Opinión > OPINIÓN/ EDUARDO BLASINA

Por un pacto fiscal de largo plazo

¿No sería conveniente establecer reglas que determinen topes de aumento del gasto?
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12 de febrero de 2017 a las 05:00
No es buena cosa opinar con propiedad sobre todos los temas. ¿Cuál es el nivel de déficit fiscal tolerable? ¿Cuánto debe ser el gasto del Estado en cada etapa del ciclo económico? ¿Cómo encauzar el déficit de 4% que es una alerta naranja?

Pero al mismo tiempo, todos los ciudadanos tenemos una cierta obligación de reflexionar sobre los problemas de nuestra sociedad. Porque además del bien general, el gasto del Estado es el gasto que hacemos todos nosotros, es lo que se gasta a través de los impuestos tangibles y del impuesto inflacionario.

Estamos como sociedad, a través de nuestros representantes parlamentarios todos discutiendo sobre cuánto vamos a gastar y lo hacemos desde una situación de un déficit fiscal de 4% que todos sabemos es excesivo en cualquier referencia.
La discusión de la rendición de cuentas es fundamental y tiene en este momento además aderezos políticos.

El disidente de la coalición de izquierdas Gonzalo Mujica capta la atención del espectro político proponiendo no más gasto y no más impuestos. Cosecha aplausos de una tribuna y deja sin mayorías al gobierno.

El disidente, la voz distinta de los partidos tradicionales Fernando Amado adopta una estrategia espejo y capta la atención abriendo la puerta a votar el proyecto del gobierno y apuntando a la posibilidad de poner más impuestos "al capital pero no al trabajo". Capta la atención de otra tribuna. Votos individuales que pueden torcer balanzas colectivas.

Más allá de la coyuntura. ¿No sería conveniente establecer reglas que determinen topes de aumento en el gasto? ¿Es lógico que la ciudadanía de carta blanca a los políticos para que gasten cuánto se les ocurra de sus dineros?

Estamos en un continente y tenemos una historia en la que la tentación de gastar más de lo que se recauda ha traído problemas en forma persistente. Uruguay ha sido vanguardia en tantas legislaciones, ¿no debería sacudir su status quo y aprovechar el alto déficit actual y la necesidad de reactivar la economía para proponer un cambio de reglas que garantice la responsabilidad de los gobernantes en el futuro?

Regular el gasto del Estado puede tener una ventaja de contralor evitando las tentaciones populistas. Porque la democracia tiene varios problemas. Uno es que el aumentar el gasto suele tener un rédito electoral. Quien hace " más obra" o es "más generoso con los salarios" cosecha más votos.

Quien genera una sensación de bienestar de corto plazo previo a las elecciones optimiza su votación sacrificando estabilidad y crecimiento futuros. Deben establecerse reglas para que eso no siga sucediendo.

Brasil lo ha hecho drásticamente a partir de una crisis fenomenal. El gasto público no puede aumentar por 20 años. Uruguay no precisa ser tan radical. Pero puede establecer mecanismos que preservando flexibilidad pongan topes. Podría ser que el gasto aumente solamente en función de lo que crezca la economía.

La Unión Europea también pone topes de déficits a los países que son miembros. Y por más que el bloque europeo atraviese dificultades, no debe desconocerse que en términos de estabilidad y bienestar social son una referencia. Han sorteado un momento muy difícil para su economía y buena parte de sus problemas actuales derivan de la cantidad inmensa de inmigrantes que quieren entrar, algo que también habla de sus virtudes.

¿Porqué no aprovechar este momento lejano a las elecciones para buscar acuerdos interpartidarios que obliguen a los futuros presidentes de todos los partidos a entregar cuentas saneadas a sus sucesores? Es lógica la tentación de gastar dinero público para ganar elecciones. Y aunque actualmente hay limitaciones al gasto en años pre electorales, no parecen suficientes.

Proponer cuentas equilibradas no hace ganar las elecciones. Las elecciones se ganan prometiendo abundancia y generosidad. Por eso es necesario poner límites. Porque además expandir el gasto libremente no estimula a ninguna mejora en la calidad de ese gasto.

Porque no acordar mecanismos que permitan una expansión moderada en tiempos de bonanza que permita un ahorro público para luego tener herramientas contracíclicas en tiempos adversos? Si no se discute eso ahora ¿cuándo se hará?

Seguramente economistas de todos los partidos podrían consensuar a partir de algunas referencias. El crecimiento de largo plazo de Uruguay es del orden de 1,5% a 2%. En años en que se crece más que el crecimiento tendencial el gasto debería crecer una proporción menor al total de crecimiento.

Son los años de construir políticas que sostengan al conjunto en los períodos difíciles. En años de crecimiento más bajo se debería apelar a los ahorros generados para obras de infraestructura que den empleo y mantengan un crecimiento básico. El propio Instituto Nacional de Economía podría propiciar el marco para generar acuerdos.

Creció la economía un modesto 1%? Pues el gasto puede crecer hasta 1%. Se logró crecer al 3%? Pues el gasto puede expandirse un 2%. Se alcanzó un crecimiento notable de 5%? Pues que el gasto suba 3% y se ahorre el otro 2%.

Cabría esperar que una normativa consensuada en ese sentido no solo contribuiría a la estabilidad del país, que no logra cumplir desde hace años las metas de inflación que propone el Banco Central. También permitiría elevar el crecimiento tendencial de Uruguay ya que generaría un mayor nivel de confianza y por lo tanto de inversión.

Mientras, volvamos a la realidad: la creatividad política está enfocada en ver qué nuevo impuesto inventar para solventar los nuevos gastos que se van a generar. Crecemos al 1%, con un déficit de 4%, recién salidos de una suba de tarifas, con fuertes subas en lo que las intendencias cobran por contribuciones y pensando en más impuestos. No solo es peligroso económicamente, genera un descrédito en la política cuyos efectos se ven en todo el mundo.

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