Partidos acordaron aplazar elecciones pero difieren en el cómo

Representantes de todos los partidos se reunieron este lunes en el edificio anexo del Palacio Legislativo para poner en común las propuestas. En el encuentro, que duró aproximadamente una hora, quedó de manifiesto la voluntad de todo el arco político de aplazar los comicios hasta que la emergencia sanitaria por el coronavirus dé una tregua. Tanto que se conformó una comisión intrapartidaria, liderada por la vicepresidenta Beatriz Argimón, con el objetivo de consensuar de forma "urgente" una salida que permita atrasar las elecciones.

El grupo está formado por Gustavo Penadés (Partido Nacional), Charles Carrera (Frente Amplio), Max Sapolinski (Partido Colorado), Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), Iván Posada (Partido Independiente) y Daniel Peña (Partido de la Gente). Este martes habrá una reunión con autoridades de la Corte Electoral, que hace una semana ya advirtieron que no podían garantizar las garantías para un normal funcionamiento del proceso electoral. 

Blancos y FA por un lado; colorados por otro

La Constitución establece expresamente que las elecciones departamentales deben ser el segundo domingo del mes de mayo siguiente a la elección nacional, y no prevé de forma explícita ningún mecanismo para mover la fecha. Por eso, los partidos echan mano a diferentes soluciones de índole jurídica, aunque reconociendo que todas tienen cierta dosis de "imperfección".

En términos generales existen dos formas de postergarlas. La primera es a través de una ley interpretativa, tesis avalada por el constitucionalista Martín Risso y a la que adhiere en principio el Partido Nacional. 

El numeral 20 del artículo 85 de la Carta Magna permite a la Asamblea General "interpretar la Constitución" a través de una ley. Lo que hace en esos casos el legislador es ahondar en el sentido de una norma constitucional para hacerla más específica. Una interpretación demasiado tirada de los pelos sería considerada inconstitucional. 

Para Risso, el Parlamento podría interpretar que la fijación de una elección en medio de la propagación del coronavirus pone en riesgo la salud de la población, contraviniendo así el artículo 44 de la Constitución, que obliga al Estado a "legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país". 

"La Constitución no es un pacto suicida. Si bien es cierto que no dice una palabra de la posibilidad de postergar las elecciones, en caso de guerra, epidemia o terremoto no cabe duda de que hay que hacerlo", afirmó Risso a El Observador.

Fuentes políticas dijeron que tanto en el Partido Nacional como en el Frente Amplio se ve con buenos ojos esa posibilidad, en el entendido de que es la que da "mayor certeza" de poder postergar la elección.

En el Frente Amplio entienden que el tema igual es "complejo", porque la ley interpretativa solo resuelve la fecha de las elecciones pero no la extinción del mandato de autoridades departamentales, que deberían dejar el cargo en julio. También plantean que habría que modificar los plazos de presupuesto de las Intendencias. 

Los nacionalistas, en tanto, destacan que el mecanismo es avalado por parte de la doctrina, aunque también enfrenta el cuestionamiento de otros expertos, y del Partido Colorado. En el partido fundado por Fructuoso Rivera entienden que el mecanismo propuesto por Risso sería inconstitucional. "Una cosa es interpretar la Constitución; otra distinta es modificarla", dijo días atrás el diputado Ope Pasquet, quien escribió en Twitter que esa vía "sentaría un precedente peligroso".

Pasquet, uno de los dirigentes que analizó el asunto en la interna colorada, se plegó en cambio a la tesis del constitucionalista Ruben Correa Freitas, quien propuso redactar una ley constitucional, que debe ser votada por dos tercios cada Cámara y requiere un posterior plebiscito refrendado por la ciudadanía para entrar en vigencia. 

Esa modalidad abre a su vez dos opciones. Una es votar la ley a la brevedad, antes de la fecha estipulada para las elecciones. Quienes suscriben a esa posibilidad, manejada este lunes por el diputado Iván Posada (PI), aducen que un plebiscito no implica igual movilización que una elección departamental. La propuesta será planteada a la Corte Electoral en la reunión pautada para este martes. Allí se buscará saber si el organismo también tendría dificultades para instrumentar esa votación.

La otra opción, menos ortodoxa, supone que el plebiscito se lleve a cabo luego de la crisis sanitaria y simultáneamente con la elección departamental, es decir, en la nueva fecha fijada. "Obviamente, la solución no es perfecta. De mayo a la fecha del plebiscito estaríamos en situación de incumplimiento de la Constitución, con autoridades 'de facto' en los gobiernos departamentales, pero el plebiscito completaría la reforma y legitimaría retroactivamente todo lo actuado", escribió Pasquet.

En el Partido Nacional y el Frente Amplio advierten que cabe la posibilidad de que los uruguayos voten negativamente –no necesariamente de forma intencional, pero podría ocurrir por falta de información– y que en ese caso se entraría en un agujero negro jurídico.