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Presentan denuncia ante la Corte por "errores" en el trámite judicial del homicidio de San Luis
El abogado de la familia de Gustavo Barón, el hombre asesinado el pasado 3 de noviembre en San Luis cuando se resistió a una rapiña, presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia para que se investiguen los "errores" de tramitación cometidos por funcionarios del juzgado de Atlántida que llevaron a que se demore el tratamiento del expediente del caso en el Tribunal de Apelaciones, según dijo a El Observador el abogado de las víctimas, Óscar López Goldaracena.
En mayo, el caso generó roces entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, luego de que el juez de la causa, Marcos Seijas, resolviera absolver a las tres personas detenidas por su presunta participación en el crimen por falta de pruebas. En su sentencia, el magistrado señaló que la fiscal Darviña Viera había cometido una serie de errores que impidieron condenar a los acusados.
Entre los puntos señalados por Seijas en su resolución, se destaca que no fue solicitada la exhumación del cuerpo de Barón con el fin de extraer la bala y corroborar que la pistola incautada había sido la empleada para matar al hombre. Asimismo, tampoco se recogieron testimonios que indicaran a los acusados como autores del crimen.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuestionó que Seijas no haya solicitado la prueba que le faltaba para condenar, en lugar de solo señalar los fallos de la fiscal. Sin embargo, el nuevo Código del Proceso Penal impedía en aquel momento a los jueces solicitar ampliación de prueba. Esto fue modificado en agosto por el Parlamento y actualmente los magistrados sí pueden hacerlo.
En junio, la fiscal apeló la decisión de Seijas con el objetivo de que los tres señalados sean finalmente condenados por el crimen de Barón. Sin embargo, debido a errores formales el tribunal de apelaciones de 4° turno devolvió al juzgado de Atlántida en tres oportunidades el expediente, lo que impidió que el caso fuera estudiado.
Primero, el error estuvo en que el juzgado solicitó que se le asigne un Tribunal de Apelaciones a través de la Oficina reguladora de asuntos (ORDA), pero esta unidad había sido sustituida en noviembre de 2017 por la Oficina Penal Centralizada (OPEC), por lo que el trámite nunca se llevó a cabo. El segundo error fue no incluir en el expediente el domicilio de los tres imputados, y el tercero fue que no se fijó la “caución juratoria”, otro punto del expediente donde se obliga a que los imputados fijen un domicilio y se comprometan a no mudarse.
Aunque en las dos últimas oportunidades lo que faltaba era la fijación de un domicilio, desde el punto de vista formal se trata de elementos diferentes y observables por el tribunal.
Según supo El Observador, el expediente todavía permanece en el juzgado de Atlántida, y se solicitó que fuera derivado una vez más al tribunal de apelaciones para que pueda finalmente iniciar el estudio del caso.
Goldaracena dijo que las víctimas tienen previsto presentar una nueva prueba que señala a los imputados. Se trata de la declaración del testigo presencial del hecho que en su momento alertó al 911 sobre el robo y el homicidio de Barón, y que hasta el momento no había declarado debido a que temía sufrir represalias.
Mientras se estudia el expediente, dos de los tres imputados permanecen en libertad. El tercero se encuentra preso por su participación en otro homicidio ocurrido en junio.
