La consigna de “Paz total”, que fue eje del proyecto con que Gustavo Petro accedió el gobierno de Colombia, ya es ley. La norma da vía libre para negociar con grupos armados que están fuera de la ley para "un desmantelamiento pacífico del crimen".
La ley 418, firmada el viernes por Petro, tiene como objetivo dar facultades al jefe de Estado para realizar negociaciones con todos los grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
También habilita a que los jóvenes que lo deseen presten servicio social como un complemento al servicio militar obligatorio.
"Se ha renovado la regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley, para conquistar el sueño de la paz total en Colombia", dijo Petro.
"Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen, habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente de hace muchas décadas”, añadió.
Lo que no podrá hacer el gobierno de Colombia es indultar a las personas condenadas por cometer delitos durante las manifestaciones del paro nacional de 2021, que estaba en un artículo del proyecto pero que fue rechazado por el Congreso.
Desde que tomó posesión, el pasado 7 de agosto, Petro ha insistido en impulsar una "Paz total", con la que busca negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la justicia.
Hasta la aprobación de esta ley solo se le permitía al presidente retomar los diálogos con el ELN, ya que los protocolos de negociación fueron firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
El Congreso acaba da sancionar también el otro eje de la campaña de Petro: la reforma tributaria de corte progresivo que incrementará las contribuciones a personas físicas de mayores ingresos y patrimonio, y reduce beneficios fiscales a empresas.
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