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Oposición reclama registro de violadores; FA dice que ya existe y que solo falta "levantar la reserva" para casos específicos

El oficialismo señala que el proyecto de Lacalle Pou es "redundante" y "desactualizado"; presentarán una propuesta alternativa

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06 de junio de 2018 a las 05:00

Una "avivada" política del senador nacionalista Luis Alberto Heber –según la calificó el propio legislador– llevó a que la comisión de Constitución del Senado tratara este martes el proyecto de ley de Luis Lacalle Pou para crear un registro de violadores y abusadores sexuales.

Durante una sesión del 5 de diciembre del año pasado, Heber aprovechó que algunos senadores frenteamplistas habían salido por unos minutos y pidió que el asunto se incluyera como prioridad en el orden del día.

Exactamente medio año después, la comisión recibió a delegaciones de la Policía Científica y el Instituto Técnico Forense (ITF) para que dieran su parecer sobre el proyecto, y relataran qué información manejan actualmente sobre los criminales. Sin embargo, los legisladores del oficialismo y la oposición salieron de sala con versiones diferentes acerca de la información que habían recibido puertas adentro.

Tanto los senadores oficialistas como el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se fueron con la idea de que la Policía Científica ya cuenta con una base de datos detallada y de "última tecnología". En cambio, los miembros del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) tomaron las declaraciones de las autoridades desde una perspectiva distinta, y aseguraron que si bien la Policía cuenta con una base de datos global sobre las personas procesadas y condenadas, no tiene un registro específico de violadores y abusadores, como plantea crear el proyecto de Lacalle Pou.

FA planteará propuesta alternativa

La posición del Frente Amplio es que el proyecto de Lacalle Pou está "desactualizado" y es "redundante", según expresaron por igual los senadores Charles Carrera (MPP) y Constanza Moreira (Casa Grande).

En el oficialismo resaltaron que la ley de violencia de género, aprobada por el Parlamento a fines de 2017, ya dispone limitaciones a las personas procesadas por violación, abuso o atentado violento al pudor. En su artículo 79°, la ley señala que "las personas sujetas a proceso" por delitos de abuso sexual y violación quedarán "inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud, y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por un plazo de diez años si recayera sentencia de condena o hasta su sobreseimiento o absolución".

La bancada del FA reconoce que lo que hace falta es detallar, en la reglamentación, de qué manera se puede cumplir con ese mandato.


Moreira dijo a El Observador que "el FA presentará una alternativa a partir de la semana que viene" tomando como insumo la información proporcionada por la Policía y el ITF. "Lo que hay que hacer es levantar la reserva legal para que las instituciones puedan acceder a esos datos, y a eso nos abocaremos", señaló la legisladora, quien agregó que el FA propondrá que el acceso al registro sea "con fines restringidos a efectos de dar cumplimiento a la ley de violencia de género".

Carrera, en tanto, dijo que "existe la voluntad política de los legisladores frenteamplistas de trabajar para asegurar la inhabilitación planteada por la ley".

Sin embargo, los senadores Luis Alberto Heber (PN) y Pedro Bordaberry (PC) manifestaron durante la sesión que el registro previsto en el proyecto por Lacalle Pou sigue siendo "necesario", más allá de la información que maneje actualmente la Policía y más allá de lo que dicte la ley de violencia de género.

"Hay un registro de todo, pero no específicamente de los violadores", cuestionó Heber, quien criticó a sus pares frenteamplistas. "Cuando se fueron las delegaciones, los senadores del FA dijeron que habían interpretado que el registro ya existía. ¡Parecería que hubo dos reuniones distintas!", comentó.


El senador nacionalista pretende que en la próxima sesión se someta el proyecto de Lacalle Pou, para obligar al FA a decir si apoya o no la creación de un nuevo registro. "Es increíble que en un país donde vivimos permanentemente registrados no quieran registrar a los violadores", manifestó Heber, y dijo que las resistencias del oficialismo al proyecto se fundamentan en "no estigmatizar" a los criminales.

"¡Sí, yo los quiero estigmatizar! Quiero saber quiénes son para que no puedan acercarse a los niños", agregó el senador.

Mieres, por su parte, dijo que hay "mucha tecnología incorporada" y que se "ha avanzado mucho", por lo que el trabajo "es más sencillo" que lo que planteaba el proyecto del senador nacionalista. "Ellos tienen la información sobre todos los delincuentes. Parece que simplemente es un trabajo de segmentar, para que el uso de esa información pueda dar garantías a la gente", afirmó.

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