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Pese a la gente que "siempre está enojada" con la legalización, gobierno estudia cómo avanzar en política de marihuana
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y los colectivos que promueven el uso del cannabis concuerdan en que la regulación de la industria de esa planta debe ser una "política de estado" en el Uruguay, según transmitió el jueves pasado el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío al público presente en la reinauguración del Museo del Cannabis (Durazno y Yaro), que abrió sus puertas por primera vez desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.
El secretario reconoció que el cannabis "no es una política que genere unanimidades" y que "siempre hay gente que está enojada", pero valoró la gestión de las anteriores autoridades de la junta, y afirmó que en Uruguay se ha generado "una historia propia en torno al cannabis".
Su idea fue compartida por los otros integrantes del directorio de Ircca. Juan Ignacio Tastas, uno de ellos, desacreditó que el cannabis sea un asunto de "izquierda o derecha". "El gobierno agarró la ley y la queremos mejorar", dijo a El Observador.
Por su parte, los activistas a favor de la marihuana remarcan que se han acercado distintas propuestas para flexibilizar la comercialización de la droga, en medio de un contexto de venta ilegal que "se dio vuelta" con respecto al inicio de la aplicación de la normativa en 2015: en ese momento la venta legal pasó a ocupar el 80% del mercado; hoy las autoridades del Ircca aseguran que el comercio interno es "30% legal y 70% ilegal".
Las propuestas de flexibilización
Una de las participantes de la reinauguración del museo fue Alicia Castilla, activista argentina que fue encarcelada en Uruguay por tener plantas en su jardín en 2011. Este hecho fue uno de los antecedentes que se tuvo en cuenta en 2012, cuando se dio la discusión en torno a la legalización del cannabis.
Castilla dijo en su discurso que la intención de los defensores de la marihuana es "generar pequeños o medianos emprendimientos" con el fin de "desarrollar todos los potenciales que la planta ofrece". En el Museo se presentó un vino producido por la empresa y unas papas chips producidas por la empresa uruguaya Manolo con saborizante de cannabis no psicoactivo también producido en Uruguay. Desde la organización lamentan que estos productos no puedan ser exportados a Europa por la normativa actual.
Además, desde el activismo se reclama "abrir" la marihuana a los turistas: "Nadie se queda sin comprar marihuana cuando viene al Uruguay. ¿Por qué no nos sacamos la careta?", dijo Castilla. El socio del Museo del Cannabis Juan Sader dijo que si se diese esta posibilidad, Uruguay ingresarían U$S 1.500 millones, solo con el consumo de 10% de los turistas.
Blasina indicó que existen "varios problemas" con la Ley 19.172 de "Regulación y control del cannabis". Su intención es que se abra el mercado interno, algo que, de acuerdo a estimaciones de Sader, traería al Uruguay US$ 150 millones, dentro de un negocio que Blasina asegura da "trece puestos asegurados por hectárea" y trabajo especializado.
"Un camino hecho" y el error del control de la oferta
Desde el gobierno hay una tendencia "aperturista" en cuanto a la política del cannabis, pero la idea es "avanzar con criterio", según dijeron desde el Ircca a El Observador.
Tanto la generación de comercio como la apertura de venta a los turistas se visualizan como ideas posibles, pero con la convicción de que "habría que regularlo". Tastas sostuvo que un aspecto positivo es que ya existe "un camino hecho" en cuanto a la regulación de esta droga, aunque también reconoce que se está "aprendiendo sobre la marcha".
Radío, por su parte, criticó nuevamente que "toda la política vinculada al control de la oferta está equivocada", debido a que "ninguna persona que quiera consumir en el mundo se queda sin consumir". "La oferta siempre se encuentra con la demanda", remarcó.
