Periodistas de todo el mundo demandaron a la empresa creadora de Pegasus por espionaje

La demanda fue presentada por un grupo de ochenta periodistas que trabajan para algunos de los principales diarios y medios de prensa europeos y norteamericanos que se consideraron victimas de ese espionaje ilegal.

En julio de 2021 el colectivo de investigación periodística Forbidden Stories (Historias Prohibidas), con sede en Francia, hizo la denuncia ante un tribunal parisino para logar poner fuera de la ley a esa plataforma. Pero recién ahora la justicia aceptó el pedido y debe designar un juez instructor para iniciar la investigación judicial.

Pegasus es considerado el programa espía más potente del mundo, capaz de descifrar confiablemente las comunicaciones encriptadas de los iPhones y los teléfonos inteligentes Android.

El software fue fabricado por la empresa israelí NSO Group por encargo del gobierno de ese país y es habitualmente usado como parte de su política de seguridad. Su uso es militar ya que permite rastrear enemigos y o cualquier tráfico mediante geolocalización, paso previo a su eliminación, tal como se ve en numerosas películas y series televisivas.

Pero también se emplea en contra de políticos, gobernantes, activistas de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y disidentes.

Los periodistas denunciantes trabajan para Le Monde, Le Soir y Radio France, de Francia; Aristegui Noticias y Proceso, de México; el diario estadounidense The Washington Post; The Guardian, inglés; los Süddeutsche y Die Zeit, de Alemania, así como Daraj y Haaretz, de Oriente Medio.

La investigación previa de Forbidden Stories contó con el apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, que comprobó que los programas informáticos de control de la NSO Group, en particular el Pegasus, fueron usados para vigilar más de 50 mil aparatos de telefonía celular, entre ellos de al menos 180 periodistas.

La empresa israelí de seguridad informática NSO Group fabrica “productos utilizados exclusivamente por los organismos gubernamentales de inteligencia en el marco de la aplicación de la ley para luchar contra el crimen y el terror” según su página web. Los sistemas Pegagus son vendidos y utilizados para la vigilancia secreta por muchos gobiernos de Asia, África, Europa, América Latina y Oriente Medio.

El FBI, la policía de seguridad para casos federales que opera en el interior de Estados Unidos, lo compró y lo mantuvo en prueba un par de años, pero aseguró haberlo desechado, al menos para su uso doméstico.

En la práctica es un recurso utilizado como parte del “poder oculto” de los servicios de inteligencia, públicos y privados, para espiar sin ningún tipo de control a quien desee, cualquiera sea su rango o actividad.

La vigilancia y el control ilegal de periodistas “nos produce un malestar muy especial, porque significa un ataque directo a la libertad de la prensa, así como a la protección de las fuentes que nutren el trabajo informativo”, declaró el abogado francés Repolt, responsable directo de la causa contra NSO Group dentro de Bourdon y Asociados, uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de Francia.

La demanda tuvo el respaldo expreso de la Federación Internacional de Periodistas, que en la primera semana de mayo realizó su congreso en Mascate, la capital de Omán. El foro contó con la presencia de 250 representantes sindicales de 90 países de todos los continentes.

Una de las mociones al congreso fue presentada por el Sindicato Nacional Francés de Periodistas (SNJ), que condenó el uso del software Pegasus y pidió a los periodistas espiados que “emprendan sistemáticamente acciones legales” contra la empresa y los organismos que lo usan. El Sindicato Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda (NUJ) consideró que el programa israelí es “una parte de la industria de la vigilancia telefónica”.

 Pegasus plasma un “pacto ilícito, entre Estados y sociedades privadas que carecen de todo escrúpulo y aceptan el trabajo sucio de la vigilancia en masa”, argumenta la demanda.  Ese control ilegal, dice, “se convierte en represión y en censura”, por lo que “ataca el corazón mismo de la democracia”.

El objetivo de los demandantes franceses es claro: obtener una sanción penal concreta, con penas de prisión para los responsables de su fabricación, uso y mantenimiento, y lograr reparaciones en concepto de daños e intereses para las víctimas.

Por la naturaleza de la plataforma, se descuenta que la justicia francesa deberá lograr la aceptación por parte de las autoridades israelíes, lo que podría hacer que este proceso se extienda durante varios años.