Ortega, imparable, barre con la oposición en Nicaragua: detuvo ya a siete políticos, cuatro de ellos precandidatos presidenciales

A Pallais se lo acusa de "incitar la intervención extranjera en los asuntos internos", "pedir intervenciones militares" y organizarse con fondos externos para "ejecutar actos de terrorismo y desestabilización" del gobierno de Ortega.

Los delitos imputados a Pallais y a los otros seis opositores detenidos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega.

Pallais es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional y durante las protestas contra Ortega de 2018 fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo que buscaba una solución al conflicto.

Los cuatro aspirantes a la presidencia que fueron detenidos en la última semana son el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el exdiplómatico Arturo Cruz y la periodista Cristiana Chamorro.

También están detenidos el expresidente del gremio de empresarios, José Adán Aguerri y la activista de la sociedad civil Violeta Granera.

Medios afines al gobierno han adelantado que se producirán nuevas detenciones contra dirigentes políticos y activistas de la sociedad civil a los que las autoridades culpan de ser los responsables de las protestas que en 2018 dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno del presidente Ortega, que lleva 14 años de forma consecutiva en el poder, dice que la revuelta fue un intento de golpe de Estado para expulsarlo de la presidencia.

"El operativo está empezando y falta gente (...) la ley es pareja, el que traiciona a la patria es un delito", dijo el comunicador y simpatizante del gobierno William Grigsby en su programa "Sin Fronteras" de Radio La Primerísima.

Las capturas de opositores han provocado condenas de Estados Unidos y otros países que han demandado la liberación inmediata de los afectados.

Exigencias de la ONU

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió la liberación de los precandidatos presidenciales opositores nicaragüenses detenidos por orden del gobierno de Daniel Ortega, según informó el miércoles su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres "está muy preocupado por los recientes arrestos, así como por la invalidación de candidaturas de dirigentes de la oposición en Nicaragua", añadió. 

"Estos desarrollos pueden socavar seriamente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones generales de noviembre", explicó.

En Nicaragua se necesita "un consenso amplio (...) sobre medidas para tener unas elecciones creíbles, participativas e inclusivas en noviembre", agregó el vocero de Guterres.

Además de la detención de los precandidatos, el tribunal electoral de Nicaragua eliminó a los opositores del Partido de Restauración Democrática (PRD, evangélico) y al Partido Conservador (PC, derecha), el más antiguo.

Ortega, un exguerrillero de izquierda que gobernó Nicaragua de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 en elecciones democráticas y ganó luego dos reelecciones sucesivas.

No obstante, ha sido acusado por la oposición y por organizaciones no gubernamentales de liderar un gobierno autoritario y de la represión brutal de manifestaciones contra su gobierno en 2018.

Sanciones de EEUU

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas a cuatro funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente Daniel Ortega, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo, luego de una serie de arrestos de opositores denunciados por Washington. 

El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo "al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes".

Además de Ortega Murillo, hija del presidente y de la vicepresidenta Rosario Murillo y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, otros tres allegados al mandatario fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Ellos son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y el general Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército nicargüense.

Esto supone el bloqueo de todo activo que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición de toda transacción con individuos y entidades estadounidenses. 

El gobierno estadounidense del presidente Joe Biden dijo el martes que los arrestos confirman que el mandatario es un "dictador", y pidió a la comunidad internacional que "lo trate como tal".

"Estados Unidos llama al presidente Daniel Ortega y al gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a los candidatos presidenciales", "así como a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido arrestados durante la semana pasada", dijo el miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Advirtió que tanto Ortega como "quienes ejecuten sus órdenes autoritarias" serán considerados personalmente "responsables de la seguridad y el bienestar" de los detenidos. 

"Estados Unidos continuará usando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión", agregó Price, en una velada amenaza de nuevas sanciones. 

AFP