Pese al coronavirus, se presentaron menos empresas a concurso de acreedores

Según información manejada por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) fueron 27 entidades económicas que hasta esa fecha ingresaron en el procedimiento judicial, producto de una situación de insolvencia económica. El año pasado en el mismo período lo habían hecho 36.

De las 27 empresas, 21 fueron solicitados por la propia empresa (concurso voluntario) y seis por terceros o acreedores (concursos necesarios).

De entre esas firmas, se encuentra una imprenta, un emprendimiento de importación y exportación, una instrumentista quirúrgica y particularmente varias empresas de construcción, que son la gran mayoría.

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Aunque los profesionales especializados en el área esperaban una sobredemanda una vez reactivada la Justicia, y tras un aumento en reservas web para la oficinas de Juzgados Letrados de Concurso 1º y 2º turnos (solo el primer día hubo 123 reservas), finalmente, al menos por el momento, la concreción no fue tal.

El abogado de CPA Ferrere, Alejandro Pintos, señaló a El Observador que el freno en la utilización del recurso legal ha llamado la atención, aunque también hay que considerar que los servicios de la Justicia se han restablecido paulatinamente.

“Puede estar ocurriendo que la apertura de los juzgados fue hace menos de un mes y esto hace que las ejecuciones puedan no estar caminando de forma tan rápida”, apuntó Pintos.

Para el profesional, sin embargo, también producto de la especial coyuntura económica se están dando muchas negociaciones extrajudiciales con fórmulas de pago más flexibles.

La ley establece que una empresa debe presentarse a concurso en caso de insolvencia. Sin embargo, hay una solución legal anterior, en la que se busca el acuerdo con los acreedores con el fin de evitar el concurso. 

“Esperábamos que apenas retomada la actividad se diera un pedido más pronunciado pero se ve que la opción ha sido tratar de negociar extrajudicialmente. También es cierto que no sabemos si estas dificultades –en lo económico- van a ser pasajeras o definitivas, lo que hace difícil en esta situación de incertidumbre precipitar una presentación de concurso”, aseguró Pintos.  

Por su parte, Gabriel Pérez Ramos del Estudio RXA consideró que el mecanismo de concursos necesarios (cuando lo pide un acreedor) no se ha utilizado, “probablemente porque se optó por una mayor negociación en los pagos” extendiendo los plazos.

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“En esta circunstancia no hay mucho estímulo para los acreedores de pedir un concurso necesario a un deudor. Puede ser que se estén desarrollando más negociaciones entre las partes, también para evitar la inflación judicial, que no es buena porque los problemas y procesos demoran en resolverse”, coincidió Pérez Ramos.   

De todos modos, el especialista entiende, al igual que Pintos, que no hace un mes todavía que se comenzó a trabajar en los juzgados, por lo que “capaz hay que esperar un mes más” para tener un mejor panorama. 

Otro argumento manejado para explicar la situación algo inesperada es el proyecto de ley que ingresó al Parlamento el pasado 22 de abril, que a pesar de que no ha sido aprobado, otorga 60 días adicionales a aquellos deudores que se encuentren en condiciones de insolvencia.

El articulado de lo propuesto por el Colegio de Abogados establece que estas prorrogas serán durante la duración de la emergencia sanitaria y hasta 120 días después de finalizada, además de otorgar al Poder Ejecutivo la potestad de aumentar los plazos.

En el presente son 30 días el tiempo que tienen las empresas para presentarse a concurso cuando están en dificultades. Lo que sí se votó a fines de abril fue la suspensión de los plazos procesales mientras durara la feria judicial, aunque de todas formas las empresas podían presentarse a concurso durante ese período.