Los independentistas califican de "presos políticos" a los ocho miembros del gobierno regional destituidos por Madrid
Amnistía Internacional estimó que los dirigentes independentistas catalanes encarcelados no pueden considerarse "presos de conciencia" dado que "están acusados de actuaciones que pueden constituir un delito", dijo este jueves un portavoz de la entidad.
Los independentistas califican de "presos políticos" a los ocho miembros del gobierno regional destituidos por Madrid, encarcelados de forma preventiva tras haber sido inculpados por rebelión, sedición y malversación de fondos, así como a los dos dirigentes de asociaciones separatistas imputados por "sedición".
Pero la sección española de Amnistía Internacional, interpelada al respecto en las redes sociales, indicó que la organización "no utiliza el concepto de preso político porque no existe una definición internacional" y se decanta por "preso de conciencia".
Esta expresión no es aplicable por ahora a los dirigentes independentistas, según la ONG. "Amnistía no considera que sean presos de conciencia porque están acusados de actuaciones que pueden constituir un delito", indicó.
"La Justicia española tiene derecho a investigar estos posibles delitos", afirmó un portavoz a la AFP.
Tampoco lo considera en el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los presidentes de las asociaciones independentistas ANC y Omnium, aunque en su caso reclaman la retirada de los cargos de sedición al entender que no hubo violencia en las manifestaciones que organizaron y "la salida de la prisión", precisó.
"Que sean presos de consciencia o no, no supone que Amnistía Internacional no se preocupe por su caso", añadió.
La organización vigilará que reciban "un juicio justo" y con garantías y lo mismo con los seis parlamentarios catalanes, entre ellos la presidenta de la institución Carme Forcadell, que declaran este jueves ante un juez del Tribunal Supremo de Madrid.
Amnistía denunció "el uso de la fuerza excesiva y desproporcionada" por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno español para impedir el referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña del 1º de octubre.
