El bloque, que agrupa a los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), es la manzana de la discordia desde que en mayo pasado la Corte Constitucional (CC) dio paso a un pedido de la agrupación Yasunidos planteado hace diez años para decidir, en consulta popular, si se deja allí el crudo bajo tierra de forma indefinida, consulta que fue resistida por el gobierno.
Según los analistas políticos, la decisión de abrir el tema a una consulta popular revela el fracaso del intento del presidente Rafael Correa (2007-2017), similar a lo que plantea el actual mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de conseguir dinero de los países desarrollados a cambio de la preservación de las reservas naturales.
Escoltadas por un guerrero con lanza en mano, las mujeres tomadas de las manos también danzan semidesnudas y con coronas de plumas en la puerta hacia la plataforma Ishpingo A. Hacen un "llamado a autoridades a que se haga la consulta, pero a los dueños" de la tierra, como los waorani, y no a los que "ni siquiera son del territorio", enfatiza Ima.
En ese sitio, rodeado de un verde tupido, se levanta una de las doce plataformas del ITT, que actualmente aporta 57.000 barriles por día, volumen que representa el 10% de la producción total del país. Un recurso sobre el que, según la Constitución, tiene potestad el Estado nacional, aunque al mismo tiempo reconoce a los pueblos originarios "la propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial".
El acoso del extractivismo
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El ITT está dentro del protegido Parque Nacional Yasuní, parte de una gran reserva de la biósfera de las más diversas del mundo con 2.000 especies de árboles, 610 de aves, 204 de mamíferos, 150 de anfibios, 121 de reptiles y 100.000 de artrópodos, según la Universidad San Francisco de Quito.
La comunidad de Kawymeno, de unos 400 habitantes, a unas cuatro horas a pie y en canoa de Ishpingo, es la única waorani que está en el área del bloque, localizado en el extremo oriental de la provincia de Orellana, fronteriza con Perú. Al igual que algunas otras comunidades, como la kichwa, también ubicadas en la zona de influencia del ITT, se declaró defensora de la actividad petrolera. La razón es sencilla: suple la ausencia del Estado.
"Sin la industria petrolera, nosotros no hubiéramos tenido educación, salud y bienestar familiar", manifiesta Panenky Huabe, presidente de la aldea, algunos de cuyos pobladores trabajan para el sector desde que comenzó la explotación, en 2016. De allí que la comunidad impulse el NO en la consulta, surgida al fracasar el plan del expresidente Correa de evitar la extracción a cambio de una compensación internacional de US$ 3.600 millones.
¿Oro negro para todos?
En el Yasuní, de un millón de hectáreas y que además alberga dos tribus en aislamiento voluntario, hay otros campos petroleros que están en operación desde antes del ITT.
El referendo ha generado una amarga división en la nacionalidad guerrera waorani, con unos 4.800 miembros en todo el país y dueños de unas 800.000 hectáreas selváticas en las provincias de Orellana, Pastaza y Napo. En 2019, los waorani de Pastaza lograron un histórico fallo judicial que impide el ingreso de petroleras en 180.000 hectáreas que se conservan prístinas.
En el acceso a Ishpingo A, la wao Akao Yetebe, una obrera petrolera que luce uniforme y una franja roja pintada sobre sus ojos, afirma que su comunidad "seguirá trabajando" para el ITT porque el "oro negro beneficia a las grandes ciudades, profesores, educación, salud, todo".
Para explotar el bloque, la estatal Petroecuador está autorizada a intervenir en unas 300 hectáreas del millón asignadas en el Yasuní. La firma, hasta el momento, apenas ha utilizado 80 hectáreas. Una pequeña fracción que ha generado ingresos para el Estado por unos US$ 4.200 millones.
Según los expertos, de ganar el SÍ en la consulta sobre mantener el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo, las pérdidas serían cuantiosas: unos US$ 16.470 millones en 20 años por ingresos proyectados, según Petroecuador. El campo es el cuarto más importante del país y el más joven.
“La selva es mi casa”
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"El extractivismo está asediando en general al Yasuní desde hace muchos años, desde los años setenta, cuando comenzó la explotación. Básicamente, el bloque 43 es el único con una parte de selva que queda por salvarse con la consulta", expresa Pedro Bermeo, abogado y vocero de Yasunidos.
Armado con una larga cerbatana y dardos con curare, un veneno extraído de plantas, Kominta Yate afirma estar dispuesto a luchar contra la actividad petrolera. "La selva es para mí un hogar libre, es mi casa, y no quiero que personas extrañas lleguen a mi territorio", dice el anciano cazador waorani en la aldea de Bameno, en Pastaza.
Ese pequeño poblado, a orillas del río Cononaco y en el que habitan unas 200 personas, se opone a las actividades extractivistas. "No quiero empresa petrolera que llegue a mi territorio. Así quiero vivir yo, libremente, en un lugar sano", reitera en su lengua rodeado de la espesura del bosque de sus antepasados.
“La industria petrolera destruye el ambiente en donde vivo", enfatiza el anciano cazador a través Elisa Enqueri, una joven wao que hace de traductora. Con el fin de visitar a familiares, Enqueri llegó a Bameno luego de navegar 12 horas por varios ríos de Pastaza, como el Shiripuno.
"Mi abuelita dice que ella se enfrentaría con la lanza. Tiene la energía y se siente joven todavía para no permitir que venga gente extraña", indica la activista que defiende el Yasuní, donde los taromenane y tagaeri, que evitan el contacto con extraños, son rivales y han protagonizado matanzas entre sí. Incluso han atacado con lanzas a trabajadores petroleros y madereros.
Moi Guiquita, otro joven wao, sostiene que "cada vez ha sido más abrupto" el ingreso de las petroleras al Yasuní. "Hace unos 60 años estaban mucho más lejos, pero cada vez se van acercando más y más" añade, al tiempo que explica que ya no pueden escapar de las secuelas de la actividad porque ya prácticamente no quedan áreas libres del extractivismo en su región.
Por lo pronto, de ganar el SÍ, Petroecuador deberá en un año desmantelar sus instalaciones, plazo que la empresa considera insuficiente.
“Abandonar un campo no es simplemente apagar los pozos, hacer maletas y salir del área. Las tareas incluyen poner tapones de cemento a los pozos, para cumplir con las regulaciones ambientales. Luego habrá que desmantelar la infraestructura, volverla chatarra, y dejar la selva como la encontramos“, explicó en su momento el gerente de Petroecuador, Ramón Correa.
Un operativo que la compañía estimó que tendrá un costo de US$ 470 millones.
(Con información de la agencia de noticias AFP)
