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Pese a sus problemas, Argentina y Brasil tienen “ventajas” que Uruguay no para invertir en Tecnología, sostuvo empresario
Uruguay tiene la capacidad de generar 300 mil puestos de trabajo en la industria tecnológica y convertirse en un hub de innovación de referencia regional, según un reporte de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). Sin embargo, el país enfrenta un desafío en materia fiscal, que está vinculado, sobre todo, a los costos laborales, expresó el empresario Eduardo Bastitta, impulsor de la ciudad inteligente +Colonia, que pretende convertirse en un polo tecnológico regional a 30 años.
“Estamos viendo el tren pasar y no nos estamos subiendo en él”, advirtió Bastitta sobre la oportunidad que tiene el país de atraer inversiones y profesionales de fuste, así como evitar que profesionales uruguayos dejen el país para “obtener más remuneraciones” en otros países, desarrolló el empresario.
Para Bastitta, Uruguay ya consiguió una de las mayores potencialidades que un país puede lograr para atraer y generar inversiones: estabilidad institucional, una virtud que se destaca en la región, que se ha convertido en escenario de protestas, crisis económicas y debilitamiento institucional durante los últimos años.
“El desafío es que, a pesar de lo que se cree, Uruguay es un país con un esquema impositivo costoso para la contratación de talento, que es la principal prioridad de las empresas del sector”, aseguró
“Si Uruguay no cambia algunas regulaciones, esos profesionales pueden ir a otro país dispuesto a elaborar el entorno impositivo y de talento que las empresas necesitan”
Pese a esta situación, y aunque "Argentina padece otros problemas por todos conocidos o Brasil tenga cuestiones que tienen que ver con la concentración poblacional, por ejemplo, la realidad es que ambos países tienen algunas ventajas” que Uruguay no, agregó Bastitta.
En Argentina, “la Ley de Economía del Conocimiento exonera el 70% de aportes, que representa aproximadamente un 50% de cargas sociales; aunque no es suficiente, en este momento es superior a lo que tiene hoy el Uruguay”, ejemplificó el empresario.
“La principal dimensión de la inversión tiene que ver con el costo de cada empleado y aquí, a diferencia de lo que se cree, Uruguay cuenta con una falencia muy concreta”.
Un análisis que desarrolló la CUTI reflejó que el puesto de un desarrollador implica —aproximadamente y en promedio— US$ 45 mil dólares anuales únicamente para lo que se denomina sueldo neto. Sobre esto, Basttita explicó: “El problema son los otros costos que existen en Uruguay, que, anualmente, son aproximadamente US$ 13.500 de aportes personales, US$ 6.750 de aportes patronales, US$ 22.5000 de IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) y más de US$ 8.000 de Fonasa”.
“Esto representa directamente un 100% más sobre lo que una empresa paga como sueldo”, sostuvo el empresario. Y remató: “No interesa quién es el que se hace cargo de estos impuestos (si es el empresario o el trabajador), porque, en definitiva, los sueldos de estos profesionales son internacionales y se van a ir a donde les quede más dinero en la mano”.
Bastitta es un economista uruguayo que cuenta con una amplia trayectoria como empresario. Fundó Plaza Logística en 2009 en Argentina —una compañía que llegará a facturar US$ 40 millones al cierre de este año— y en octubre de este año colocó la piedra fundamental de la ciudad inteligente +Colonia, un ambicioso proyecto que espera desarrollar viviendas, empresas y servicios en un plazo de 30 años. El llamado “Silicon Valley uruguayo” pretende convertirse en un polo tecnológico continental y requerirá de una inversión total de US$ 500 millones.
El proyecto de ley que apunta a atraer talentos
El Poder Ejecutivo elevó al Parlamento a mediados de diciembre de este año un proyecto de ley, cuyo objetivo es hacer de Uruguay un mercado más competitivo en materia fiscal en el sector tecnológico. Y, así, atraer y retener la mano de obra especializada en tecnologías de la información.
En los últimos años, esta industria ha no ha parado de crecer en Uruguay, indica la exposición de motivos del proyecto. Aunque añade: “Este crecimiento no ha sido acompasado por la oferta de recursos humanos especializados en la materia, y al día de hoy, las empresas del sector no encuentran en nuestro país la cantidad y/o calidad de los recursos humanos que se requieren para seguir creciendo”.
La iniciativa reconoce que el mercado local “no lograr captar los recursos humanos necesarios en cantidad y calidad” y este motivo es el fundamental por el cual ha generado “la escasez de profesionales formados y con experiencia, ya suficientes, éstos tienen diversas oportunidades laborales de empleo dentro del sector”.
El proyecto de ley apunta a los roles de desarrollador y de programador como los que tienen mayor dificultad de captación. También se reconoce que hay complejidades para acceder a testers, administradores de bases de datos y data architects. La falta de personal se observa en los niveles senior (cinco o seis años de experiencia) y semi-senior (de dos a cinco años de experiencia), en particular.
En este marco, el Poder Ejecutivo pretende, a través de esta propuesta, que los técnicos y profesionales de esta industria que lleguen a Uruguay con contratos de trabajo en relación de dependencia con empresas podrán optar, con relación a las rentas de trabajo, por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR). De esta manera, el trabajador opta por no beneficiarse del sistema de seguridad social vigente, y, así, no existe la obligación de realizar los aportes correspondientes.
Los extranjeros o uruguayos interesados deberán demostrar que no han tenido residencia fiscal en el país en los últimos cinco ejercicios fiscales previos al traslado al país y desarrollar la actividad a tiempo completo en Uruguay.
También obtener la totalidad de las rentas de trabajo en el país, exclusivamente en relación de dependencia, por la prestación de servicios de desarrollo de soportes lógicos u otros servicios vinculados al desarrollo del sector.
Esta opción regirá para contratos laborales iniciados hasta el 28 de febrero de 2025 inclusive, puntualiza la propuesta.
