Pocos controles y fuertes dudas sobre el destino de los fondos de ayuda norteamericana a Ucrania

No es para menos si se tiene en cuenta el antecedente inmediato de lo sucedido con Afganistán, donde a lo largos de 20 años de conflicto Estados Unidos ha dedicado alrededor de US$ 134 mil millones para sostener un gobierno “amigo” en su lucha contra el Talibán.

En 2020, año del comienzo de la retirada de las tropas norteamericanas del país asiático, un informe del inspector especial general para la reconstrucción de Afganistán (SIGAR) determinó que, de US$ 63 mil millones revisados por esa oficina, US$ 19 mil millones se habían perdido por el mal manejo, la corrupción o el abuso.

Una suma no determinada de dólares se desvaneció al instalarse el gobierno Talibán el año siguiente y distintos expertos y analistas consideran que segmentos sustanciales de la ayuda norteamericana a Ucrania podría estar corriendo la misma suerte si no se establecen medidas adecuadas de supervisión.

John Sopko, un veterano actor de los organismos de control con 30 años de experiencia supervisando el gasto de fondos federales y titular del SIGAS por más de diez años le dijo a Newsweek que en las últimas tres administraciones ha producido informes anuales con diagnósticos sobre temas que permiten entender por qué el gobierno afgano apoyado por Estados Unidos colapsó tan rápido a manos del Talibán.

Sopko enfatizó que el conflicto en Ucrania es distinto al de Afganistán, tanto como éste lo fue con respecto a los de Iraq, Vietnam y otros de una larga lista. Pese a las diferencias, se pueden identificar similitudes y paralelismos en la forma en que Estados Unidos está dedicando miles de millones de dólares en asistencia económica y militar a Ucrania.

Después de que Biden aprobara la semana pasada otros US$ 1.000 millones en ayuda para Kiev, como parte de un monto de US$ 40 mil millones aprobados por el Congreso, Sopko dijo que “podemos ver que lo mismo pasó con Afganistán, el envío de una cantidad infernal de dinero” para apoyar el gobierno.

“No digo que esté mal hacerlo, no digo tampoco que los ucranianos son malos y que se van a robar las cosas”, aclaró Sopko, para afirmar que “cuando se entrega tanto dinero, tan rápidamente a un país, uno tendría que haber preparado la supervisión desde el principio”.

Para Sopko, la mejor manera de asegurar la visibilidad y transparencia del destino y manejo de los fondos es crear un inspector especial dedicado específicamente a Ucrania.

Una investigadora de la Asociación de Control de Armas, Gabriela Iveliz Rosa-Hernández, coincide con Sopko en que un inspector especial dedicado al país sería de mucha ayuda para rastrear la asistencia norteamericana, especialmente en lo que hace a la seguridad.

No obstante, la investigadora remarcó que hay un tema particularmente difícil de controlar y es el enorme volumen de armamento ligero que fluye hacia el país, donde es posible que pueda terminar en manos indeseadas, como ocurrió en Afganistán, en Irán y Siria, donde las armas portátiles terminaban en poder de grupos como el Estado Islámico.

Rosa-Hernández puntualizó que es muy difícil el control de las armas portátiles en condiciones de combate y que pese a los esfuerzos del gobierno para establecer mecanismos de supervisión, es necesaria la participación de la sociedad civil a través de sus expertos y organizaciones específicas que se involucren en asesorar al gobierno con conferencias, mesas redondas, talleres y grupos de trabajo sobre problemas de seguridad.

Aprovechando experiencias anteriores, como la de Afganistán, la lección principal sería que en zonas de combate es muy común la práctica deficiente en la responsabilidad y control del equipo militar, según Rosa-Hernández.

En Washington, en medios republicanos y demócratas también crece la preocupación por una mirada más atenta sobre el flujo de fondos enviados a Ucrania. El último paquete de US$ 40 mil millones de ayuda sufrió una demora en su aprobación por la oposición del senador republicano Rand Paul, quien fue acompañado en su preocupación por otro republicano, el Senador Chuck Grassley, quien expresó el escepticismo del ala derecha del partido Republicano sobre dónde irían a parar finalmente los dólares de los contribuyentes.

Pero no sólo en el bando republicano hay disidencias, la senadora demócrata Elizabeth Warren, miembro del comité de los servicios armados del Senado también se ha expresado en favor de mecanismos de control más fuertes.