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Poder Judicial advierte que gobierno le negó recursos para la ley de violencia de género

Durante la campaña electoral el gobierno se comprometió a respaldar con recursos la aplicación de la ley
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01 de septiembre de 2020 a las 19:05

El 3 de febrero, en el día de su asunción, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, se quejó por la falta de recursos económicos para poner en marcha la ley integral de violencia de género, aprobada en 2018, sin recursos.

En ese momento solicitó un aumento presupuestal “para una adecuada implementación" de la ley.

En el acto estuvo presente la vicepresidenta, Beatriz Argimón, quien dijo que el gobierno, que aún no había asumido, pretendía hacer los máximos esfuerzos para asegurar las partidas presupuestales para poner en marcha esta ley. 

Un mes después llegó la pandemia de coronavirus y los planes cambiaron. El gobierno anunció que el presupuesto sería "austero, realista y optimista", pero en negociaciones previas a enviar el proyecto en el Poder Judicial habían encontrado "una muy buena disposición" por parte de la Oficina de Planeamiento y Prepuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas que les hacía pensar que sus reclamos serían contemplados.

La implementación de la ley de violencia basada en género requiere, entre otros recursos, la creación de juzgados (ya hay 10 y serán 12 pero se requieren 26) y la refacción de un edificio donde funcionaba un colegio en la Aguada y que fue adquirido para instalar allí los juzgados. 

En el mensaje presupuestal enviado por el Poder Judicial, específicamente sobre el capítulo de la ley de violencia de género se incluía la creación de 14 juzgados especializados y 220 cargos entre jueces para Montevideo y el interior, defensores, actuarios, psicólogos, psiquiatras y administrativos, entre otros.

Por otra parte se solicitó asignar a partir del 1º de enero de 2024 una partida adicional al crédito presupuestal de gastos de funcionamiento en la financiación de Rentas Generales, por un monto de $ 7.200.000 (US$ 169 mil) para aplicar la ley.

En tanto, para el edificio que adquirió el Poder Judicial donde se instalará el Centro de Justicia de Familia Especializada en Violencia Doméstica y Género se solicitó para el año 2022 un presupuesto de $45.924.712 (US$ 1 millón), para 2023 se requerirían $ 100.602.674 (US$ 2,3 millones) y para el último año de gobierno $ 55.095.055 (US$ 1,3 millones).

El costo total de la ley de género que calculó el Poder Judicial fue de $ 557.893.753 (US$ 13 millones). 

Sin embargo, el proyecto de ley de Presupuesto que envió el gobierno este lunes al Parlamento no contempla los recursos para la ley. En el articulado no se hace mención a la ley de violencia, ni a la creación de juzgados especializados.

El presupuesto incluido para el Poder Judicial es el mismo para todo el quinquenio, $ 7.523 millones por año (US$ 176 millones) que son $ 12 millones menos que el actual presupuesto.

Ese monto asignado se divide en $ 637 millones para gastos de funcionamiento (US$ 15 millones), $ 6.736 millones (US$ 158 millones) para remuneraciones, y $ 149 millones (US$ 3,5 millones) para inversiones, que se mantienen sin incrementos durante todo el período.

Desde el Poder Judicial informaron a El Observador que, aunque resta la discusión del proyecto en el Parlamento, a priori el gobierno no tuvo en cuenta lo que se solicitó.

Promesa de campaña

Durante la campaña electoral, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al "flagelo que está de la puerta de las casas hacia adentro que es la violencia doméstica, la violencia de género", y apoyó la idea de declarar la emergencia por los femicidios que había impulsado el Frente Amplio.

“Obviamente que hay una emergencia, pero no hay una emergencia porque estemos en un proceso electoral, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hablan en las elecciones, porque no es de hoy -quizá como el gobierno está en campaña ahora declara una emergencia en este sentido- que está instalada en la sociedad”, dijo en setiembre del año pasado.

Recordó que cuando se votó la ley de violencia de género “no se suministraron los recursos suficientes para hacer efectiva esa ley y muchas veces pasa, el Parlamento vota letras negras sobre blanco pero en realidad no impacta positivamente, porque para que impacte en forma positiva hay que cambiar el ordenamiento jurídico, hay que modificar las leyes o crear nuevas leyes, pero al mismo tiempo hay que dar presupuesto, porque sin presupuesto terminan careciendo de aplicación efectiva”.

En diciembre el gobierno de Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por violencia de género y Lacalle Pou dijo que a esa declaración le faltaba "práctica", lo que se traduce en "presupuesto". "¿Cuál es la acción en concreto? Le falta, como le ha faltado estos años, práctica. Y práctica, como ha dicho (Beatriz) Argimón, es presupuesto", aseguró. 

"Esto hace a recursos y todo lo que lleva en base a las famosas tobilleras, la prevención, la acción y la Justicia. Son temas muy delicados, cuando desde el gobierno se toma una acción de este tipo lo que uno espera son hechos", dijo en conferencia de prensa el último día del año.

Días antes del comienzo de la pandemia que cambió los planes del gobierno, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunció en conferencia de prensa junto a Argimón la compra de más tobilleras electrónicas para agresores. Arbeleche dijo que era voluntad del gobierno priorizar recursos en las áreas como salud, educación, vivienda y seguridad, que tienen una participación fundamental en el combate a la violencia de género. "Hay una emergencia nacional que inquieta a autoridades, organizaciones sociales y a toda la sociedad", dijo la ministra.

Además, Arbeleche manifestó que la dotación de mayores recursos sería analizada en el marco de la ley de Presupuesto.

"La ley de violencia de género implica un presupuesto mayor y eso va a ser analizado cuando comencemos la discusión presupuestal. Nuestro pedido a las distintas unidades del presupuesto es estudiar la manera de reasignar recursos de partidas ya destinadas. Es muy importante que se pueda implementar esta ley y vamos a buscar todos los caminos para que los recursos necesarios estén al alcance", sostuvo la secretaria de Economía en marzo.

Menos en Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación también vio reducido su presupuesto para gastos en funcionamiento, algo que le preocupaba al fiscal de Corte, Jorge Díaz, antes de conocer el proyecto.

En cuanto al presupuesto total para el período, de los $ 1.470 millones (US$ 35 millones) actuales que tiene por año asignados se prevé una disminución a $ 1.457 millones (US$ 34,2 millones) para cada año entre 2021 y 2024. En el detalle se prevé una reducción de los gastos de funcionamiento de los $ 146 millones (US$ 3,4 millones) actuales a $ 80 millones (US$ 1,8 millones). En tanto se prevé un aumento en las remuneraciones de $ 1.321 millones (US$ 31 millones) a $ 1,370 (US$ 32 millones)

Durante una conferencia de prensa a mediados de agosto, Díaz dijo que a pesar de las dificultades por las que atraviesa el país, estaba "convencido de que la inversión de dinero en la Fiscalía es inversión en seguridad”.

Aunque optó por no dar un número exacto sobre las aspiraciones presupuestales, Díaz planteó su preocupación por varias áreas que requieren de mayores recursos: las fiscalías de Homicidios, de Delitos Económicos y las fiscalías de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, que cuenta con una séptima fiscalía, pero todavía sin local para funcionar.

Además, planteó su preocupación porque hay departamentos con una única fiscalía lo que obliga a los fiscales a estar a disposición permanentemente; especificó que hubo aumento de delitos en Rocha y Durazno, y la falta de recursos en Maldonado, donde se concentra la mayor cantidad de denuncias por fiscal.

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