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Paraguay busca más inversión uruguaya con normas laborales “muy amigables”
“Tenemos números muy buenos que invitan a invertir en Paraguay. La idea es que aprovechen esta coyuntura tan buena”, dijo este miércoles en Montevideo la ministra de Trabajo y Seguridad Social de ese país, Carla Bacigalupo.
En una disertación para empresarios organizada por la Cámara de Comercio Uruguayo–Paraguaya, la ministra repasó algunos datos macroeconómicos y del régimen tributario vigente para la inversión extranjera e hizo especial hincapié en la situación de las relaciones laborales.
“Tenemos normas laborales muy amigables”, dijo Bacigalupo antes de comenzar a hablar sobre la campaña de formalización del empleo que lleva adelante el nuevo gobierno, pero que aclaró no tiene “una conducta severa ni sancionatoria” para las empresas.
Formalizar la economía y el empleo no se logra de un día para otro. Según la ministra, en esta etapa el objetivo es construir una política de cumplimiento de los derechos laborales sensibilizando tanto a empleadores como a trabajadores. “En Paraguay hay un mito de que formalizarse es caro y eso no es así”, apuntó.
El mercado de trabajo en Paraguay muestra que el 70% de los trabajadores está en la informalidad y no aporta a la seguridad social. Ese porcentaje equivale a algo más de 1,86 millones de personas. Solo el 21% realiza aportes al Instituto de Previsión Social (similar a BPS) y el resto a otras cajas, como la bancaria, por ejemplo.
El gobierno busca reducir la informalidad, mediante incentivos dirigidos a las microempresas (tienen de dos a cinco empleados y dan trabajo al 30,8% de las personas), como créditos blandos y formación laboral, además de otros planes de mejoramiento de la productividad dirigidos también a pequeñas empresas.
El aporte obrero-patronal es hoy de 25,5% mensual en el sector privado, distribuido en 9% para el trabajador y 16,5% para el empleador. Eso brinda cobertura por varios motivos, pero no seguro de paro, que no está contemplado en la normativa vigente.
A modo de ejemplo, en tres meses y mediante cruzamiento de datos entre distintos organismos de gobierno se detectaron 300 mil personas que estaban inscritas en el Ministerio de Trabajo, pero fuera del sistema de seguridad social. Esa cifra es casi el 50% de los cotizantes actuales a la seguridad social (alrededor de 708 mil).
“Hasta ahora la formalización no se tomaba en serio y los controles cruzados no se hacían. Hoy tenemos una estrategia integrada para la formalización del empleo. (…) La estrategia prevé una disminución de 5% por año. Estamos hablando de formalizar 93 mil personas por año. Con un clic en un mes migramos al sistema de seguridad social a 300 mil”, dijo Bacigalupo.
Además, hoy funciona una unidad especial dentro de la cartera de Trabajo que guía en aspectos laborales a los inversionistas extranjeros y también ofrece servicios de reclutamiento de mano de obra especializada según la demanda y de capacitación. También se ofrece la posibilidad de que técnicos de la empresa que pretende instalarse sean contratados para formar instructores en áreas específicas si el país no cuenta con esos conocimientos.
Un destino atractivo para los uruguayos
Actualmente hay más de 100 empresas uruguayas que decidieron echar raíces en ese país para maximizar el retorno de su capital. Quizá los ejemplos más conocidos se den en la ganadería y agricultura, pero poco a poco se van sumando otros rubros y empresas de servicios. Uruguay es uno de los principales orígenes de la inversión extranjera directa en Paraguay con una monto que superó los US$ 200 millones en 2017. A las ventajas tributarias, ahora se suman otros atributos que son valorados por los inversores, como la estabilidad y previsibilidad de la macroeconómica con un déficit fiscal controlado, una deuda inferior a los 20 puntos del PIB y una inflación por debajo del 5%.
Paraguay ha sido uno de los destacados de América Latina con una mayor expansión promedio anual superior al 4% en la última década. Cuenta con una política macroeconómica ordenada, un déficit fiscal bajo control con una ley que impide un rojo mayor al 1,5% del PIB, una inflación por debajo del 5% (referencia para el aumento del salario mínimo), una moneda estable y una deuda pública del 18,5% del PIB. Para los empresarios ofrece un abanico de incentivos, como un combo triple de 10% que abarca el impuesto a la renta, la misma tasa para el IVA, al igual que para los impuestos para las personas físicas y la empresas. La presión tributaria general está en torno al 9%.
Acuerdo bilateral
