Políticos brasileños promueven leyes de blindaje ante Lava Jato

La batalla hasta ahora silenciosa entre la Justicia y los principales partidos está saliendo a luz por medio de una multiplicación de iniciativas parlamentarias que podrían limitar la acción judicial. Es que el Congreso brasileño proyecta contraatacar con un arsenal de proyectos de leyes para proteger a sus miembros del avance de las investigaciones contra la corrupción.

"Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscarán crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación", dijo recientemente a la AFP el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Roberto Veloso.

Por estos días la Cámara de Diputados de Brasil discute una serie de medidas contra la corrupción impulsadas por fiscales de la Operación Lava Jato, como se conoce al caso Petrobras, que fueron respaldadas por dos millones de firmas.

Pero, paradójicamente, la iniciativa podría abrir la puerta a una autoamnistía de la "Caja 2", las donaciones de campaña no declaradas que suelen encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.

En caso de convertirse en ley, la nueva tipificación de la "Caja 2" en un "crimen más robusto" eximiría de culpa y cargo a quienes están ahora en la mira de la justicia, porque ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva, al menos según una lectura doctrinal que gana fuerza en el Congreso.

"Si criminalizan a todos los que usaron la 'Caja 2', van a acabar con esta generación política", aseguró a la AFP un asesor de uno de los principales partidos de Brasil, que pidió no ser identificado.

Fiscales alerta

El jefe de los fiscales de la República de Brasil, Rodrigo Janot, advirtió sobre ese riesgo la semana pasada y pidió no olvidar las enseñanzas de una megainvestigación de corrupción en Italia en 1992, citando las 13 medidas que aprobó el Parlamento de ese país para erosionar la operación denominada Manos limpias.

Ese caso también desentramó corrupción y complicidad entre todo el sistema político y los empresarios del país europeo.

El diputado Onyx Lorenzoni, a cargo del informe que debe ser sometido a voto en el Congreso brasileño, reconoció el nerviosismo ante la proximidad de la delación de Odebrecht.

Según los medios locales, el exjefe de la constructora, Marcelo Odebrecht, condenado en 2015 a casi 20 años de cárcel, y decenas de ejecutivos de la firma, están a punto de cerrar un acuerdo a cambio de una reducción de esa pena.

"Sin duda alguna eso preocupa y tal vez explique las tentativas para limitar las investigaciones. Hay muchas personas que tienen problemas con la Lava Jato", señaló a la AFP el legislador Lorenzoni, del partido liberal DEM.

En los corrillos del parlamento brasileño los diputados dicen que las tensiones son mayores en el Senado.

El presidente de la cámara alta, Renan Calheiros, una de las espadas del centroderechista PMDB del presidente conservador Michel Temer, explotó el mes pasado cuando la policía detuvo a cuatro integrantes del cuerpo de seguridad del Senado por sospechas de que ayudaron a "limpiar" micrófonos instalados por la Justicia.

Calheiros enfrenta ocho causas en la corte suprema, la mayoría por Petrobras. Tras el incidente, sacó un proyecto de su autoría para castigar "abusos de autoridad" de agentes públicos y pidió cortar el pago de la jubilación a miembros del poder judicial que hayan cometido faltas contra la administración pública.

Según Janot, la propuesta abre la posibilidad de criminalizar a jueces por hacer su trabajo.

Guerra de poderes

En el Senado brasileño también se instaló una comisión para detectar "supersalarios" en el sector público. La iniciativa es vista como otro mensaje para el poder judicial, donde se sospecha se concentran las violaciones más flagrantes al techo de ingresos permitido por categoría.

La senadora Katia Abreu, responsable de documentar el trabajo de ese cuerpo, se vio obligada a asegurar que no habrá "una caza de brujas". Pero el juez Veloso no tiene dudas: ese dispositivo "se montó contra Lava Jato".

En sintonía con la última avanzada legislativa, la Cámara de Diputados intentó votar la semana pasada un amplio perdón para delitos cometidos por ejecutivos si las empresas para las que trabajaban reconocían sus infracciones, aportaban información para dilucidar los hechos y resarcían económicamente al Estado.

"Si ese proyecto es aprobado en el silencio de la noche (...) permitirá amnistiar crímenes investigados por la Operación Lava Jato", advirtieron los fiscales en un comunicado.

Aunque la medida fue retirada de la agenda hasta nuevo aviso, la guerra de poderes en Brasil está abierta y la investigación por el fraude en Petrobras parece tener todavía varios capítulos.