Pablo Abdala: preacuerdo con Shell es "mucho peor que la ley de asociación de ANCAP de 2003"

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo este viernes en el Parlamento que el memorándum de entendimiento entre el Estado uruguayo y la empresa Shell, para la eventual construcción de una planta regasificadora, contiene "ilegalidades e ilicitudes muy notorias", ya que "le entrega a la multinacional una porción" de territorio "sin ley habilitante y sin que haya un proceso competitivo".

Abdala fue quien convocó a la ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse, quien compareció ante la comisión permanente para informar acerca de los detalles del preacuerdo entre Gas Sayago y Shell, firmado en setiembre del año pasado y con plazo hasta el próximo 31 de marzo, cuando se definirá si la inversión se concreta (a no ser que la empresa pida una prórroga).

Según el contenido del memorándum, Shell construiría la planta en el lugar donde estaba prevista la regasificadora de Gas Sayago (un proyecto que fracasó) y mantendría el 100% de las acciones.

En su introducción, el legislador nacionalista aseguró que es "irónico" que el Frente Amplio defienda este proyecto, cuando se trata de "un partido que hizo un tema central de la defensa de los servicios públicos y su oposición a toda forma de participación privada". En ese sentido, aseguró que el contenido del documento firmado "es mucho peor que la ley de asociación de ANCAP de 2003", que fue derogada por la ciudadanía en el referéndum de 2004.

"Aquella ley establecía una asociación donde el Estado conservaba la mayoría accionaria, se reservaba las decisiones estratégicas, intervenía en la coparticipación de la nueva sociedad", afirmó Abdala, y agregó que la eventual firma de un acuerdo sería "un paso para privatizar y monopolizar el servicio de gas natural". En cambio, según el legislador, en este caso "hacemos un arreglo directo, le entregamos una porción del territorio en condiciones ilegales, entregamos los bienes materiales que tenemos, le damos utilización exclusiva, la empresa no va a pagar canon y no es seguro que nos abastezca de gas natural".

A su turno, la ministra Carolina Cosse dijo que el legislador "confundió algunos conceptos". En primer lugar, acotó que el documento "no es un acuerdo definitivo" sino "un memorándum de entendimiento". Por otra parte, dijo que "una cosa es regasificar y otra es la comercialización del gas".

Además, dijo que "el riesgo de tomar capacidad de regasificación" corre por cuenta de la empresa y afirmó que "ni UTE ni ANCAP tomarán más capacidad de la que necesiten y negocien a su real entender". En su propuesta, agregó, "Shell propuso abrir un periodo de negociación con Gas Sayago para lograr una tarifa de regasificación competitiva".

Cosse afirmó que "en este proceso no hay nada ilegal" y comentó que Gas Sayago abrió un proceso competitivo "abierto" en 2016, y que Shell "fue la única empresa que cumplió con ciertas condiciones formales valoradas como básicas".

El llamado, según la ministra, consistía en "una invitación a ofertar para tomar la capacidad de regasificación y colocarla según le parezca al privado".

Esa explicación, sin embargo, no satisfizo a Abdala, quien aseguró que el llamado al que se presentó Shell era para vender gas. "Si en el marco de ese llamado Shell transmitió a las autoridades su interés de construir una terminal, bienvenido sea, pero es otro negocio", afirmó el legislador.

Fuera de las cortas respuestas y aclaraciones de la ministra, la sesión derivó en un debate sobre los servicios públicos y los proyectos de privatización a lo largo de los años. El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, aseguró que "las dificultades del suministro de gas natural son consecuencia de la aventura privatizadora que se llevó a cabo en el país", desde épocas de la dictadura. "Cuando se plantea con tanto énfasis la posibilidad de privatización, ¡ustedes ya lo hicieron!", recriminó.

Por su parte, dijo que le parece "atendible" el planteo de "evitar" un avance privatizador. "No queremos la entrega de la soberanía a manos de una multinacional", agregó Puig.

El senador colorado, Pedro Bordaberry, contestó que a los legisladores oficialistas "les cuesta hablar de privatizaciones porque han sido los mayores privatizadores de la historia". "Han hecho lo que nosotros no nos animamos a hacer. Están privatizando, no tengan miedo de aceptarlo, y los felicito, no se los enrostro", aseguró.

La diputada Lilián Galán señaló que "la oposición hizo todo lo que pudo para afectar el clima de negocios" y sugirió que las comisiones investigadoras y la "agitación de banderas de transparencia" entorpecieron el proceso. "Todos tenemos que hacernos responsables de que haya sido solo Shell la que cumplió con todos los requisitos", afirmó.

Sus declaraciones despertaron el rechazo de los legisladores opositores, como el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. La comisión investigadora, señaló, "no afectaba el clima de negocios", sino que "ilustraba sobre cosas que pasaban en Uruguay".