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Pases en comisión de Presidencia aumentaron casi 20% en año electoral

Hay 551 cumpliendo tareas en pase en comisión

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29 de noviembre de 2019 a las 20:47

Por Ma. Eugenia Fernández y Martín Tocar

La transición entre un gobierno y otro es un proceso trabajoso que se da cada cinco años, sea del color que sea el partido que llega al Poder Ejecutivo. Tabaré Vázquez trabaja desde agosto en la transición con el futuro gobierno y ordenó a sus ministros –así como a las demás dependencias del Estado– que prepararan informes con los detalles de la gestión para facilitar la tarea de los sucesores. 

Este argumento fue el utilizado por el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, para explicar por qué desde diciembre de 2018 hasta la fecha aumentó casi 20% la cantidad de pases en comisión que cumplen funciones en Presidencia de la República. 

Según los datos del último informe del observatorio de la ONSC –que se hace todos los años cerrado al 31 de diciembre–, a fines de 2018 había 462 personas cumpliendo tareas en Presidencia bajo la modalidad de pase en comisión. 

Sin embargo, los datos a los que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información muestran que, hasta la fecha, hay 551 personas cumpliendo tareas en pase en comisión. Esto supone un aumento de casi 20% respecto a los datos cerrados en diciembre de 2018, es decir, 89 cargos. 

De ese total, 331 cumplen funciones en Presidencia como unidad ejecutora, mientras que otros lo hacen en otras unidades ejecutoras que dependen de ese organismo central, como la propia ONSC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursea), la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Del total de 551 pases en comisión entrantes, están los 331 que cumplen funciones en Presidencia, pero también otros 86 que responden a la ONSC, 68 de la OPP, 26 de la SND, 15 de la Ursea, 13 de la Ursec, 10 de Agesic y 2 del INE. 

Presidencia, según el último informe de la ONSC, es el organismo con más pases en comisión entrantes, sólo por debajo del Poder Legislativo, a donde suelen ir en comisión los asesores de los legisladores, por ejemplo. 

Seguido de Presidencia y el Legislativo está la Intendencia de Montevideo (IMM) con 95 pases en comisión entrantes, el Ministerio de Salud Pública (90) y el Ministerio de Desarrollo Social (77). Todos los demás están por debajo de esas cifras, según los datos de la ONSC.

"El funcionario sigue perteneciendo al organismo de origen, cobrando de ahí, y viene al que lo solicita durante la vigencia del mandato de la jerarquía que lo pide", explicó Scavarelli a El Observador respecto a esta modalidad de vínculo con el Estado. Una vez que se vence el mandato del jerarca que pidió el pase en comisión, el funcionario tiene 60 días para que la nueva autoridad defina si quiere conservarlo o si lo devuelve al organismo de origen. 

Por ser año electoral, desde el 1 de marzo la Administración Central está impedida de contratar nuevos funcionarios. Sin embargo, hay algunas excepciones previstas para contratar personal, como el caso de los becarios, pasantes o arrendamientos de obra. El pase en comisión también está habilitado, porque no implica un nuevo ingreso al Estado, sino una movilización a la interna, incluso dentro del mismo inciso. 

Presidencia, según el informe de 2018, cerró el año con 1.172 funcionarios presupuestados. "Este año se hace el cierre final, donde se hacen todos los informes que después sirven para la transición, no importa si es dentro del mismo partido o afuera", señaló Scavarelli. Este proceso, según dijo, "carga a las oficinas de Presidencia en un trabajo mayúsculo". 

Cargos de confianza

Los datos a los que accedió El Observador también incluyen detalles sobre los 39 cargos de confianza de designación directa que hay en cada unidad ejecutora de Presidencia de la República. Este grupo incluye al secretario y prosecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo, respectivamente. 

Varios de estos cargos fueron designados el 1 de marzo de 2015, cuando asumió el presidente Tabaré Vázquez. En el caso de Toma, abogado que también dirige un estudio jurídico, su sueldo nominal asciende a $ 258 mil, mientras que el de Roballo es de $ 217 mil. 

Seguido del secretario de Presidencia, el segundo sueldo más alto después de Vázquez, está el director de la OPP, Álvaro García, que figura por $ 256 mil nominales. Scavarelli percibe $217 nominales por dirigir la ONSC, mientras que el subdirector de la OPP, Santiago Soto, figura por $ 216 mensuales nominales, según los datos correspondientes a octubre de este año. 

También están incluidos dentro de los cargos de confianza de designación directa el director de la Secretaría de Prensa y Difusión, José Luis Veiga, con $ 127 mil mensuales nominales, y el subdirector de esa oficina, Carlos Segredo, con $117 mil. 

En el listado hay dos sueldos nominales mensuales por $62 mil, de dos funcionarios de la OPP, mientras que los demás oscilan entre los $ 105 mil y los $ 130 mil. En ese grupo también están otras autoridades de la OPP, del INE, la SND, la Ursea, la Ursec y Presidencia. 

Información "confidencial"
El Observador pidió el 5 de setiembre conocer el detalle de los cargos de confianza que se desempeñan en Presidencia, así como aquellos que están bajo pase en comisión, sea saliente o entrante. 
Prórroga mediante, la institución comunicó el 30 de octubre en una resolución firmada por el secretario de Presidencia, el abogado Miguel Ángel Toma, que no accedería al pedido de información, ya que esta se encontraba protegida bajo la ley de Protección de Datos Personales. 
Sin embargo, El Observador inició un juicio y a mediados de noviembre el juez de lo Contencioso Administrativo de 2° turno, Alejandro Martínez, condenó al Ejecutivo a dar la información en un plazo de 15 días, desestimando así el argumento presentado por el gobierno de que no era posible difundir los datos solicitados por tratarse de “información confidencial”. 
De esta manera, el organismo se tomó todo el plazo legal para recopilar la información, según lo comunicó a El Observador, y la información llegó cuatro días después del balotaje del domingo 24. 
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