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Playas, mutualistas, militares e incautaciones: los temas del Presupuesto que vuelven a comisión
Los proyectos de ley de Presupuesto incluyen una cantidad de temas que van mucho más allá del destino de los recursos. Todos los gobiernos aprovechan estas instancias para realizar cambios en otros temas que nada tienen que ver con el dinero destinado a programas o planes de acción. Pero no todos son aprobados.
La Cámara de Diputados decidió la semana pasada enviar a distintas comisiones hasta 8 artículos del Presupuesto del Poder Ejecutivo o, incluso, modificaciones que se intentaron realizar en el diálogo parlamentario.
Es así que algunos pasajes referidos a los beneficios de los familiares de militares, el fraccionamiento de predios sobre la costa o el uso de vehículos incautados por parte del Estado tendrán un tratamiento en profundidad y por separado. A continuación, los 8 artículos que fueron derivados a comisiones durante la discusión del proyecto de Presupuesto en la Cámara de Diputados.
Fraccionamiento de predios costeros
Si bien no venía en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo igual generó un fuerte debate en el plenario de la cámara. Fue el diputado colorado Ope Pasquet quien presentó un aditivo que planteaba la derogación del artículo 503 del Presupuesto del gobierno de Tabaré Vázquez.
Ese artículo establece que, siempre que haya un fraccionamiento de una propiedad en las costas del río de la Plata y del océano Atlántico, el Estado se quedará con la franja de 150 metros de profundidad que va desde la orilla hacia el interior del territorio, según explicó Pasquet en su cuenta de Twitter.
Para el legislador esto es inconstitucional porque es una expropiación de hecho en el que no se paga absolutamente nada a cambio. “La Constitución permite las expropiaciones, siempre que se pague una "justa y previa indemnización" al expropiado (art. 32). Este artículo no prevé pago alguno”, escribió en Twitter.
Este aditivo generó un fuerte debate en la madrugada del viernes –cuando ya terminaba la discusión del proyecto- entre Pasquet y el diputado frenteamplista de Rocha Gabriel Tinaglini. Este último acusaba al colorado de querer “privatizar” las playas.
Sin embargo, lo que molestó a Pasquet fue un afiche que circuló en redes sociales en el que se afirmaba que el aditivo presentado por el diputado buscaba beneficiar a “empresarios amigos”. Más allá de que el legislador desmintió de plano estas acusaciones, cuestionó que se haya intentado atacar su honor.
Como no se trataba de un artículo del proyecto enviado por el gobierno, correspondía votarlo afirmativa o negativamente. Sin embargo, tras la intervención del diputado blanco Juan Rodríguez, se decidió enviarlo a comisión para estudiarlo en profundidad. “Sin vencidos ni vencedores”, aseguró Rodríguez a El Observador.
Cuotas mutualistas
Había dos artículos en el proyecto de ley de Presupuesto que generaban molestias entre los empresarios al frente de las mutualistas. Particularmente el 376 establecía que el “uso y destino” de las cuotas que el Estado les paga a estas compañías por los socios del Sistema Nacional Integrado de Salud debe estar “directamente asociado al cumplimiento de las prestaciones que deben brindar obligatoriamente los prestadores públicos y privados”.
Sin embargo, ese artículo fue derivado a la comisión de Salud Pública. Las mutualistas entendían que se trataba de una intromisión en la libertad de empresa.
“¿Qué proceso administrativo se seguirá para determinar si a juicio del Ministerio de Salud Pública hubo un uso ajustado a la norma de los fondos que percibe el prestador por cuota salud?”, cuestionó el presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi), Carlos Cardoso, durante la discusión en comisión.
El 377 referido a los créditos a los que acceden las mutualistas para financiarse, el otro pasaje que generaba cuestionamientos, finalmente se aprobó en el plenario con alguna modificación respecto al texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Demandas a fiscales
Otro de los cambios que planteaba el Presupuesto enviado por el gobierno era respecto a la posibilidad de demandar fiscales. En la actualidad una persona que entienda que un fiscal le generó daños o perjuicios de alguna manera puede demandarlo. El sindicalista argentino Marcelo Balcedo así lo hizo con dos de los fiscales que actuaron en su caso (la demanda está en proceso).
El artículo 574 del proyecto aprobado en comisión establecía que las demandas solo se puedan dirigir a la institución Fiscalía General de la Nación y no a las personas.
Sin embargo, de existir “dolo o culpa grave” el Estado tendría la posibilidad de “repetir” contra los fiscales para el reembolso respectivo. Es decir, si el Estado es obligado a resarcir a una persona por una falta grave de un fiscal, tendría la potestad de ir contra el funcionario.
Este artículo también fue derivado a comisión a pesar de que había sido aprobado con el respaldo de todos los partidos cuando se votó en la de Hacienda integrada con Presupuesto. Ahora será tratado como proyecto de ley por separado pero quedará para el año que viene su aprobación.
Beneficios a familiares de militares
El artículo 116 del Presupuesto establecía que una serie de beneficios que hoy tienen los militares sean extensivos para sus familiares. La ley 19.775 plantea que son “derechos inherentes al estado militar” el acceso a la seguridad social militar, los retiros y pensiones, el derecho a la sanidad, el servicio fúnebre o la asistencia y tutela social.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo planteaba que estos beneficios sean “extensivos a la familia del personal militar”. Sin embargo, en comisión los Diputados decidieron votarlo negativamente y enviarlo a comisión de Defensa Nacional para poder estudiarlo en profundidad.
En la actualidad hay unos 26 mil militares y si se estima en base a la cantidad de gente que se atiende en Sanidad Militar, la familia de militares asciende a 180 mil personas. De todos modos, el texto establecía que la reglamentación iba a establecer hasta qué grado familiar incluía este cambio. Este pasaje a comisión se votó con el respaldo de todos los partidos.
Vehículos incautados
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo también habilitaba a la Dirección Nacional de Aduanas, previa conformidad fiscal, al uso de vehículos “aprehendidos” para ser destinados a las actividades represivas que desarrolla esa dirección.
El artículo 216 planteaba que antes de habilitar ese uso, se tenía que contratar un seguro contra todos los riesgos y, además, se debía tasar el vehículo. Cuando se deje de utilizar el vehículo se debe volver a tasar y el Estado indemnizaría la diferencia de valor entre el momento de incautación y el de su entrega, según el texto.
En este caso, se pidió el desglose y su envío a la comisión de Hacienda.
Expropiaciones
Los artículos 320, 321 y 322 del proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno establecían la creación y regulación del Registro Nacional de Planos de Mensura para expropiación. Este registro funcionaría dentro de la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte.
El objetivo de estos artículos es generar una mayor seguridad jurídica a la hora de realizar expropiaciones.
Sin embargo, en comisión se decidió aplazarlo y enviarlo como proyecto de ley a la Comisión de Transporte y Obras Públicas.
