Paraguay: el Legislativo debate un posible juicio político a la fiscal general por el “Caso Cartes”

La iniciativa cobró impulso esta semana, luego que el gobierno de Estados Unidos anunciara la incorporación de Cartes a su lista Engel de personas “significativamente corruptas” y resolviera prohibirle el ingreso al territorio estadounidense, además de congelar sus activos en ese país.

La posible destitución de Quiñónez es la primera consecuencia concreta de la situación de Cartes, referente de uno de los dos sectores del oficialismo y dueño de un grupo de empresas dedicadas a varios rubros e incluye también medios de comunicación en la industria televisiva (GEN TV, Tropicalia, Canal HEI), diarios (La Nación, Crónica y Diario Popular y el portal de noticias Hoy) y radios (970 AM, Radio Laser, HEI Radio 91.9 FM y Radio Montecarlo).

El tema, sin embargo, ya estaba instalado en la agenda política desde que se conoció en mayo pasado que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) había remitido a la Fiscalía General a cargo de Quiñónez un informe sobre el presunto esquema de lavado de activos del exmandatario, esquema que lo involucraría personalmente, como así también a varias personas allegadas y algunas de sus empresas.

El informe de las Seprelad indica que las firmas de Cartes, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”.

Quiñónez está acusada de obstaculizar las investigaciones que involucran al expresidente. El pedido de juicio político, el tercero que enfrenta la funcionaria, fue presentado por legisladores de la oposición y acompañado por los diputados oficialistas del partido Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) que responden al actual presidente Mario Abdo Benítez, quien sucedió a Cartes al frente del Poder Ejecutivo.

Una de las empresas del expresidente se vio implicada en el caso del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina desde el 10 de junio. Antes de llegar a la ciudad de Buenos Aires, la aeronave transportó a Aruba un cargamento de cigarrillos de Tabacalera del Este -una de las empresas de Cartes-, de acuerdo con un informe remitido la semana pasada por la Seprelad a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina.

La sesión

Quiñónez enfrenta un proceso parlamentario que requiere el apoyo de 53 legisladores de los 80 que componen la Cámara de Diputados. La sesión, que se desarrolla en un clima de creciente tensión entre los legisladores, disparó incidentes en los alrededores del Congreso, y tras más de cinco horas de deliberación pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 14, según informa la prensa local.

Por lo pronto, la sesión comenzó con un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y tanto los diputados de oposición como los del sector del Partido Colorado que responde al presidente Benítez se manifestaron a favor del proceso político. Sin embargo, hasta el momento no está claro si la iniciativa alcanzará la cantidad suficiente de votos para ser aprobada.

El debate, que se podría extender más allá de mañana, quedó interrumpido en varias ocasiones por legisladores de Honor Colorado -el sector de Cartes-, que silbaron y abuchearon especialmente a sus colegas Kattya González y Celeste Amarilla, a quienes acusaron de “coimeras confesas”, luego que las diputadas compararan a Honor Colorado con “Sodoma y Gomorra” y reprodujeran en el recinto la canción que identifica a una de las series de televisión que narran la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.