Pandillas criminales de Ecuador anunciaron un pacto de paz con el gobierno de Lasso

Los acontecimientos han despertado una profunda preocupación en todo el país y profundizado la crisis política en curso, que empeoró mucho cuando el presidente Guillermo Lasso activó la medida de muerte cruzada el 17 de mayo, disolvió la Asamblea Nacional del país y convocó a elecciones generales anticipadas.

Luisa González, la candidata presidencial por el partido de izquierda Movimiento Revolución Ciudadana, afirmó: “Es indignante ver un gobierno totalmente inoperante. Que sean los líderes de las bandas criminales los que se pronuncien solo significa una cosa: las bandas tienen el control del país y no el presidente de la República”.

Luego de tres meses de relativa calma, el Penal Litoral o CPL Guayas 1 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, volvió a ser escenario de violentos motines entre el 22 y el 25 de julio de 2023. El 22 de julio, enfrentamientos entre bandas criminales rivales Los Lobos y Los Tiguerones estallaron en Litoral. Los internos utilizaron armas de fuego y explosivos durante los enfrentamientos que se prolongaron hasta el 25 de julio. Según la Fiscalía, en las reyertas murieron 31 reos y otras 14 personas, incluido un policía.

Los disturbios en la Penitenciaría del Litoral también provocaron una serie de protestas en otras cárceles. Los internos de los penales de Latacunga, Riobamba, Ambato, El Inca, Azogues y Esmeraldas iniciaron una huelga de hambre y retuvieron a más de 120 personas, entre policías, guías penitenciarios, auxiliares administrativos y visitantes, para exigir mejores condiciones sanitarias y alimentación, entre otros. asuntos.

Esto llevó a Lasso a declarar el estado de emergencia por 60 días en los 36 centros penitenciarios del país el 25 de julio, autorizando el ingreso de las Fuerzas Armadas a los penales para recuperar el control. Tras el estado de emergencia, 1.500 miembros de la Policía Nacional y 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al Centro Penitenciario del Litoral para controlar la situación.

El 26 de julio, se informó que las fuerzas de seguridad del Estado habían retomado el control de la prisión, que se había levantado la huelga en otras cárceles y liberado a los rehenes con el apoyo de personal de seguridad adicional.

En tanto, la Fiscalía informó que había reabierto dos investigaciones previas contra las autoridades: una por el asesinato de internos en los penales y otra por actos de terrorismo por las detonaciones y cantidad de armas y municiones encontradas al interior de los penales en allanamientos incidentes recientes.

El lunes 24 de julio, Lasso también declaró el estado de emergencia en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en la ciudad de Durán luego de que el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado a tiros.

También se registraron varios ataques en el centro de la ciudad de Esmeraldas el 25 de julio, incluidas explosiones frente a la Fiscalía y la Corporación Nacional de Electricidad, así como otros hechos de violencia, lo que llevó a las autoridades a suspender temporalmente diferentes actividades, incluidas las clases presenciales. El 28 de julio, dos policías fueron asesinados a tiros mientras desayunaban en un área de descanso en Samborondón, en la provincia de Guayas.

Tras el estallido de violencia y la declaración del estado de emergencia, diversas bandas criminales que operan en Ecuador, a través de videos difundidos en las redes sociales, anunciaron que habían llegado a un acuerdo para ofrecer un período de paz en el país. También aludieron a la firma de un supuesto pacto de paz con el gobierno nacional y la policía. Mientras tanto, el gobierno derechista del actual presidente Guillermo Lasso negó cualquier tipo de acuerdo con bandas criminales.

El martes 25 de julio, el líder de la banda criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, en un mensaje de video, anunció que su banda había llegado a un acuerdo de paz con Los Lobos, Los Tiguerones, Fatales, Latin Kings, Ben-10, M-18 y R-7 para acabar con la extorsión, el secuestro y las muertes violentas.

Macías también ofreció entregar las armas que poseen las bandas criminales en las cárceles del país para ayudar a pacificar la situación de violentos motines carcelarios. En el video, supuestamente grabado dentro de un penal de la ciudad de Guayaquil, se ve a “Fito” rodeado de otros cuatro integrantes, quienes estaban armados con pistolas y rifles, y un policía.

Es importante señalar que el ingreso de cámaras y armas, así como el acceso a Internet están obviamente prohibidos en las cárceles de todo el país. La cadena digital de noticias ecuatoriana Primicias ha alegado que el verdadero objetivo de Macías detrás del acuerdo de paz es reagrupar a las micropandillas para bajar las tensiones y asumir el control total de las cárceles.

Horas después del video de Fito, el líder de los Asesinos de Chone, Antonio Camacho, alias Ben-10, también se pronunció en redes sociales, confirmando la tregua anunciada por Macías. “No quiero más problemas con Las Águilas, Latin Kings, Tiguerones y Fatales. quiero estar tranquilo Por mi parte va a ser un cambio total”, dijo Camacho desde su escondite.

El miércoles 26 de julio, un vocero de la banda Tiguerones también anunció un pacto de paz con Los Choneros, Las Águilas, M-18, R-7, Lobos, Latin Kings, Ben-10. En un video, difundido desde el penal de Esmeraldas, se ve al vocero sentado junto al director del penal Iván Toledo, un sacerdote y una mujer, a quienes se refirió como los delegados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y otros pandilleros.  Frente a ellos había una mesa en la que había más de una decena de cuchillos y machetes y dos revólveres, que según Toledo los pandilleros habían entregado como muestra de su compromiso con la paz.

Esa misma noche, el grupo criminal Los Lobos también difundió un video en el que hablaban del acuerdo por la paz en Ecuador. El vocero, que tenía el rostro cubierto, aclaró que Los Lobos no había hecho circular los panfletos que amenazaban a la población con actos de terror. También agradeció al ministro del Interior, Juan Zapata, por supuestamente escuchar su pedido y llegar a un diálogo de paz “en beneficio de todo el país”. Además, advirtió, acompañado de decenas de pandilleros, que, si no se cumple el pacto, tienen la fuerza y las armas “para hacer la guerra”.

Pese a la participación de funcionarios policiales en los mensajes de video y el agradecimiento expresado al ministro del Interior, Guillermo Lasso negó que su gobierno haya llegado a algún acuerdo con el crimen organizado en el país.

“El crimen organizado está tratando de imponerse, pero no nos rendimos. Quiero ser enfático: no hemos hecho un pacto con los delincuentes como pretenden mostrar”, dijo Lasso el jueves 27 de julio durante un acto realizado en Quito capital para la entrega de municiones a la Policía Nacional.

Por su parte, el ministro Zapata aseguró que nadie en el gobierno está autorizado para sentarse a conversar con los grupos criminales. Dijo además que se abrió una investigación sobre el policía que aparece en el video de Fito.

De igual forma, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), organismo estatal a cargo de los centros penitenciarios de Ecuador, Guillermo Rodríguez, afirmó que lo anunciado por estas bandas fue “una entrega voluntaria (de armas) y subrayó que “los pactos están entre ellos y que la policía no tiene nada que ver en ese tema”.

Esta no es la primera vez que se acusa al gobierno de Lasso de tener vínculos con el crimen organizado. En enero, el medio digital ecuatoriano La Posta publicó una serie de documentos y grabaciones de audio que vinculaban a varios funcionarios del gobierno y al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, por supuestos actos de corrupción y relaciones con miembros de la mafia albanesa.

La publicación del informe por parte del medio de comunicación llevó a la Fiscalía a iniciar investigación contra varios funcionarios públicos dentro de empresas públicas. También llevó a la oposición -mayoritaria en el Congreso- a iniciar un juicio político contra Lasso. Para evitar la posibilidad de ser investigado y destituido, en mayo, Lasso disolvió el parlamento unicameral del país y convocó a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

(Peoples Dispatch)