A pedido del fiscal Carlos Reyes, la jueza Isaura Tórtora le negó el derecho a viajar a México a visitar a sus hijos y nietos al capitán de fragata retirado Héctor Corbo, cuyo procesamiento con prisión ha sido pedido por la fiscalía en el caso que analiza las torturas ocurridas en el cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) durante la dictadura.
En un caso que se sustancia por el viejo Código del Proceso Penal, el procesamiento de Corbo fue pedido por la fiscal Sabrina Flores en 2024, pero aún no fue decidido. Al momento del procesamiento se estableció el cierre de fronteras como medida cautelar. Desde entonces, Corbo no ha podido ver a parte de su familia.
El rechazo a la autorización de viajar ocurrió en setiembre, pero hasta ahora no había sido informado.
Corbo tuvo una hermana, María de los Ángeles, que integró el MLN-T y fue asesinada por el Ejército en 1974, en el quíntuple fusilamiento de Soca, una brutal represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.
El esposo de María de los Ángeles, el cuñado de Corbo, Héctor Brum, fue otro de los ejecutados. La pareja estaba esperando un hijo. María de los Ángeles estaba embarazada de cinco meses cuando la mataron y la dejaron tirada a la vera de la ruta 70, en las afueras de Soca.
Corbo y su padre reclamaron desde un primer momento justicia por el caso de María de los Ángeles y su esposo, lo que hizo que su situación dentro de la Armada en la dictadura fuera muy complicada.
Una de las pruebas esgrimidas por la Fiscalía para pedir el procesamiento de Corbo por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves es que revistó en el Fusna. La fiscal Flores cita que una de las víctimas declara, textualmente: “Estaba un oficial Corbo”.
La otra prueba es que –según relató el propio Corbo ante la justicia- en una reunión de todos los oficiales del cuerpo, cuando el comandante Carlos Guianze preguntó quién estaría dispuesto a torturar si él lo ordenara, Corbo y otros dos oficiales (Federico Lebel, también con pedido de procesamiento, y Raúl Martín, ya fallecido) dijeron que nunca acatarían esa orden.
Según el razonamiento de la fiscal Flores, a partir de ese momento ellos sabían que se torturaba y se convirtieron en cómplices. Escribe Flores sobre la reunión cuando pide el procesamiento de Lebel: “Aquí hay una manifestación expresa de su conocimiento y encubrimiento de los hechos”. Y sobre la actitud de Corbo ante Guianze: “Dicha declaración lo colocaría en conocimiento de la situación de maltrato físico a los detenidos”.
El juicio lleva ya más de una década de litigio y un expediente de más de 2.000 folios. A Corbo le tomaron declaración una única vez, en 2016. Entonces no se mencionó, ni le preguntaron nada, por el asesinato de María de los Ángeles.
En el pedido de autorización para viajar, el abogado de Corbo Jorge Pereira Schurmann hizo notar que reside en la ciudad de Artigas, separada por solo un puente de la vecina ciudad brasileña de Quaraí: “Como es obvio, si el indagado hubiera querido eludir la acción judicial, le hubiera sido harto sencillo salir por la ciudad de Quaraí y trasponer la frontera, evadiéndose del país”.
A su vez se ofreció dejar como garantía de su retorno, los títulos de propiedad de su vivienda en Artigas.
Pero el fiscal Reyes rechazó el pedido “ante la gravedad de los hechos imputados y el riesgo de fuga u ocultamiento”.
Lejos de querer huir, la defensa de Corbo señala que el exoficial está esperando que de una vez se diligencie la prueba del caso. En las últimas semanas, ha pedido se incorpore al expediente el capítulo del libro “Pacto de Silencio” en el cual un guardiamarina del Fusna en el momento en que el comandante Guianze preguntó quién torturaría relata cómo fue aquella dramática reunión donde Corbo, Lebel y Martín se negaron a cumplir esa orden: “En mi caso, la postura de Corbo impactó en mi formación como fusilero, máxime cuando bajo su mando, sus órdenes siempre estuvieron apegadas a reglamento y al cumplimiento del deber con integridad y valores. Tiempo después nos enteramos de su tragedia familiar y nuestro respeto y admiración perdura hasta el presente”.
En 1985, Corbo, junto con su familia, presentó una denuncia penal por el asesinato de María de los Ángeles. La Ley de caducidad suspendió el juicio. En 2006 volvió a presentarse ante la justicia, junto con otros familiares. En 2008, firmó una carta pública reclamando la extradición desde Brasil del coronel retirado Manuel Cordero, uno de los integrantes del Servicio de Información de Defensa, a quien siempre responsabilizó por los fusilamientos de Soca. En 2020 presentó en recurso de acceso a la información pública ante el Ministerio de Defensa para obtener toda la información que pudiera haber sobre la masacre de Soca.
