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado".
A su vez, argumentó que podría funcionar como cuando se impone la medida de trabajo comunitario.
Sin embargo, Ojeda mantuvo su discrepancia y le dijo que no era trasladable porque el trabajo comunitario es una alternativa que genera beneficios para la persona, que si no debe ir a la cárcel. También que ese artículo de la OIT refiere a la imposición del trabajo comunitario, el que, si la persona no quiere cumplirlo, tiene la alternativa de ir a prisión. Insistió en que ponerlo en práctica sería violatorio de todos los tratados de Derechos Humanos que suscribió Uruguay.
La idea de Cabildo Abierto es que al preso que no quiera trabajar se le impongan sanciones administrativas, como aquellas que se imponen cuando un recluso tiene mala conducta. Las represalias pueden ser la imposibilidad de recibir visitas o ir a otro centro penitenciario.
Ministerio de Justicia y homicidios
Sobre la propuesta de Cure Violence para prevenir los homicidios, los representantes del oficialismo se mostraron proclives a aceptarlo, aunque con algunas precisiones. Gustavo Leal, representante por el Frente Amplio, indicó que “le falta mucho aterrizaje” y que le hace falta “leer la letra chica” para pronunciarse sobre el tema.
Este proyecto nacido en Chicago consiste en reclutar personas que conocieran de primera mano el espeso ambiente del crimen (exmiembros de grupos criminales) y encomendarles detectar e interrumpir posibles hechos de violencia.
Por otra parte, Gómez Arbiza recalcó que hay que capacitar a policías que concurran a talleres para que sepan “responder cualquier tipo de preguntas de los jóvenes”. “La idea es no dejar una imagen meramente represiva de la policía en los jóvenes, sino más bien defensiva”, argumentó, de acuerdo a lo que consta en el acta.
Sobre el proyecto del Ministerio de Justicia –que impulsa Andrés Ojeda– la mayoría de los actuantes dijeron estar de acuerdo, a excepción del Partido Nacional, quien pidió un plazo “de un tiempo” para que el partido fije una postura. Indicó que ello ocurriría en el directorio que tuvo lugar el martes 2 de mayo. El Frente Amplio ya había manifestado antes que lo debatirá en su congreso nacional.
Más adelante, el representante del Partido Nacional propuso que exista una aplicación de celular donde integrantes de la Dirección Nacional de Libertad Asistida puedan localizar rápidamente a personas que estén con monitoreo electrónico.
