Ahora pesa 103 kilos y no puede bajar más.

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Pesaba más de 120 kilos, la Justicia le negó una cirugía de adelgazamiento y reabrió debate por derechos básicos

Piden que la cirugía bariátrica sea parte de las prestaciones que deben brindar todos los servicios del sistema integrado de salud
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30 de enero de 2023 a las 05:00

Se cansa. Stefani Panizza camina una cuadra cargando sus más de 100 o 120 kilos y se cansa. Bate unos huevos con sus articulaciones desgastadas, para hacerle la torta de chocolate a su hija con autismo, y se cansa. Va a comprarse ropa, no encuentra talle y se cansa. Antes de bañarse se quita la faja elástica que le da mayor contención a su columna y se cansa. Ve fotos de su infancia, con una córnea que se está desfigurando, recuerda cómo se burlaban de ella por ser “la gordita de la clase” y se cansa.

Sus médicos —que conforman una larga lista de especialidades— quieren evitar a toda costa que se canse su corazón.

Más de cuatro millones de personas mueren cada año por causas relacionadas a su sobrepeso u obesidad. Y aunque la Organización Mundial de la Salud aún discute si la obesidad es un factor de riesgo o una enfermedad, para el caso de Stefani poco importa. El exceso de grasa es el detonante de su hipertensión arterial, del agravamiento de la artritis reumatoidea diagnosticada hace nueve años, del padecimiento psicológico que desencadenó en fibromialgia y de un descontrol metabólico. La obesidad va apagando poco a poco a Stefani. 

La medicación no le funciona. La dieta tampoco. Por eso sus médicos tratantes en la Médica Uruguaya le recomendaron que se realice una cirugía bariátrica, esa intervención que consiste en modificar el tubo digestivo para reducir el peso y que Diego Maradona llevara a la fama tras su famoso “bypass” gástrico.

Pero, ¿cómo costear esta cirugía que, salvo que uno sea paciente del hospital Militar o Maciel, cuesta entre 11.000 y 12.000 dólares? Stefani —34 años, madre soltera de un adolescente con discapacidad— vive en un humilde complejo habitacional en Cerrito de la Victoria, sin poder trabajar por los cansancios que la aquejan y aporta al BPS como empleada doméstica de su propia casa —aunque no ejerza— para costearse la inscripción al Fonasa.

Fue así que —un poco por cansancio y otro tanto por incentivo de sus médicos— que pidió la ayuda del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. La misión, su misión, era concreta: presentarse ante la Justicia con un recurso de amparo para que el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Recursos se hicieran cargo de una cirugía que no está contemplada en el catálogo de prestaciones que deban darle a los usuarios que integran el Sistema Nacional de Salud.

“La salud y la vida son dos derechos constitucionales, fundamentales, ¿por qué debería cambiarme al prestador público para operarme si se supone que estamos en un sistema integrado? ¿Por qué debería dejar a los médicos que ya me conocen y están tratando, con los que generé confianza tras muchos años de estudios y diagnósticos, para empezar de cero en salud pública y operarme? ¿Por qué se piensa que ser parte una mutualista privada significa que una puede costearse una operación de más de 11.000 dólares si, se supone, el sistema integrado no distingue entre ricos y pobres?”. Stefani, de hablar despacio y un tanto resignado, se hace estas simples preguntas para las cuales la Justicia no le dio respuesta.

Porque su demanda fue rechaza en primera y segunda instancia. Los jueces concluyeron que faltan algunos registros en la historia clínica de la paciente para que sirva la prueba, que el dinero, que si las cirugías son con fines estéticos o sanitarios, que…

Su abogada defensora por el Consultorio de la Udelar, Viviana Pukach, tampoco encuentra respuestas a muchas preguntas que le dejó el veredicto judicial: “¿Qué tan libre somos de elegir el sistema mutual, cuando la realidad muestra que ‘el sistema nacional integrado de salud’ termina dependiendo de lo que tu prestador brinde?”. O, ¿cómo un juez puede desconocer que para que una defendida por la universidad sea aceptada se le pide una declaración jurada de sus ingresos? O, ¿cómo se puede olvidar que “los usuarios del sistema de salud no podemos controlar cómo quedan ingresadas todas nuestras actividades médicas?”.

90-60-90

La obesidad carga, paradójicamente, con mitos que fueron cabalgando a la par de los cambios culturales y hasta políticos. A comienzos del siglo pasado, por ejemplo, la gordura era interpretada como bienestar y riqueza. Incluso existían clubes de hombres gordos a los que entraban solo unos pocos “beneficiados” que cargaban más de 100 kilos. Hasta hace no tanto, en Uruguay había abuelas que celebraban el sobrepeso de sus nietos alentándolos al ritmo de “Come, m´hijo. Come”.  Pero desde Hipócrates en la antigua Grecia hasta ahora se sabe que la obesidad es un problema para la salud (individual por su morbimortalidad y social por el peso sobre el sistema de salud).

En tiempos de cuerpos “esculpidos”, modelos 90-60-90, métodos basados en la Luna, el calendario Maya y hasta en el color del vestido para adelgazar, fueron acentuando algunos mitos y asociando a la obesidad con una cuestión estética.

Pero “la obesidad y la herramienta de la cirugía bariátrica para revertir una situación crítica de obesidad, no tienen nada que ver con lo estético… es una cuestión de salud elemental”, dice el cirujano Pablo Santiago, profesor agregado del Departamento de Cirugía y expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica.

La sociedad científica que presidió Santiago surgió hace seis años con la intención de investigar, recopilar estadística e incidir en las políticas sobre esta prestación sanitaria. “El exceso de grasa en el cuerpo es dañino, desde lo científico no hay dos lecturas, y es por eso que le venimos insistiendo a las autoridades que integren a la cirugía bariátrica dentro de las prestaciones quirúrgicas”.

Stefani lo está deseando. Desde la quietud de un sillón negro de falso cuero, donde pasa varias horas al día, admite que teme porque su hija —con autismo y discapacidad intelectual que le impiden aprender a leer y escribir con 16 años— se quede sola sin su madre. 

Stefani tiene una dieta muy limitada.

—No es que me quiero operar para verme linda, ya estoy acostumbrada a cargar con las burlas sobre mi físico desde que era chiquita. Solo quiero vivir sin dolor, vivir.

La salud mental es una de las más afectadas por la obesidad. Los pacientes van perdiendo el ímpetu con cada discriminación, van apagándose con cada dieta que no surte efecto, con las infinitas vueltas en las policlínicas, la restricción de la dieta, la baja de las defensas por los medicamentos…

Por eso en las unidades especializadas previo a una cirugía de este tipo, el paciente tiene consultas con psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, endocrinólogos, gastroenterólogos, cirujanos e internistas.

Stefani pasó uno a uno por esos especialistas. “A los médicos de la Médica Uruguaya les estoy súper agradecidos por su dedicación y compromiso”, insiste. Pero parte de esa unidad es tercerizada y los comentarios de los especialistas no quedaron registrados en la historia clínica. Eso le jugó una mala pasada a la hora del juicio.

Su médico internista hizo un alegato explicando la necesidad de esta intervención y de que, a causa de su artritis reumatoidea, la paciente debe evitar al máximo la suma de comorbilidades, por lo cual es todavía más pertinente la operación. En esa misma línea, el cardiólogo explicó que la hipertensión de Stefani está vinculada a la obesidad y que la cirugía le permitiría incluso dejar la medicación.

Pero…

El tribunal de Apelaciones entiende que falta información, que la cirugía, “además de no curar más de una de las enfermedades que padece la actora, no es milagrosa”, y que no está probada la urgencia del tratamiento. Por lo cual, el 19 de enero falla en contra. Y ahora Stefani está cansada, esperando por otra solución a su cansancio vital.

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