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29 de abril 2022 - 21:29hs

Una serie de hechos aislados de seguridad pública, ocurridos en este mes de abril, sumado un estudio oficial sobre el maltrato infantil, adquieren una magnitud más preocupante cuando se los relaciona con el problema de fondo que los une: la creciente violencia en la sociedad.

Una fiscal pretendió imputar cargos a dos policías del departamento de Durazno que cumplían con su deber en una persecución a un joven motociclista -que desgraciadamente perdió la vida- que había infligido claras normas de tránsito, como se comprobó en una ilustrativa sentencia de la jueza interviniente que denegó con fundamentos el pedido de prisión a los uniformados.

Ocurrió en un contexto de denuncias, en el ámbito político o judicial, que, sin bases probatorias, agravian a la policía, afectando la labor de los agentes sujeta al estado de derecho.

Policías, por otra parte, que enfrentan enormes desafíos, como revela el caso de un grupo de vecinos de Villa Colón, en Montevideo, que hizo justicia por mano propia, persiguiendo y asesinando a un hombre de 25 años que, supuestamente, había robado en el barrio. Un acto violento extremo que refleja una desconfianza en el papel insustituible de las instituciones, tal como ocurre en otros países de América Latina. 

Otro hecho abominable reciente fue el de un padre que mató a sus dos hijos, de 8 y 9 años, en una vivienda del Centro de Montevideo, encarcelado por homicidio agravado y muy especialmente agravado.

Un episodio muy triste que ocurrió en el contexto de la difusión de un estudio del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia que mostró un aumento del 43% en 2021 de los casos registrados de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El 91% de los agresores fueron familiares directos o integrantes del “núcleo de convivencia", según el texto oficial.

Todos estos hechos abordados aisladamente como sucesos de la crónica roja, tienen en realidad el denominador común de una creciente violencia en espacios públicos y privados, fenómenos nocivos multifactoriales que potencian la inseguridad.

Los hechos mencionados, y otros muchos más si ampliáramos la línea temporal, son diferentes manifestaciones de una sociedad cada vez más violenta. 

Se expresa en infracciones a las normas que regulan el funcionamiento armonioso de una sociedad, una nimiedad ante un acto de filicidio, por supuesto, pero terminan inflamando un caldo de cultivo venenoso. 

Reconociendo que es una problemática internacional, el país en su conjunto debería intentar en crear las condiciones para un ambiente más favorable a las virtudes cívicas que garantizan el buen desenvolvimiento de la sociedad. 

Aunque el Poder Ejecutivo juegue un papel central en las políticas públicas de desarrollo humano que atacan los problemas de fondo que amparan la violencia, no es un actor suficiente. 

Encarar esta problemática con realismo, exige el involucramiento de gobiernos departamentales, partidos políticos, la sociedad civil, las familias…

La violencia es un monstruo de mil cabezas que se alimenta de múltiples deficiencias macro como de fallas a nivel micro. 

Es un hándicap tan pernicioso que no tenemos derecho a bajar los brazos, a desfallecer en la ilusión de poder mejorar en los aspectos medulares que hacen a la convivencia digna entre todos. 

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Member Opinión El Observador Uruguay Violencia

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